España se encuentra en un punto de inflexión tan discreto como determinante. A primera vista, la superficie macroeconómica ofrece un diagnóstico de aparente tranquilidad, dentro de una pasividad muy peligrosa: las estimaciones oficiales y de los organismos europeos proyectan para 2026 un crecimiento del PIB cercano al 2,4%, una tasa de desempleo contenida en torno al 9,9% y un déficit público encauzado al 2,4%. No es una economía en ruinas ni un país en parálisis. Sin embargo, confundir el estimado crecimiento macro económico coyuntural con la resolución de los problemas estructurales sería el mayor error de nuestra historia reciente.La cuestión de fondo es qué calidad tiene ese crecimiento, de lograrlo , cuánto mejora la renta disponible de las familias y si genera empleos productivos, salarios suficientes y oportunidades duraderas.
Por debajo de los titulares económicos de cada trimestre, corre el tictac implacable de cinco grandes placas tectónicas que condicionarán la prosperidad de España en los próximos quince años: un envejecimiento demográfico acelerado, una crisis de accesibilidad a la vivienda sin precedentes, un estancamiento crónico de la productividad por hora trabajada, una curva de gastos en pensiones e intereses que amenaza la sostenibilidad fiscal a largo plazo y una polarización institucional que dinamita cualquier consenso antes de que dé frutos.
Frente a este escenario, la política española ha caído en un bucle previsible: cada cuatro años —o a veces menos— un nuevo Ejecutivo llega a La Moncloa dispuesto a refundarlo todo. Se modifican las leyes educativas, se reestructuran los incentivos fiscales, se rehacen los marcos de vivienda y se cambia el rumbo migratorio o energético. El resultado no es la ausencia de buenas ideas, sino su incapacidad para madurar. Ningún gran proyecto de país, ninguna infraestructura humana o tecnológica, se consolida en cuatro años. Una pensión se cobra durante décadas; un niño escolarizado hoy entrará al mercado laboral en 2040; una vivienda rehabilitada dura un siglo.
Es momento de dar un salto cualitativo. Madurar Políticamente. Pensar como ciudadanos, no como pobladores, y los políticos como estadistas. España no necesita otro programa electoral ni otra trinchera partidista. España necesita una Estrategia Nacional para una Generación: el Proyecto España 2030–2040 (Pacto España 2040).
Confluir sin exigencias: Una arquitectura pragmática.
El valor diferencial de esta propuesta radica en que no ha sido concebida contra nadie —ni contra el Gobierno, ni contra la oposición, ni contra nuevos actores políticos—, sino desde la evidencia empírica, la madurez política, el cálculo de coste-beneficio y el cumplimiento del marco constitucional.
Si despojamos las políticas públicas del ruido ideológico, como se hizo, por ejemplo, en el Foro La Toja, encontramos elementos profundamente útiles en todo el arco parlamentario que pueden sintetizarse en un gran acuerdo nacional:
La protección social, el parque público de alquiler y la conciliación familiar —banderas de la izquierda— son imprescindibles para evitar desigualdades lacerantes y garantizar la cohesión social.
La certidumbre fiscal, el estímulo al crecimiento empresarial, la seguridad jurídica y la atracción de inversión —reivindicaciones del centro-derecha— son las únicas vías reales para financiar ese bienestar sin ahogar la economía.
El rigor en el control de fronteras, la simplificación burocrática y el ordenamiento de competencias —exigencias del conservadurismo— son requisitos de eficiencia administrativa y seguridad institucional.
El Pacto España 2040 no pretende desdibujar las identidades políticas, sino someterlas a un estándar común: diez objetivos estratégicos respaldados por leyes de Estado, financiación plurianual y evaluaciones independientes.
Los pilares de la transformación.
Esta estrategia sitúa en el centro prioridades que no admiten más aplazamientos:
Vivienda como infraestructura de Estado: Integrar un Plan Nacional que combine a la movilización del suelo público y privado, la agilización de licencias por silencio administrativo responsable y la creación de un parque público permanente de alquiler blindado contra la especulación o el uso electoralista.
Una revolución de productividad: Invertir de forma masiva en la digitalización real de pymes, la adopción transversal de inteligencia artificial, la dignificación de la Formación Profesional (FP) y el escalado de nuestras empresas (pasar de la microempresa a la mediana empresa competitiva).
Sostenibilidad intergeneracional: Blindar el sistema de pensiones y las cuentas públicas obligando a que toda mejora permanente incorpore una memoria financiera a 10, 20 y 30 años elaborada por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y el Banco de España, evitando trasvasar el coste de nuestro presente a las generaciones futuras.
Política demográfica integral: Vincular la inmigración legal, ordenada e integradora con una política valiente de apoyo a la familia (cuentas fiscales familiares, guarderías de 0 a 3 años y conciliación efectiva) para que tener hijos deje de ser un penalizador económico.
Un Estado 100% digital e interoperable: Eliminar la peregrinación burocrática del ciudadano mediante el principio de «dato único», garantizando que la Administración no exija dos veces la información que ya posee, por una ineficiente y obsoleta Ley de Protección de Datos.
Garantizar la supervivencia del acuerdo.
Un pacto de esta envergadura no puede sostenerse en la buena voluntad de los líderes del momento. Debe contar con mecanismos institucionales de blindaje: prespuestos plurianuales, un Consejo Nacional de Estrategia independiente, mayorías cualificadas para alterar sus leyes fundamentales y, sobre todo, un Sistema de Indicadores Públicos («Semáforo Nacional») accesible a cualquier ciudadano. Transparencia objetiva frente a la propaganda.
En las próximas semanas presentaremos formalmente el documento de trabajo del PROYECTO ESPAÑA 2030–2040. No pertenece a ninguna sigla; pertenece a la sociedad civil, a los trabajadores, a los creadores de empleo y a las instituciones que aspiran a legar un país más próspero, libre y cohesionado. Los ciudadanos y residentes merecemos una España de Primera.
Es hora de abandonar la política del cortoplacismo y la propaganda populista. Pasemos, por fin, de pensar en la próxima cita electoral a construir la próxima generación que vivirá en un Estado de bienestar continuado.
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