Cada vez que estalla un escándalo de corrupción, la sociedad parece descubrir nuevamente que los políticos son seres humanos con intereses, ambiciones y debilidades. Se denuncian contratos amañados, sobreprecios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y millones de dólares desaparecidos de las arcas públicas. La indignación se multiplica, los medios de comunicación señalan a los responsables y los ciudadanos reclaman justicia. Sin embargo, después de cada escándalo volvemos a cometer el mismo error: creemos que el problema se resuelve cambiando a los funcionarios, aprobando nuevas leyes o eligiendo gobernantes que prometan ser honestos.
Pero ¿y si el problema fuera mucho más profundo? ¿Y si la corrupción no fuera simplemente una desviación moral de quienes gobiernan, sino una consecuencia de las condiciones institucionales que hacen posible la concentración del poder?
Estamos acostumbrados a considerar al Estado como una institución necesaria para resolver nuestros problemas colectivos. Le atribuimos la responsabilidad de proporcionar educación, salud, carreteras, agua, electricidad, alimentos, diversión, seguridad y justicia. Hemos terminado identificando la existencia de esos bienes con la existencia del aparato estatal, como si la humanidad no hubiera sido capaz de producir riqueza, establecer acuerdos, construir caminos y organizar comunidades antes de que los gobiernos modernos reclamaran para sí semejantes facultades.
Esta confusión es el punto de partida de una de las mayores ilusiones políticas de nuestro tiempo: creer que, porque necesitamos determinados bienes y servicios, necesariamente necesitamos que sea el Estado quien los produzca, administre o monopolice.
Que necesitemos hospitales no significa que deban ser exclusivamente estatales. Que necesitemos educación no demuestra que la enseñanza deba depender de una burocracia gubernamental. Que necesitemos carreteras tampoco significa que su construcción y mantenimiento deban estar sometidos necesariamente a un monopolio público. Estamos confundiendo los fines con los medios, las necesidades humanas con las instituciones que reclaman el derecho de satisfacerlas.
Detrás de cada carretera, cada hospital y cada escuela existen trabajadores, empresarios, profesionales e inversionistas que producen los recursos necesarios para hacerlos posibles. El Estado no crea riqueza por el simple hecho de recaudarla y distribuirla. Su capacidad financiera depende fundamentalmente de la actividad económica de una sociedad que trabaja, produce e intercambia. Sin embargo, hemos aceptado que quienes administran esos recursos tengan una capacidad extraordinaria para decidir sobre el destino de aquello que otros han producido.
Aquí comienza el verdadero problema.
El economista francés Frédéric Bastiat, en su obra La ley, publicada en 1850, advirtió sobre una perversión particularmente peligrosa: cuando la legislación deja de proteger los derechos individuales y se convierte en un instrumento para favorecer a unos a costa de otros, aparece lo que denominó el saqueo legal. Su reflexión conserva una vigencia extraordinaria porque nos permite comprender que la corrupción no siempre necesita manifestarse mediante un sobre de dinero o una transferencia clandestina. También puede presentarse cuando el poder político establece privilegios económicos, concede protecciones particulares o utiliza la legislación para beneficiar a determinados grupos.
Pensemos en una empresa que, en lugar de competir ofreciendo mejores productos, utiliza sus relaciones políticas para obtener contratos exclusivos. Pensemos en un empresario que busca una regulación favorable para impedir la entrada de competidores o en un grupo económico que consigue subsidios financiados por los contribuyentes. Aunque algunas de estas decisiones puedan estar formalmente autorizadas, debemos preguntarnos quién obtiene el beneficio y quién termina pagando la factura.
El problema es que el poder político puede convertirse en un recurso económico. Y cuando resulta más rentable conseguir una autorización gubernamental que competir en el mercado, cuando es más conveniente tener un amigo en un ministerio que mejorar un producto, los incentivos de la economía comienzan a distorsionarse.
James Buchanan, uno de los principales representantes de la teoría de la elección pública, cuestionó precisamente la idea de que los individuos se comportan de manera completamente diferente cuando ingresan en la administración pública. ¿Por qué suponemos que alguien abandona sus intereses personales cuando se convierte en ministro, legislador o funcionario? Los políticos y burócratas también responden a incentivos, intereses y aspiraciones. No son seres moralmente superiores por el simple hecho de ocupar un cargo público.
Esta perspectiva nos obliga a abandonar el romanticismo político. No podemos construir instituciones suponiendo que siempre estarán administradas por personas extraordinariamente honestas. Debemos reconocer que el poder puede ser utilizado para obtener beneficios particulares y establecer límites que reduzcan esas oportunidades.
La corrupción, por tanto, no consiste únicamente en el dinero que desaparece de una cuenta pública. También debemos examinar los privilegios legales, las regulaciones arbitrarias, el clientelismo, las empresas protegidas políticamente y las estructuras burocráticas que consumen recursos sin ofrecer resultados proporcionales. Una administración puede cumplir formalmente sus procedimientos y, aun así, producir una distribución injusta de beneficios y costos.
Venezuela constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de los riesgos de concentrar una riqueza extraordinaria en manos del poder político. Durante décadas, el petróleo convirtió al Estado en el principal intermediario de una parte sustancial de los ingresos nacionales. La renta petrolera alimentó expectativas de prosperidad, pero también consolidó una economía dependiente de las decisiones de quienes administraban esos recursos.
El problema no comenzó con Hugo Chávez. La dependencia petrolera, el rentismo y las dificultades para diversificar la economía precedían a su llegada al poder. Sin embargo, durante el chavismo se profundizó la concentración de decisiones, se debilitó la autonomía de instituciones estratégicas y se subordinó progresivamente una parte importante de la actividad económica a los objetivos políticos del gobierno.
PDVSA, que llegó a ser una empresa petrolera de considerable capacidad técnica y operativa, terminó convertida en un escenario de profundas controversias sobre su administración, su transparencia y su utilización política. Los escándalos de corrupción conocidos durante los últimos años evidenciaron las consecuencias de mantener una riqueza estratégica bajo estructuras de control insuficientemente independientes.
La lección venezolana no es que toda empresa pública tenga necesariamente que fracasar. Es que concentrar recursos extraordinarios en instituciones politizadas, sin contrapesos efectivos y con escasa rendición de cuentas, incrementa las oportunidades de abuso y apropiación particular.
Y esta realidad no es exclusiva de Venezuela. América Latina ha conocido numerosos escándalos relacionados con contrataciones públicas, concesiones, financiamiento político y redes de influencia empresarial. El caso Odebrecht, por ejemplo, mostró cómo los contratos de infraestructura podían convertirse en instrumentos de corrupción y relaciones ilícitas entre intereses empresariales y políticos en distintos países de la región.
Pero hay una contradicción todavía más inquietante: el ciudadano desconfía de los políticos, denuncia la corrupción y critica la burocracia, pero cuando busca soluciones suele reclamar más Estado, más regulaciones, más organismos y más facultades para quienes administran el poder. Es decir, pretende corregir los abusos de una estructura concediéndole mayores capacidades de intervención.
Cuando el Estado fracasa, pedimos más Estado para corregirlo. Cuando la burocracia se vuelve ineficiente, creamos nuevas oficinas para supervisarla. Cuando aparecen escándalos de corrupción, multiplicamos los organismos de control. Rara vez nos detenemos a preguntar si parte del problema reside precisamente en la excesiva concentración de facultades que hemos permitido.
Por supuesto, no se trata de afirmar que todas las empresas privadas son honestas, que los mercados están libres de abusos o que una sociedad sin Estado estaría automáticamente libre de conflictos. Ninguna organización humana garantiza semejante resultado. La cuestión es otra: ¿por qué aceptamos que una institución monopolice facultades coercitivas y distributivas tan amplias cuando sabemos que quienes la administran son personas tan imperfectas como cualquier otra?
La competencia, la libertad de elección, la responsabilidad contractual y la protección de los derechos individuales ofrecen mecanismos alternativos que merecen ser examinados. No todas las funciones sociales tienen idénticas soluciones institucionales, pero ninguna debería quedar exenta de la pregunta fundamental sobre su eficiencia, sus costes y sus mecanismos de responsabilidad.
Quizás el error más profundo de nuestra cultura política consiste en creer que necesitamos encontrar al gobernante perfecto para resolver los problemas que produce la concentración del poder. Depositamos nuestras esperanzas en líderes que prometen acabar con la corrupción, transformar las instituciones y administrar mejor nuestros recursos. Sin embargo, olvidamos que la honestidad de una persona no elimina los incentivos para el abuso ni garantiza que quienes la sucedan tengan las mismas virtudes.
Una sociedad libre no puede depender de la virtud excepcional de sus gobernantes. Necesita instituciones que limiten sus facultades, protejan la propiedad, impidan los privilegios y permitan a los ciudadanos desarrollar sus vidas sin depender permanentemente de las decisiones de una burocracia.
La corrupción no comienza necesariamente cuando un funcionario introduce dinero en su bolsillo. Puede comenzar mucho antes: cuando aceptamos que alguien tenga la facultad de decidir arbitrariamente sobre lo que otros han producido, distribuir privilegios y condicionar las oportunidades económicas de quienes no tienen acceso al poder.
Por eso, la próxima vez que descubramos un nuevo escándalo de corrupción, quizás deberíamos formular una pregunta diferente. En lugar de preguntarnos quién debe sustituir al político que nos ha defraudado, preguntémonos cuánto poder estamos dispuestos a concederle a cualquier político, independientemente de sus intenciones.
Porque el verdadero problema no es solamente que existan políticos corruptos. Es que hemos construido un sistema en el que el poder político puede convertirse en una de las formas más rentables de apropiarse de los beneficios que produce el trabajo ajeno. Y mientras sigamos buscando salvadores para administrar ese poder, seguiremos cambiando los nombres de quienes gobiernan sin atrevernos a cuestionar la estructura que hace posible el abuso.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano
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