131 presos. Esa fue la cifra anunciada esta semana por el Gobierno venezolano como parte de las medidas alternativas de libertad concedidas a personas detenidas. La noticia, naturalmente, debe ser recibida con alivio por sus familias y por todos quienes durante años han reclamado la libertad de quienes permanecen privados de ella por razones políticas.
Pero una pregunta resulta inevitable: ¿puede la libertad de un ciudadano convertirse en una ficha de negociación?
Si el diálogo venezolano pretende abrir el camino hacia una verdadera transición democrática, debemos tener cuidado de no confundir una concesión política con la restitución de un derecho.
Porque un preso político no debería salir de una cárcel porque el Gobierno decidió liberarlo. Debería salir porque un Estado de Derecho determinó que nunca debió estar allí.
Esa diferencia no es semántica. Es la diferencia entre una democracia que comienza a reconstruirse y un sistema que simplemente administra sus propias excepciones.
Las recientes conversaciones entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición han producido algunos acuerdos importantes. Entre ellos, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud conjunta para recuperar las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.
Ambas cuestiones son relevantes.
Recuperar activos venezolanos para destinarlos a la reconstrucción del país puede ser necesario. Renovar el Tribunal Supremo puede ser indispensable. Pero ninguna de estas decisiones, por sí sola, significa que Venezuela haya comenzado a recuperar plenamente su institucionalidad.
Porque el problema no es solamente quiénes ocuparán los cargos en las instituciones, sino bajo qué reglas ejercerán el poder.
Y allí aparece una de las mayores contradicciones de este proceso.
Mientras el Gobierno dispone de presos políticos, instituciones y recursos que puede colocar —explícita o implícitamente— como elementos de negociación, la oposición coloca sobre la mesa algo mucho más difícil de cuantificar: libertad, democracia, elecciones, independencia institucional y Estado de Derecho.
Es decir, una parte negocia desde los instrumentos que todavía conserva del poder; la otra debería negociar para conseguir que esos instrumentos dejen de estar por encima de las instituciones.
No es lo mismo negociar el poder que negociar las condiciones para que el poder vuelva a tener límites.
Por eso la liberación de presos políticos no debería presentarse como un gesto de buena voluntad del Gobierno. Mucho menos como una concesión que pueda administrarse en función de los avances o retrocesos de una negociación.
Bienvenidas sean las liberaciones. Cada preso que vuelve a su casa representa una familia que recupera una parte de su vida. Pero no confundamos el alivio de una familia con la reparación de un sistema de justicia.
Porque si mañana pueden ser liberados 131, después 50 y posteriormente ninguno, la pregunta inevitable es: ¿qué determina quién recupera su libertad?
¿La Constitución?
¿El debido proceso?
¿Una justicia independiente?
¿La inexistencia de delito?
¿O la voluntad política de quien tiene el poder de decidir?
Si la libertad de un preso político depende de la voluntad de quien lo encarceló, entonces todavía no hemos recuperado el Estado de Derecho; apenas estamos negociando algunas de sus excepciones.
La renovación del Tribunal Supremo de Justicia puede ser, en ese sentido, una oportunidad histórica. Pero renovar magistrados no equivale necesariamente a recuperar la independencia judicial.
El verdadero desafío será construir un Poder Judicial que no necesite esperar instrucciones del poder político para hacer justicia, que pueda revisar decisiones arbitrarias, garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los ciudadanos, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para quienes gobiernan.
Lo mismo ocurre con el sistema electoral.
Puede hablarse de renovación institucional, de recuperación de activos y de reconstrucción nacional, pero tarde o temprano el diálogo tendrá que responder una pregunta que no puede seguir esperando: ¿cuándo y bajo qué condiciones los venezolanos podrán volver a decidir libremente quién los gobierna?
No se trata simplemente de convocar elecciones.
Se trata de garantizar las condiciones para que esas elecciones sean creíbles: un Consejo Nacional Electoral independiente, un Registro Electoral confiable, participación política plena, partidos habilitados, candidatos sin persecución, venezolanos en el exterior con derecho efectivo al voto y, sobre todo, la garantía de que el resultado será respetado.
Porque una elección sin instituciones que protejan la voluntad popular puede convertirse simplemente en otra forma de administrar la crisis.
También merece especial atención el acuerdo relacionado con las reservas de oro venezolanas depositadas en Inglaterra. Recuperar esos recursos puede ser fundamental para la reconstrucción del país, pero precisamente por tratarse de recursos de todos los venezolanos, su utilización debe estar sometida a transparencia, controles y rendición de cuentas.
La reconstrucción de Venezuela no puede consistir únicamente en recuperar activos financieros. También debe significar recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que administran esos recursos.
Y aquí está, quizás, el principal desafío del diálogo.
No todo puede ser negociable.
Los mecanismos para renovar las instituciones pueden discutirse. Los procedimientos pueden acordarse. Los tiempos pueden negociarse. Las garantías pueden construirse entre las partes.
Pero los derechos fundamentales no deberían convertirse en monedas de cambio.
La libertad no puede ser una ficha de negociación.
La democracia tampoco.
Y la soberanía popular mucho menos.
Venezuela necesita un diálogo que produzca acuerdos, pero necesita todavía más un diálogo que produzca reglas.
Reglas que permitan que ningún ciudadano dependa mañana de la voluntad del Gobierno de turno para recuperar su libertad. Reglas que impidan que un tribunal sea utilizado como instrumento de persecución. Reglas que garanticen que una elección sea realmente una elección y que el resultado sea respetado. Reglas que obliguen a quienes administren los recursos públicos a responder ante los ciudadanos.
Ese debería ser el verdadero propósito de la negociación.
Porque si el diálogo termina simplemente intercambiando algunas liberaciones por algunas concesiones, habremos conseguido acuerdos políticos, pero no necesariamente una transición democrática.
La verdadera prueba será mucho más exigente: que llegue el día en que ningún preso político necesite ser “negociado”, porque en Venezuela vuelva a existir una justicia capaz de proteger la libertad; que ningún resultado electoral necesite ser “garantizado” por acuerdos entre élites, porque existan instituciones capaces de hacerlo; y que ningún recurso del Estado pueda ser administrado como patrimonio de un gobierno, porque exista un verdadero sistema de controles y rendición de cuentas.
Ese día podremos decir que el diálogo produjo algo más que acuerdos.
Podremos decir que comenzó la reconstrucción del Estado venezolano.
Hasta entonces, conviene recordar algo elemental: la libertad no se concede, se garantiza; la democracia no se negocia, se ejerce; y el Estado de Derecho no puede ser una promesa de una mesa de diálogo, sino la regla que gobierne todo lo que ocurra dentro y fuera de ella.
Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.
Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn
Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com
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