El 28 de julio de 2024, el pueblo venezolano habló con una claridad meridiana en las urnas. Con una participación histórica, la oposición democrática, encabezada en tarjetón electoral por Edmundo González Urrutia, pero impulsada por el liderazgo de María Corina Machado, demostró que el chavismo había perdido definitivamente el respaldo popular.
Las actas resguardadas por la oposición en más del 80% de las mesas electorales reflejaban que González Urrutia superaba holgadamente el 67% de los votos, una ventaja irreversible sobre Nicolás Maduro. Sin embargo, el régimen a través de un CNE espurio y un TSJ a su servicio, desconoció la voluntad soberana y proclamó fraudulentamente a Maduro como ganador, desatando una crisis de legitimidad que mantiene al país aún al borde del colapso.
Mientras Maduro sigue en prisión en Nueva York y Delcy Rodríguez mantiene interinamente el control del régimen, desde la oposición democrática seguimos muy pendiente de lo que puedan hacer otros factores “opositore”, porque a pesar de que son voces minoritarias, pretenden desviar el curso de la transición hacia una nueva y pronta elección presidencial.
A las viejas figuras como Bernabé Gutiérrez, Claudio Fermín, Brito y Ratti, han comenzado a surgir soterradamente nuevas voces agoreras señalando que el desenlace del proceso debe comenzar con elecciones locales y regionales, dejando las presidenciales para el final de la lista.
Esta postura, que el rodriguismo no se atreve a defender abiertamente por miedo a represalias de Washington, es precisamente la estrategia dilatoria que ahora trata de imponer vía voces “opositoras” para desgastar a la oposición y diluir el mandato popular. Son los conocidos «equilibrista» que, desde la falsa moderación, buscan alargar la agonía de los venezolanos para preservar sus propias cuotas de poder y evitar un revés electoral contundente.
Frente a esta maniobra dilatoria, el país democrático exige una ruta clara y sin excusas. La Comisión de la Asamblea Nacional de 2015 y el extinto Gobierno Interino deben acelerar las negociaciones para designar cuanto antes un nuevo CNE y un nuevo TSJ, con el único objetivo de convocar a elecciones presidenciales limpias, libres y democráticas.
En esas negociaciones Dinorah debe garantizar el derecho constitucional de cualquier venezolano a ser candidato presidencial, incluida la propia María Corina Machado. No hay atajos ni escalonamientos que valgan: el pueblo votó por un cambio de gobierno en 2024, y cualquier transición que no pase por una nueva elección presidencial inmediata es una traición a los más de 12 millones de ciudadanos que se volcaron a las urnas para defender su soberanía.
Así las cosas, la oposición venezolana enfrenta una encrucijada histórica. Debe cerrar filas en torno a la exigencia innegociable de elecciones presidenciales inmediatas, sin escalones intermedios, y rechazar cualquier intento de sectores oportunistas que buscan confundir al electorado con agendas paralelas.
Quienes intenten desviar ese mandato hacia elecciones regionales o locales primero, están cometiendo el mismo pecado que el régimen: robarles el futuro a los venezolanos y perpetuar la impunidad. No hay más tiempo que perder; el cambio debe ser ahora y sin condiciones. Vamos hacia la transición sin traición.
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