Los 100 años del petróleo venezolano atrapados entre urgencias electorales, impunidad y el rechazo de nuestra gente
El destino energético de la nación atraviesa un trance amargo, marcado por la opacidad, la entrega de lo nuestro y una maniobra política que indigna a cualquiera. La concesión otorgada por un periodo de 100 años sobre 17 yacimientos estratégicos —que albergan más de 65.000 millones de barriles, equivalentes al 21,5% de las reservas probadas del país— a favor del consorcio North America Blue Energy Partners (NABEP) constituye una capitulación sin precedentes. En la cima de esta operación reaparece Leopoldo Alejandro Betancourt López, figura de «cuello blanco» que transitó de los juzgados internacionales a convertirse en el operador indiscutible entre las cúpulas de Caracas y la administración de Donald Trump.
Toda esta trama parece extraída directamente del guion de una superproducción de Hollywood: una mezcla sombría entre el cinismo geopolítico de Syriana (2005), las maniobras de pasillo de House of Cards y el desenfreno financiero de The Wolf of Wall Street (2013). Más allá de la retórica económica, la premura por estampar la firma en un documento cuya «letra pequeña» se mantiene bajo estricto secreto confiesa la verdadera naturaleza del pacto: no se trata de un plan de desarrollo energético, sino de una componenda de supervivencia política. Un rescate mutuo donde las urgencias de coyuntura terminaron rematando el patrimonio de las futuras generaciones.
1. Dos ahogados agarrados del mismo flotador
Para comprender el apuro en cerrar esta negociación hace falta mirar el tablero electoral estadounidense y la fragilidad institucional en Caracas, en un juego de pragmatismo frío digno de los episodios más oscuros de House of Cards.
Por un lado, Donald Trump encara un escenario altamente adverso cara a las elecciones de medio término. Con encuestas que proyectan severos reveses legislativos debido a la presión inflacionaria y al descontento social por los altos precios de la gasolina, la Casa Blanca necesitaba asestar un golpe mediático efectista. Exhibir el «control mayoritario» sobre la mayor reserva petrolera del planeta y prometer petróleo a precio de costo para la reserva estratégica estadounidense se convirtió en la baza populista para oxigenar su campaña electoral y buscar el favor de los votantes en los estados clave.
Por otro lado, la cúpula gobernante en Caracas —con el grupo de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez a la cabeza— opera con la urgencia de ganar tiempo, postergar compromisos electorales y esquivar la asfixia financiera. Para la dictadura, otorgar concesiones leónicas representa la única vía para capturar liquidez inmediata y comprar oxígeno político. El apresuramiento no responde a un estudio técnico de inversión a largo plazo; es un apretón de manos desesperado entre un presidente acorralado por los sondeos en Washington y un régimen ilegítimo que necesita mantener a flote su aparato de dominación.
2. Alejandro Betancourt: El prontuario del «bolichico» en la cúspide del negocio
En el centro de esta maniobra reaparece Alejandro Betancourt López, personificación del enriquecimiento ilícito surgido a la sombra del sufrimiento nacional, encarnando un perfil que recuerda al desenfreno y la evasión legal vistos en The Wolf of Wall Street. Su ascenso meteórico se consolidó a partir de 2009 durante la emergencia eléctrica nacional. Mediante Derwick Associates, obtuvo 12 contratos a dedo para la adquisición e instalación de plantas termoeléctricas. Las auditorías e investigaciones independientes sacaron a la luz sobreprecios que superaron los 2.900 millones de dólares, facturando turbinas usadas y chatarra industrial a precios de tecnología de punta.
Aquel fraude colosal no solo despojó al erario público, sino que dejó a oscuras al país y castigó de forma implacable a la tierra zuliana, donde la crisis eléctrica ha azotado con ensañamiento a la gente entre apagones interminables y un calor sofocante. Mientras el pueblo padecía, Betancourt diversificó el capital malhabido hacia el exterior:
Estados Unidos: Su nombre fue salpicado en la «Operación Money Flight» en el Distrito Sur de Florida, que rastreó el blanqueo de más de 1.200 millones de dólares desviados de PDVSA mediante esquemas cambiarios fraudulentos. Para frenar una acusación penal directa, desembolsó millones contratando a despachos de alto nivel en Washington —entre ellos a Rudy Giuliani, abogado personal de Trump—, logrando reposicionarse como un intermediario «pragmático».
Suiza: La Fiscalía del Cantón de Zúrich le congeló cuentas millonarias en la banca privada y confiscó documentación tras abrirle expedientes por presunto lavado de dinero de la corrupción estatal.
España: La Audiencia Nacional mantiene expedientes para rastrear los fondos con los que adquirió propiedades de lujo en Madrid y participaciones en empresas como Hawkers y Playtomic.
Aun con ese prontuario a cuestas, hoy preside NABEP, demostrando que en el tablero de las conveniencias políticas los antecedentes penales se archivan cuando hay barriles de crudo de por medio.
3. Una estocada directa a la Constitución de la República
El acuerdo celebrado bajo las sombras vulnera abiertamente el marco jurídico de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos:
Dominio público inalienable (Artículos 12 y 302 CRBV): La Carta Magna establece de forma tajante que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles, reservando su explotación al Estado por razones de conveniencia nacional. Ceder la gestión operativa y comercialización a un consorcio privado extranjero por un siglo despoja a la nación de su soberanía sobre el recurso estratégico.
Nulidad por falta de aprobación parlamentaria (Artículos 150 y 187, numeral 9 CRBV): Ningún contrato de interés público nacional con entidades extranjeras puede formalizarse sin el debate transparente y la aprobación de la Asamblea Nacional. La firma suscrita en cuartos traseros por la representación de Delcy Rodríguez omitió todo control republicano, viciando el pacto de una nulidad absoluta.
Entrega de la Jurisdicción Nacional (Artículo 151 CRBV): La Constitución exige que las controversias en contratos de interés público sean resueltas por tribunales venezolanos. Someter la explotación energéticas a arbitrajes y leyes foráneas constituye un atropello a la dignidad del país.
4. El cinismo del doble discurso oficial
Lo más vergonzoso de esta transacción radica en la amnesia selectiva y el descaro de la cúpula gobernante, protagonizando un guion melodramático del «doble discurso» digno de una entrega de El Señor de los Cielos:
Delcy y Jorge Rodríguez: En transmisiones por televisión pública, los hermanos Rodríguez calificaron repetidamente a Alejandro Betancourt como un «delincuente de cuello blanco», un «ladrón del sistema eléctrico» y un financista de tramas de conspiración junto a Leopoldo López. Sin embargo, Delcy Rodríguez se presentó públicamente para sellar la firma con los apoderados de Betancourt, calificando el trato como un «acuerdo histórico de inversión».
Diosdado Cabello: Quien solía vilipendiar semana a semana a los «bolichicos» de Derwick, acusándolos de saquear la patria, guardó un disciplinado silencio o buscó justificaciones ambiguas sobre la necesidad de captar divisas. El discurso ético y la retórica antiimperialista se evaporaron frente al apremio de caja.
5. Rechazo transversal: Una voz unánime contra el remate
La gravedad de este convenio leónico provocó el rechazo rotundo de diversos actores de la vida pública nacional, demostrando que la condena a la cesión petrolera trasciende barreras ideológicas:
La disidencia del chavismo y la izquierda histórica
Francisco Arias Cárdenas: El exgobernador del Estado Zulia y figura histórica del 4F fustigó que el destino del país se decida mediante componendas opacas, advirtiendo que la soberanía de la patria no se entrega a cambio de una capitulación disfrazada de pragmatismo.
Elías Jaua: El exvicepresidente declaró que el tratado es jurídicamente «NULO de toda nulidad», denunciando que al pueblo venezolano le están arrebatando su principal riqueza bajo coacción e ilegalidad para montar un enclave colonialista.
Iris Varela: Advirtió formalmente a las corporaciones inversionistas que el pacto adolece de vicios de consentimiento y que será anulado judicialmente en cuanto se restablezca el orden constitucional en el país.
La posición de la oposición y especialistas
María Corina Machado: La líder democrática señaló que no existe desarrollo económico duradero sin instituciones legítimas y Estado de derecho, alertando a los mercados mundiales que ningún contrato firmado en la penumbra por un régimen ilegítimo gozará de estabilidad jurídica.
Claudio Fermín: Calificó el acuerdo como un retroceso a las concesiones gomezcistas del siglo pasado, donde se entregaban recursos por cien años sin dejar beneficios a los servicios públicos ni a los salarios golpeados del trabajador.
Humberto Calderón Berti y Miguel Rodríguez: El exministro Calderón Berti tildó la negociación de «monstruosidad jurídica» que liquida a PDVSA, mientras el economista Miguel Rodríguez remarcó que esto no es una apertura económica real, sino un reparto de renta entre cúpulas.
6. La negativa de las verdaderas petroleras y la anomalía del Pentágono
Las grandes corporaciones petroleras multinacionales de primer orden mundial han rehusado participar en este esquema. Ninguna firma seria cotizada en bolsa arriesgaría miles de millones de dólares en contratos que carecen de aval parlamentario y que violan la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por la presencia de figuras investigadas por blanqueo de capitales.
Por si fuera poco, el contrato incorpora un ingrediente insólito que parece calcado de la trama de Syriana: la inclusión de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EE. UU. (el Pentágono) con una participación accionaria del 35% en la estructura de NABEP y derecho al 20% de la producción a precio de costo. En la historia moderna, las Fuerzas Armadas estadounidenses jamás han administrado pozos comerciales. Convertir al estamento militar en socio de un operador cuestionado es un disparate institucional que ha generado alarmas en el propio Congreso estadounidense.
7. La triste realidad: Ni un centavo para el pueblo venezolano
Mientras los firmantes celebran el reparto de acciones en salones privados, la realidad cotidiana en la calle marabina y en cada rincón de Venezuela sigue siendo desoladora. Al zuliano de a pie no le vienen con cuentos ni con espejismos: sabe de sobra que la liquidez negociada a espaldas de la nación jamás se traducirá en la recuperación del país.
»¡Qué molleja!», exclamaría cualquier maracucho al constatar cómo se liquida el patrimonio nacional por un siglo sin que entre un solo dólar a los hospitales desmantelados, sin que se estabilice el sistema eléctrico que tiene a las comunidades pasando trabajo o sin que se dignifique el ingreso de los profesores y trabajadores. «Verga», da rabia y dolor ver que mientras la gente hace milagros para sobrevivir a la crisis, los de arriba firman contratos oscuros para garantizarse su propia supervivencia política. El petróleo entregado bajo la sombra de la inconstitucionalidad no es progreso; es la consolidación de la impunidad para una élite de «cuello blanco» a costa del sacrificio de todo un pueblo. Por: Lcdo. Dave Roberth Cepeda Lozano
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