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Presidente de Colombia dice al Congreso que objetará nueva ley si pasa con artículo “mordaza” que podría afectar a la prensa

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó que objetará el cuestionado artículo de una nueva ley anticorrupción que enmendará el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias contra funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.

Dijo que como “firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”.

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El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.

Pero ahora quedaría: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses”, dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo. Algo que organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) abriría la puerta a sanciones similares a las que existen en Venezuela o Nicaragua.

“La libertad de expresión no puede verse menoscabada por la presunta vulneración a la moral de un o una funcionaria”, denunció la FLIP en un comunicado emitido luego de que se aprobará el artículo, que también impone multas millonarias, de hasta 1.359 millones de pesos (unos 345.000 dólares), para quienes sean condenados por estos nuevos delitos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también había alertado la semana pasada del peligro que entraña este proyecto de ley y pidió que se eliminara porque representa un “peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para “erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa”. 

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