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Justicia de Estados Unidos Tras la pista de Los Hermanos Oberto

Jugando con el sistema

Dos grupos de hermanos presuntamente saquearon bancos en sus países. Ahora están en Miami 

La corrupción no tiene ideología.

Mientras millones de venezolanos sufren dificultades económicas extremas, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos bajo los gobiernos socialistas de gobernantes actuales y pasados, otros han visto la oportunidad de enriquecerse —o volverse aún más rico.

La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) han perseguido una serie de objetivos venezolanos de alto perfil que supuestamente han saqueado su país, cuyos dirigentes son enemigos geopolíticos de Estados Unidos.

La lista de blancos es larga e incluyen al ex ministro de Finanzas venezolano Alejandro Andrade, un residente de Wellington, Florida, que fue condenado por recibir mil millones de dólares en sobornos, y su supuesto co-conspirador, Raúl Gorrin, un magnate de la televisión venezolano acusado por lavado de dinero y actualmente prófugo de la justicia.

Este grupo de trabajo de HSI, mejor conocido como “El Dorado”, ha tenido grandes resultados. En lo que va de este año, las incautaciones nacionales e internacionales suman aproximadamente $500 millones.

Hermanos Oberto

Los hermanos Oberto, Luis Jr., de 44 años, e Ignacio, de 37, podrían ser los próximos blancos. El Departamento de Justicia y otros oficiales federales le revelaron al Miami Herald y el Nuevo, que están construyendo un caso contra los banqueros, quienes ahora viven lujosamente en el sur de Florida, en relación con el robo de más de $4,500 millones al gobierno socialista.

El supuesto esquema de corrupción implicaba otorgar préstamos a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, en bolívares y reembolsarlos en dólares estadounidenses. Los hermanos podrían hacer una fortuna gracias a un tipo de cambio favorable que es dominio exclusivo del gobierno y de los políticos cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Fuentes familiarizadas con la investigación estadounidense, que sigue en curso, dijeron que las ganancias fueron supuestamente blanqueadas a través de cuentas bancarias suizas y estadounidenses, incluido el Banco Espirito Santo, entonces el banco más grande de Portugal que tuvo su sucursal local en Brickell Avenue a pocos pasos del consulado venezolano. Banco Espírito Santo colapsó en 2014 en medio de denuncias de fraude y lavado de dinero.

Ambos hermanos residen en el Carrillon Miami Wellness Resort en Miami Beach, en apartamentos valorados en más de $2.5 millones cada uno. Oberto Jr. también es propietario de un apartamento de lujo en el East Side de Manhattan.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales.

David Markus, abogado de Ignacio Oberto, niega las acusaciones. “Los Oberto nunca han sido acusados de ningún delito en ningún país. Son hombres de negocios respetados, éticos, honrados y transparentes. Les instamos a que no continúen con esta campaña de propaganda contra nuestros clientes ”, dijo Markus en un correo electrónico enviado al Herald.

El segundo par de hermanos banqueros proviene de Ecuador. William y Roberto Isaías, de 76 y 75 años, respectivamente, fueron detenidos brevemente por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) el año pasado.

Los hermanos abandonaron su tierra natal cuando el país atravesaba una crisis financiera, supuestamente con millones de dinero robado, justo cuando colapsó su banco en la década de los 90, según un cable diplomático escrito por la ex embajadora Kristie A. Kenney. Desde entonces, han sido objeto de diversas disputas diplomáticas. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años por Ecuador para extraditarlos, los hermanos han logrado permanecer en Estados Unidos, convirtiéndose en generosos benefactores políticos. Los registros financieros obtenidos por el New York Times en 2014 mostraron que la familia donó más de $320,000 a campañas políticas estadounidenses.

En una entrevista en el 2014 con The New York Times, Roberto Isaías, dijo que él y su hermano no hicieron contribuciones directas porque al no ser residentes permanentes, hacerlo sería ilegal.

Las contribuciones incluyeron $90,000 para reelegir al entonces presidente Barack Obama. También montos más pequeños para varios legisladores, incluidos la ex congresista Ileana Ros-Lehtinen y el senador Marco Rubio, ambos republicanos de Florida, y el senador Robert Menéndez, un demócrata de Nueva Jersey. Las contribuciones políticas fueron una fracción de los $400 millones que Ecuador alega que los hermanos han saqueado.

Durante la administración de Obama, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso que los hermanos fueran repatriados a cambio del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien había estado viviendo en la embajada ecuatoriana de Londres desde 2012 para evitar el arresto por acusaciones de violación. Incluso en una ocasión se lo planteó directamente a esta reportera en una rueda de prensa en Guatemala. Assange, a través de Wikileaks, también filtró correos electrónicos, supuestamente pirateados por Rusia, que dañaron la candidatura de Hillary Clinton en el período previo a las elecciones de 2016.

El intercambio nunca sucedió. Assange finalmente fue entregado a las autoridades británicas y los hermanos Isaías permanecieron libres. Pero luego, cambiaron los vientos políticos.

El año pasado, el gobierno ecuatoriano ganó un caso civil contra los hermanos en Florida, que podría exponerlos a una indemnización de $1,300 millones. Alvin B. Davis, abogado de Squire Patton Boggs, que representa al gobierno ecuatoriano, declinó hablar con el Herald.

En una corte federal en marzo de 2019, ICE hizo un esfuerzo por deportar a los Isaías. Pero la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Kathleen Williams, bloqueó la solicitud de ICE. La jueza hizo hincapié en que el gobierno detuvo a los Isaías por acusaciones por las cuales el Departamento de Estado había “denegado múltiples solicitudes de extradición”.

Después de varias semanas en el centro de detención de Krome, los residentes de Coral Gables fueron liberados. Luego se detuvo el proceso de inmigración debido al COVID-19. El caso permanece abierto esperando se resuelva su petición de asilo.

Freddy Balsera, su portavoz, ofreció una declaración críptica, al preguntarle si consideraba que la política había influido en el desenlace: “Aunque estas preguntas son válidas y dignas de un análisis más profundo, no creemos que sea nuestro lugar para especular sobre los tiempos del gobierno o su intención, dada la naturaleza delicada del problema “.

Este proyecto investigativo es financiado por el Fondo para el Periodismo de Investigación en asociación con la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y el Nuevo Herald.

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