Kamel Salame denunció en la entrevista que, tras una sentencia absolutoria firme en 2021, el Estado venezolano mantiene un despojo patrimonial que ya suma 18 años, negándose a restituir sus bienes incautados, a pesar de haber cumplido 10 años de prisión sin juicio previo, 3 años bajo presentación y 5 privado de sus derechos civiles.
Señaló que esta situación constituye una “muerte civil” deliberada, ejecutada de manera continuada por el SAREN, el SERVICIO DE BIENES RECUPERADOS y la directora de la SUNAD en el Estado Yaracuy, en abierto desacato judicial, como continuación de la represalia por su victoria electoral de 2008 en San Felipe, estado Yaracuy.
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