El gobernante venezolano prevé la declaratoria de un estado de conmoción exterior mientras EE. UU. incrementa su presencia militar en el Caribe en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», según Washington
Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro evalúa decretar un estado de conmoción exterior en Venezuela. Sus argumentos son para defender a la nación de la “amenaza” que supone el gobierno de Estados Unidos, quien mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de las costas del país. Pero, ¿qué implica el decreto? ¿qué puede hacer? ¿qué se puede restringir?
Según el artículo 338 de la Constitución venezolana, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior «en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones».
El tiempo del decreto «se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más».
La Carta Magna establece que durante los estados de excepción -hay 4 establecidos- el Estado “podrá restringir temporalmente” las garantías consagradas en la Constitución. Estas medidas no podrán incluir el derecho a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el debido proceso, el derecho a la información ni los demás derechos humanos intangibles.
Especialistas en las leyes enumeraron a El Pitazo una lista de decisiones que el Estado puede tomar con la declaratoria del decreto. Estas incluyen ocupar empresas o bienes requeridos para la defensa del país, y suspender algunas garantías. También pueden limitar la libertad de tránsito en zonas afectadas por la amenaza exterior y convocar a la reserva militar para reincorporarse a sus filas, entre otras.
Para el abogado Zair Mundaray, ex fiscal de la República, a la administración de Nicolás Maduro “no le hace falta” decretar un estado de conmoción para ejecutar las facultades que legalmente le atribuye el decreto. Esto es porque, sin tenerlo, lo aplican.
“No veo ningún derecho que pudiera quedar suspendido con el decreto, porque todo está suspendido en Venezuela. Incluso aquellos que no se pueden restringir como el derecho al debido proceso, la seguridad personal, la vida, la integridad física, desaparición forzada; igual lo hacen”, aseguró.
Derechos restringidos
Según la Constitución, el decreto debe precisar los alcances del mismo y el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe. Debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para determinar su constitucionalidad.
Mudaray insistió en que el trámite es una “mera formalidad” desde el punto de vista constitucional.
“En práctica lo han hecho. No hay una cosa que no hayan hecho, la norma dice cuáles son los derechos que no se pueden suspender, y están suspendidos. No veo ninguno, todo está suspendido en Venezuela. Ni siquiera desde el punto de vista presupuestario, porque ellos toman el dinero sin ningún control”, aseguró.
Otros especialista, que pidió no ser identificado, alertó que el decreto pudiera implicar una mayor «persecución» contra los «enemigos internos» que considere el chavismo.
La asociación civil Acceso a la Justicia explicó que para argumentar la declaratoria de un estado de conmoción exterior, se debe determinar que una circunstancia fuera del país incida en la seguridad de los ciudadanos.
“Los estados de excepción deben dictarse por situaciones evidentes, claras y tangibles, no por meras especulaciones sin razones tangibles y transparentes (…). No pueden dictarse esta grave medida en base a suposiciones ni mucho menos justificarse en meras sospechas. Al ser algo que afecta a todos, todos debemos estar de acuerdo en que la situación que la justifique es real y evidente”, remarca la organización en un artículo sobre el tema.
El objetivo de la declaratoria de la conmoción, según Maduro, es que «toda la nación» y cada «ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana. Esto será para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera» contra Venezuela, que, dijo, «saldrá adelante otra vez» ante «cualquier escenario que se presente».
«Como este (decreto), hay otros cuantos», aseguró este martes 23 de septiembre Maduro. Lo dijo junto con los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), los chavistas Caryslia Beatriz Rodríguez y Jorge Rodríguez. También estaban el fiscal general, Tarek William Saab, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
Los estados de excepción usados por Maduro
La Constitución establece 4 estados de excepción: el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares. También el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación; y el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo.
Maduro decretó tres de ellos en la última década:
- Estado de emergencia económica (2016–2020) (Abril de 2025): Maduro hizo el decreto en 2016 en el marco de una crisis económica. Ocurrió en medio de una hiperinflación y escasez de alimentos y medicamentos. Le permitió -entre otras medidas- disponer de recursos sin la autorización de la AN.
En abril de 2025, firmó un decreto de emergencia económica como respuesta a lo que calificó como una «guerra comercial sin precedentes» desatada por la política arancelaria del Gobierno de Estados Unidos.
- Estado de alarma por la pandemia (2020): El decreto fue por la pandemia del COVID-19. La medida permitió la restricción de la movilidad, suspensión de clases presenciales y control de actividades económicas.
- Conmoción exterior (2025): Evalúa su decreto en respuesta al despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el Caribe, que considera como una “amenaza”.
La “amenaza”
Maduro prevé la declaratoria de un estado de conmoción exterior mientras EE. UU. incrementa su presencia militar en el Caribe en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», según Washington. Han desplegado al menos 8 buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear. Además, más de 4.500 soldados. También ha enviado varios cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.
El país norteamericano ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico. Al menos tres proceden presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, fue hundida la noche del viernes 19 en aguas de República Dominicana.
La administración de Donald Trump señala a Maduro como líder del Cártel de los Soles. Además, la justicia de ese país ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Las acusaciones fueron rechazadas por Maduro, quien en una carta que envió el 6 de septiembre al presidente estadounidense le asegura que luchan contra el narcotráfico.
Con información de EFE.
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