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TSJ en el exilio se pronuncia de fondo sobre el caso de Álex Saab

Por segunda vez en menos de una semana, el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio se pronuncia de fondo sobre el caso de Álex Saab.

Su cabeza, Miguel Ángel Martín, acaba de enviarle una carta a la ministra de Justicia de Cabo Verde, Janine Tatiana Santos Lélis, en la que le advierte que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y que este fue retirado del cargo en 2018, luego de ser condenado por recibir sobornos de la multinacional Odebrecht.

“La ilegitimidad de Nicolás Maduro Moro deriva del acto realizado de este alto tribunal en sentencia condenatoria del 15 de agosto de 2018 (…) en juicio criminal relacionado con las contrataciones de obras públicas con la empresa Odebrecht”, dice la carta de Martín, conocida en exclusiva por EL TIEMPO.

Y agrega: “Según las leyes de Venezuela y las normas del derecho internacional, no existe impedimento legal para la extradición de Álex Saab a los Estados Unidos de Norteamérica para que enfrente tales acusaciones, así como las resultas de las investigaciones que se adelantan por las conexiones con el narcotráfico y grupos terroristas como las Farc, Eln y hezbolá, que tienen bases de operaciones en territorio venezolano con la finalidad de generar desestabilización en el hemisferio”.

Sobre Odebrecht, le recuerda que la condena fue por corrupción propia y legitimación de capitales, que le valió una condena de 18 años y 3 meses de prisión.

La anotación es clave porque en reiteradas ocasiones Cabo Verde ha manifestado su compromiso de colaborar en casos de corrupción y blanqueo de capitales.

En la carta también se advierte que además de estar destituido, Maduro está inhabilitado. Por eso, el reconocimiento de ‘agente especial’ que le hizo a Saab es nulo, así como el otorgamiento de la ciudadanía venezolana.

“Se desconoce la pretendida inmunidad diplomática del señor Álex Saab, quien no ejerce cargo diplomático según las leyes nacionales y las convenciones internacionales en materia consular”, anota el magistrado.

Así las cosas, Martín lo describe como “un ciudadano colombiano que tiene contratos con Nicolás Maduro Moro y su familia”.

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