Una red judicial de corrupción, extorsión y violación de los derechos humanos
Por Villca Fernández – Presidente fundador de la plataforma Resistencia Sin Frontera
En la Venezuela actual, los tribunales de violencia ya no son espacios de justicia ni de protección. Se han convertido en engranajes del aparato represivo del narco-régimen, en auténticos paredones legales donde se ejecuta, simbólica y prácticamente, a quienes osan desafiar al poder. El “paredón madurista” no dispara balas: dicta sentencias amañadas, ordena torturas, extorsiona familias y silencia a las víctimas.
Lo que debería ser un sistema para proteger a los ciudadanos y sancionar a los agresores, hoy perpetúa el abuso, premia la sumisión y castiga la disidencia.
Una justicia capturada
Desde los días de Luisa Ortega Díaz —quien fue parte del sistema antes de romper con él—, quedó en evidencia el uso del sistema judicial como instrumento de persecución política. Esta instrumentalización se profundizó con la designación ilegítima de Tarek William Saab como fiscal general, nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente espuria, carente de legitimidad constitucional y reconocimiento internacional.
Desde entonces, el Ministerio Público se ha transformado en una extensión directa del aparato represivo del régimen. Lejos de garantizar justicia y legalidad, hoy dirige una red criminal articulada con los cuerpos de seguridad del Estado: SEBIN, DGCIM, PNB, GNB y otras agencias de inteligencia.
Organizaciones como PROVEA, Amnistía Internacional y el Observatorio Venezolano de Prisiones han documentado cómo fiscales y jueces obedecen órdenes políticas. Se abren procesos arbitrarios sin pruebas, se dictan detenciones sin respeto al debido proceso y las sentencias se determinan de antemano según intereses económicos o represivos.
La justicia en Venezuela ya no responde al derecho: responde al miedo. A la conveniencia. A la voluntad de quienes, desde las sombras de un poder militarizado y corrupto, lo controlan todo.
Lo viví en carne propia
Fui víctima directa de esta maquinaria de terror. Fui secuestrado y torturado por órdenes de Diosdado Cabello, hoy convertido en ministro del terror.
Recuerdo con precisión cómo funcionarios del SEBIN llegaban a los calabozos con boletas de excarcelación en mano y preguntaban:
—¿Ya hiciste la transferencia?
Cinco mil, diez mil, veinte mil dólares… o escrituras de propiedades, carros, fincas. Así se compraba la libertad.
Vi empresarios presos no por delitos, sino para ser extorsionados. Una colchoneta costaba miles de dólares. Un cambio de celda, otro tanto. Todo con el aval del fiscal ilegítimo Tarek William Saab, conocido entre los presos como “el fiscal de la tortura”.
Presencié cómo jueces recibían detenidos visiblemente torturados y miraban hacia otro lado. Cómo víctimas eran silenciadas: quienes se atrevían a hablar eran luego asesinadas, violadas, torturadas o desaparecidas.
No me lo contaron. Lo viví.
El Helicoide no es un centro de detención: es el infierno. Y quienes controlan el sistema judicial en Venezuela son sus amos: administradores del dolor, señores de la impunidad.
Una red judicial criminalizada
Los tribunales de violencia —que deberían proteger a mujeres y víctimas de abuso— se han transformado en espacios de revictimización. Las denuncias se manipulan, las pruebas se hacen desaparecer y las decisiones se venden al mejor postor. Muchas veces, causas por violencia son utilizadas como excusa para perseguir a opositores políticos o ciudadanos incómodos.
La justicia se negocia. Las vidas también.
Violencia institucional como política de Estado
En Venezuela, la violencia no solo es ejercida por particulares o cuerpos armados, sino que está organizada y dirigida desde el propio Estado. El sistema judicial ya no es un espacio de resguardo, sino un brazo ejecutor del terror.
Esta violencia institucionalizada castiga, somete, silencia y se lucra con el sufrimiento humano. No es un efecto colateral del caos: es un método de gobierno. Se destruye al que disiente, al que denuncia, al que exige.
Por eso, la lucha por los derechos humanos en Venezuela no es solo jurídica: es profundamente política. Exigir justicia es hoy una forma de resistencia contra un régimen que ha convertido la tortura, la corrupción y la represión en políticas de Estado.
Y por eso mismo, no podemos callar.
Llamado urgente a la comunidad internacional:
ya no basta con declaraciones
Frente a esta realidad atroz, la comunidad internacional debe pasar de las palabras a la acción. No es suficiente con comunicados de prensa ni expresiones de preocupación. Venezuela sufre bajo un régimen que actúa con métodos propios del terrorismo de Estado y el crimen organizado.
Es urgente imponer sanciones concretas y efectivas:
Congelamiento de cuentas bancarias en el extranjero de todos los funcionarios involucrados.
Órdenes de captura internacional contra los responsables directos de la represión.
Cierre inmediato de accesos, vínculos financieros y conexiones diplomáticas con el régimen.
Este narco-régimen debe ser declarado oficialmente como lo que es: un régimen terrorista y genocida. Y como tal, debe ser tratado con la severidad que corresponde según el derecho internacional.
La impunidad es complicidad.
La tibieza, una forma de legitimación.
Es hora de actuar con decisión.
El pueblo venezolano no necesita más discursos: necesita respaldo firme, acciones concretas y justicia real.
#ResistenciaSinFrontera
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