La Corte da la razón a la Administración Trump y deja a venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos expuestos a la deportación
El Tribunal Supremo ha dado luz verde para que el Gobierno acabe con el programa parole humanitario que permitía la residencia temporal a 500.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
En su respuesta a la solicitud de urgencia realizada por la Administración Trump, la Corte allana el camino para que los beneficiarios queden sin protección ante las deportaciones.
Con su decisión, el Alto Tribunal suspende cautelarmente el fallo de un juez de distrito.
Este había bloqueado la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 20 de enero cancelando el programa. Aunque el fallo reactiva la suspensión ordenada por el republicano, el caso aún seguirá su curso en los tribunales inferiores.
Las dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, se pronunciaron en contra.
Advirtieron que la mayoría no había tenido en consideración “las devastadoras consecuencias” que tendrá en la vida del medio millón de personas que residían legalmente en el país.
El parole humanitario fue un programa ideado por la Administración Biden para reducir el número de entradas ilegales.
Acogía a los migrantes que huyen de países en situaciones críticas. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos para ingresar, que se haría cargo financieramente del recién llegado. El programa concedía la residencia temporal y un permiso de trabajo.
El Gobierno de Joe Biden amplió el programa para venezolanos a finales de 2022 y para cubanos, haitianos y nicaragüenses, en enero de 2023. Con ello se redujeron las entradas ilegales de cientos de miles de migrantes. Ante el fracaso del Congreso para aprobar una reforma del sistema de inmigración, habían disparado los cruces irregulares en la frontera.
“Las personas en parole cuentan con patrocinadores aquí y, en muchos casos, se han integrado en barrios y comunidades estadounidenses.
Lo hacen con la esperanza de obtener eventualmente un estatus legal a largo plazo (por ejemplo, asilo). Nadie discute que se producirá un caos social y económico si tantos extranjeros en libertad condicional son puestos en prisión preventiva de forma repentina y sumariamente”, declaró Jackson.
Los migrantes con el parole huyeron de situaciones de violencia y crisis económica de sus respectivos países. Al perder el permiso, sus beneficiarios se quedarían con las opciones de abandonar el país y regresar a los países de los que salieron huyendo. La otra opción es continuar en Estados Unidos y exponerse a ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias.
Este mes, el Supremo, que cuenta con mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas, ya había autorizado al Gobierno a cancelar el programa de TPS (Estatus de Protección Temporal) de 350.000 venezolanos, que se encontraban de forma legal en el país. El TPS ofrecía la residencia temporal a los migrantes que huyera de países azotados por la violencia o por desastres naturales.
El país de España
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