DE NUEVO CON USTEDES.
Según las fuentes más recientes, Venezuela se encuentra en una fase de estabilidad negociada con aperturas parciales; ejemplo de ello es la ley de amnistía cuestionada por diversas razones. Pero hay una verdad que marca los acontecimientos: aún no existen las condiciones para unas elecciones limpias, ni menos para lograr la transición hacia la democrática.
Esto se explica porque las estructuras autoritarias siguen intactas y el sistema político venezolano no reúne las condiciones mínimas para unas elecciones competitivas, libres y verificables.
Según la hoja de ruta del tutelaje, apenas estamos en la etapa de la estabilización y unas elecciones significarían construir en tierras movedizas.
El país aún no ha resuelto su conflicto sobre el origen del poder.
El debate sobre un nuevo proceso electoral se desarrolla en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la legitimidad de los poderes públicos. El desafío es convocar y organizar elecciones con un marco institucional cuya validez es objeto de mucha controversia.
En años recientes, diversos sectores políticos han cuestionado la legalidad del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Consejo Electoral Nacional, argumentando que surgieron de procesos que no contaron con el reconocimiento amplio. Este cuestionamiento llevó a decisiones como la ABSTENCIÓN en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes, por considerar que no existían condiciones suficientes para garantizar la pureza de las elecciones y era un medio para legitimar al gobierno.
En la actualidad, sin embargo, algunos de esos mismos sectores solicitan la realización de las elecciones en un corto plazo con el mismo escenario que permanece intacto, sin variedad alguna.
Visto de esta manera, Venezuela está atascada entre la estabilidad y una posible recuperación muy lejos de la ansiada transición hacia la democracia.
Por otra parte, tenemos el grave problema de la dimensión jurídica sin precedentes. Un país, con vacante de poder legal, atrapado en un estamento de ilegalidad, que ha permitido la instalación de una paradoja que condiciona cualquier intento de realizar unas elecciones verdaderamente limpias.
Los principales poderes son cuestionados en su origen por amplios sectores de la vida nacional.
Para realizar unas elecciones, se habla de nombrar un nuevo CNE; el poder indicado para nombrar esa estructura es la Asamblea Nacional, que ha sido cuestionada. Se infiere que el nuevo CNE heredaría el carácter de ilegalidad y, por tanto, las elecciones serían también ilegales. Es decir, se exigen unas elecciones legales a organismos cuestionados por su ilegalidad.
La política venezolana se ubica en un círculo cerrado cuya posibilidad de salida es casi nula.
¿Venezuela necesita elecciones?
La respuesta es sí, pero hay algo más urgente y elemental para generar confianza y credibilidad: reconstruir el piso institucional que hace que el voto vuelva a tener sentido, recuperando su valor esencial como expresión de soberanía del pueblo en una democracia robusta.
Mientras el país permanezca atrapado en la paradoja de pedir resultados legítimos a instituciones ilegítimas, cualquier elección será un acto sin fuerza suficiente para producir la estabilidad que requiere el país.
Sin un pacto de legalidad no habrá legitimidad.
Politólogo Julio Urribarri Fonseca
Doctor en Ciencia Política. Profesor universitario.
Maracaibo, 11 de abril del 2026
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