Hay revoluciones que llegan con fusiles. Otras llegan con libros. Algunas llegan con elecciones. Y en Venezuela ocurrió una combinación bastante más tropical: llegaron con elecciones, petróleo, televisión, discursos interminables, militares, misiones sociales, consignas, enemigos imaginarios y una Constitución que prometía refundar la República.
Antonio Gramsci probablemente habría reconocido parte del mecanismo.
No porque Hugo Chávez haya sido simplemente un discípulo venezolano de Gramsci esa sería una simplificación histórica, sino porque el chavismo comprendió algo fundamental de la política moderna: el poder no se conserva únicamente controlando el Estado; también se conserva controlando el relato mediante el cual una sociedad interpreta su propia realidad.
Y ahí comienza la verdadera historia.
Porque una revolución que solamente controla el Palacio de Miraflores puede perder el poder. Una revolución que consigue convencer a millones de que el Estado, el partido, el líder y la revolución representan la misma cosa puede aspirar a algo mucho más profundo: convertir una determinada concepción del poder en “sentido común”.
Eso es precisamente lo interesante de Gramsci.
Gramsci, escribiendo desde las cárceles fascistas italianas durante los años veinte y treinta, desarrolló una reflexión sobre la hegemonía. Para él, una clase dominante no se mantiene solamente mediante la coerción. También necesita conseguir cierto grado de consentimiento, construyendo una visión del mundo que parezca normal, natural e inevitable.
Su concepto de “guerra de posición” describía una lucha prolongada por conquistar posiciones dentro de la sociedad civil y disputar la dirección cultural e intelectual.
Aquí aparece Venezuela.
Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, no se limitó a ocupar la Presidencia. Comenzó una operación mucho más ambiciosa: refundar simbólicamente la nación.
La República dejó de ser presentada simplemente como Venezuela y empezó a ser narrada como una revolución. La historia fue reinterpretada. Bolívar fue convertido en protagonista permanente. El lenguaje político cambió.
La palabra “pueblo” adquirió una dimensión casi sagrada.
“Revolución”, “imperio”, “oligarquía”, “burguesía”, “escuálidos”, “patriotas”, “socialismo” y “comandante” dejaron de ser palabras aisladas para convertirse en piezas de una nueva gramática política.
El adversario dejó de ser simplemente un adversario electoral. Pasó a ser, muchas veces, un enemigo histórico. Y eso es hegemonía política en estado puro: no solamente decirle a la sociedad qué debe pensar, sino modificar las categorías con las cuales la sociedad piensa.
Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre Gramsci y Chávez.
Gramsci no tenía PDVSA.
Chávez sí.
Y esa pequeña diferencia terminó siendo gigantesca.
El chavismo tuvo a su disposición una fuente extraordinaria de renta petrolera. Durante los años de altos precios del petróleo, el Estado venezolano dispuso de recursos suficientes para financiar programas sociales, subsidios, expansión burocrática, empresas estatales, medios de comunicación públicos y una gigantesca maquinaria política.
El resultado fue una combinación particularmente venezolana: Gramsci + petróleo + televisión + populismo + Estado.
La hegemonía cultural dejó de ser solamente una batalla intelectual. También podía financiarse. Las misiones sociales, por ejemplo, fueron presentadas por el propio aparato oficial como mecanismos destinados a superar las estructuras históricas de exclusión y ampliar el acceso a educación, salud, vivienda y cultura.
Desde una perspectiva chavista, aquello significaba democratización. Desde una perspectiva crítica, podía verse también como la construcción de una relación política profundamente dependiente entre ciudadano y Estado.
Y aquí aparece una de las paradojas más interesantes del chavismo. La revolución prometía emancipar al ciudadano del poder de las élites. Pero, progresivamente, convirtió al Estado en el gran proveedor de casi todo: educación, salud, vivienda, empleo, alimentos, divisas, subsidios, contratos, pensiones y, finalmente, hasta una parte considerable del discurso público.
El ciudadano dejó de preguntarse únicamente:
“¿Qué derechos tengo?”
Y comenzó a preguntarse:
“¿Qué me dará el Estado?”
La revolución había conseguido algo extraordinario. Había convertido la dependencia en política social y la dependencia política en virtud revolucionaria.
Gramsci entendió la importancia de las palabras. El chavismo también. En Venezuela, cambiar el lenguaje significó cambiar la discusión. Si una empresa era privada, podía ser presentada como “burguesía”. Si el Estado intervenía, podía llamarse “soberanía”. Si se nacionalizaba una compañía, podía llamarse “recuperación para el pueblo”. Si aumentaba el control estatal, podía llamarse “participación popular”. Si un opositor criticaba al gobierno, podía convertirse discursivamente en “golpista”, “apátrida”, “imperialista” o “traidor”.
La política comenzó entonces a funcionar como una especie de diccionario revolucionario en el que el Gobierno tenía la ventaja de redactar las definiciones.
Y quien controla el diccionario tiene una ventaja considerable.
Porque una sociedad puede discutir durante horas sobre políticas públicas, pero si previamente se decide quién es “el pueblo”, quién es “el enemigo” y quién representa “la patria”, buena parte de la discusión ya está resuelta.
Chávez entendió además algo que cualquier político contemporáneo conoce: quien domina la conversación pública posee una herramienta extraordinaria de poder.
Su programa Aló presidente no fue simplemente un programa de televisión. Se convirtió en una institución política. El Presidente hablaba durante horas, anunciaba decisiones, reprendía funcionarios, comentaba acontecimientos nacionales e internacionales y convertía la televisión en una extensión del Palacio de Miraflores.
Mientras tanto, el Estado fue construyendo una infraestructura comunicacional propia. Freedom House documentó posteriormente la expansión de medios estatales como VTV, Vive TV, Ávila TV y Telesur, junto con medidas legales que ampliaron la capacidad gubernamental para regular los contenidos de radio y televisión.
El asunto dejó de ser simplemente “tener medios”. El asunto era tener capacidad para definir la agenda. La oposición podía hablar. Pero el Gobierno podía decidir de qué se hablaba. Y esa diferencia es enorme.
Entonces llegó Nicolás Maduro. Y aquí la experiencia chavista adquirió una dimensión casi tragicómica. Porque mantener una hegemonía resulta relativamente sencillo cuando hay dinero.
El verdadero examen comienza cuando desaparece el dinero.
Después de 2013, Venezuela sufrió una contracción económica extraordinaria. El Banco Mundial estima que el PIB se redujo más de 75 % entre 2013 y 2021, mientras que otros cálculos del organismo sitúan la contracción desde el máximo de 2013 hasta 2020 en torno al 86 %.
Entonces ocurrió algo interesante. El discurso revolucionario permaneció. Pero el supermercado comenzó a quedarse vacío. La consigna permaneció. Pero la moneda perdió valor. La revolución permaneció. Pero millones de venezolanos emigraron. Y aquí apareció el problema central de toda hegemonía ideológica: ¿qué ocurre cuando la realidad comienza a contradecir sistemáticamente al relato?
La respuesta del chavismo fue reforzar el relato. Si la economía fallaba, aparecía el bloqueo. Si faltaban productos, aparecía la guerra económica. Si la inflación destruía los salarios, aparecía el enemigo externo. Si emigraban millones, aparecía el discurso de que Venezuela era víctima del imperialismo.
El problema dejó de ser entonces explicar la realidad. El problema pasó a ser explicar por qué la realidad no coincidía con la revolución. Y para eso hacía falta más propaganda.
Aquí la teoría gramsciana encuentra una versión venezolana particularmente amarga. La hegemonía funciona mientras consigue presentar una determinada interpretación del mundo como razonable.
Pero cuando la distancia entre discurso y experiencia cotidiana se vuelve demasiado grande, el poder necesita incrementar la intensidad del relato.
Por eso la propaganda se vuelve fundamental. No basta decir que Venezuela funciona. Hay que explicar por qué el ciudadano que no tiene agua, electricidad, gasolina o salario suficiente debe creer que el país está avanzando. No basta hablar de prosperidad. Hay que explicar por qué la prosperidad revolucionaria no aparece en el bolsillo. Y cuando la propaganda no alcanza, aparece la coerción.
Es allí donde el chavismo de Maduro se distancia todavía más de la imagen romántica de una revolución cultural.
Freedom House señala que el entorno mediático venezolano se ha vuelto altamente restrictivo y que el aparato comunicacional estatal promueve el programa político e ideológico del régimen. Su informe de 2026 también registra cierres de medios, bloqueos digitales y presiones contra periodistas independientes.
La hegemonía cultural, en otras palabras, terminó conviviendo con algo mucho menos sofisticado: la censura.
Y cuando una revolución necesita cerrar emisoras para demostrar que tiene razón, quizá ya no está ganando la batalla de las ideas. Está administrando la derrota del argumento.
Aquí es donde la experiencia venezolana destruye cualquier teoría política que pretenda vivir exclusivamente de símbolos. La economía tiene una desagradable costumbre: no lee discursos. No vota. No aplaude. No marcha. No se emociona con una cadena presidencial. La economía simplemente responde a los incentivos. Y Venezuela terminó demostrando que no existe propaganda capaz de abolir las leyes económicas.
La dependencia del petróleo hizo vulnerable a la economía frente a los ciclos internacionales; el Banco Mundial identifica la caída de los precios petroleros en 2014 como el inicio de una contracción masiva, dentro de un contexto de desequilibrios fiscales y fuerte dependencia de los ingresos petroleros.
El chavismo quiso construir una economía socialista. Pero necesitaba dólares petroleros para financiarla. Quiso destruir la dependencia del capitalismo. Pero dependía del precio del petróleo. Quiso sustituir al mercado. Pero terminó administrando escasez. Quiso eliminar a la burguesía. Y terminó creando nuevas élites vinculadas al poder estatal.
La ironía venezolana alcanza aquí dimensiones de tragedia. La revolución quiso acabar con las clases sociales y terminó fabricando una nueva división: los que tienen acceso al poder y los que tienen que sobrevivir a sus decisiones.
Quizás esa sea la verdadera lección venezolana. Gramsci comprendió que la política no consiste solamente en conquistar el Estado. Chávez comprendió que también había que conquistar el imaginario. Maduro heredó ese aparato. Pero Venezuela demostró algo que quizá Gramsci no pudo prever en toda su dimensión: ninguna hegemonía cultural puede sostener indefinidamente una economía destruida.
Puedes controlar la televisión. Puedes cambiar los libros escolares. Puedes producir consignas. Puedes repetir “socialismo”. Puedes convertir a Bolívar en símbolo permanente. Puedes llamar “pueblo” a la estructura política. Puedes llamar “imperialismo” a cada fracaso. Puedes llamar “guerra económica” a cada escasez. Puedes llamar “revolución” a cada nacionalización. Pero hay un enemigo que no acepta propaganda: la realidad.
La Venezuela chavista constituye, por eso, una especie de laboratorio involuntario de la guerra de posición.
El poder comprendió que debía ocupar instituciones, lenguaje, educación, medios y cultura. Después comprendió que necesitaba controlar también los recursos. Y finalmente descubrió que, cuando esos recursos comenzaron a desaparecer, necesitaba controlar todavía más el relato. La paradoja es formidable.
La revolución que prometió liberar al pueblo terminó necesitando convencer permanentemente al pueblo de que era libre. Y quizá allí esté la mayor ironía de todas. Gramsci quería explicar cómo se construye el consentimiento.
El chavismo venezolano terminó demostrando cuánto puede necesitar un poder político de la propaganda cuando ese consentimiento comienza a evaporarse. Porque una cosa es conquistar el poder. Otra muy distinta es conseguir que una sociedad crea que el poder tiene razón. Y una tercera, mucho más difícil: conseguir que la realidad esté de acuerdo.
En Venezuela, la primera fue posible. La segunda fue trabajada durante décadas. La tercera terminó siendo el problema que ninguna consigna revolucionaria pudo resolver.
Gervis Medina
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