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Michelle Bachelet: denunció la muerte de 2.000 personas a manos de cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela

La Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre la situación en Venezuela y denunció la muerte de 2.000 personas a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre enero y agosto de 2020.

«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficia registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020», publicó en el comunicado oficial.

La expresidenta chilena calificó como positivas la detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), responsables de la muerte de dos personas en el estado Zulia y la imputación de otros 70 funcionarios del mismo cuerpo policial que también estuvieron involucrados en delitos de este tipo.

La Alta Comisionada de la ONU aseguró que todavía existen restricciones en la libertad de expresión, entre las cuales destaca «la aplicación de la legislación contra el odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresones y detenciones de periodistas», razón por la cual destacó que es crucial proteger el espacio cívico y democrático en Venezuela.

Bachelet expresó que su Oficina documenta los casos de represión en protestas pacíficas donde los manifestantes se pronuncian contra los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina. Hasta el momento se han notificado dos fallecimientos presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad en este contexto.

«Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención, pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos», solicitó a las autoridades.

Indicó además su preocupación por «el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares», en alusión a los venezolanos migrantes que se devolvieron al país desde el inicio de la pandemia. Esta preocupación se extiende a la situación del personal de salud por la carencia de equipos de bioseguridad en los hospitales y a los altos niveles de desnutrición debido a la crisis alimentaria.

El último punto que mencionó la Alta Comisionada es la obstrucción por parte del Tribunal Supremo de Justicia a la hora de seleccionar libremente los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral y todos los cambios en la legislación comicial que se realizaron sin consulta previa.

«Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos», finalizó.

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