Venezuela ya no es una advertencia ideológica: es una estadística devastadora, cortesía del Socialismo del Siglo XXI. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ha situado al país entre los tres más corruptos del planeta, junto a Somalia y Sudán del Sur, dos naciones devastadas por guerras prolongadas. Sin guerra, en Venezuela se diseñó un sistema de impunidad casi perfecta y, paradójicamente, los mismos responsables del latrocinio (hoy reciclados como abanderados de la economía de mercado) fueron quienes prometieron igualdad social y soberanía económica mientras conducían al país hacia el colapso productivo, la destrucción monetaria y un éxodo masivo sin precedentes. El economista Jesús Casique lo resume con crudeza: pocos países en la historia moderna han perdido cerca del 75 % de su PIB, eliminado catorce ceros a su moneda y sobrevivido a años de hiperinflación. Para muchos críticos del modelo político-económico del Socialismo del Siglo XXI, la variable común detrás de esa tragedia tiene un nombre incómodo: corrupción desatada y estructural.
Lo preocupante de este panorama es que actualmente se está discutiendo una ley de amnistía bajo la bella promesa de reconciliación nacional, pero la pregunta a responder es si esa reconciliación incluirá también a quienes convirtieron el poder en un mecanismo de saqueo, premiados de paso con importantes espacios dentro del tablero político. Bajo ese discurso también se está invocando un reencuentro para la paz y el perdón, mientras los miles de millones evaporados de PDVSA continúan en las cuentas off-shore de quienes fungen de testaferros de estos personajes sin moral. En este momento, Venezuela no necesita olvidar o “amnistiar” también a quienes robaron, sino demostrar que ningún proyecto político puede blindarse frente a la ley, ya que, más allá de las disputas ideológicas, la corrupción no es solo un delito administrativo; es, para millones de ciudadanos, la explicación tangible de hospitales sin insumos, servicios colapsados y una pobreza extrema que dejó a millones sin capacidad siquiera de comprar alimentos.
PDVSA: las causas profundas de la corrupción estructural
Hablar de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) no es solo enumerar nombres, expedientes judiciales o cifras millonarias; es entender cómo un sistema institucional fue progresivamente diseñado para permitir que la opacidad sustituyera a la rendición de cuentas. Durante años, la industria petrolera dejó de funcionar como una empresa energética para convertirse en el principal instrumento político y financiero del poder. En ese proceso, las obras inconclusas (refinerías prometidas, ampliaciones industriales, proyectos petroquímicos abandonados) se transformaron en símbolos visibles de una economía donde el anuncio importaba más que la ejecución.
Recursos destinados a infraestructura productiva terminaron desviados hacia programas de corto plazo o redes clientelares que no generaban valor económico sostenible. El resultado fue una paradoja histórica: mientras Venezuela recibía ingresos petroleros extraordinarios, la capacidad operativa de PDVSA se deterioraba y los proyectos estratégicos quedaban a medio construir, convertidos en monumentos al despilfarro.
Las causas de esta dinámica no pueden reducirse únicamente a individuos específicos. Responden a un modelo donde la falta de transparencia, la eliminación de controles independientes y la politización de la gestión pública crearon un entorno propicio para abusos sistemáticos. Sin reglas claras ni consecuencias reales, la corrupción dejó de ser una desviación para convertirse en el lenguaje cotidiano del poder económico. Y cuando la industria que sostiene a un país opera bajo esa lógica, el daño trasciende las pérdidas financieras: erosiona la confianza ciudadana, destruye la planificación a largo plazo y convierte el desarrollo nacional en una promesa perpetuamente inconclusa.
Además de un colapso productivo sin precedentes, lo más doloroso es que más de 7,7 millones de venezolanos huyeron hacia nuevos destinos. Cuando un país pierde su talento humano a escala masiva, la corrupción deja de ser solo una cuestión moral: se convierte en el mayor obstáculo para cualquier intento de reconstrucción nacional.
Amnistía, reconciliación y la línea roja: por qué los delitos de corrupción no pueden borrarse
El debate sobre una posible ley de amnistía en Venezuela abre una discusión compleja entre justicia política y responsabilidad penal. Las amnistías históricamente se plantean como instrumentos que facilitan el retorno de exiliados y buscan finalizar ciclos de persecución; no obstante, existen diferencias abismales entre delitos políticos y delitos económicos que hayan afectado el patrimonio público. La corrupción implica, además del desvío de recursos, la paralización del desarrollo económico y la pérdida progresiva de oportunidades para millones de ciudadanos. En Venezuela, el salario mínimo se diluyó en un noventa por ciento en menos de dos años (según datos de Ecoanalítica). Y es ahí donde puede verse el verdadero peligro de un falso discurso de “reconciliación”, cuyo último (y quizá único) objetivo sería exonerar responsabilidades individuales en hechos de corrupción, bajo la “fórmula” de igualar a las víctimas con los victimarios.
La experiencia en procesos de justicia transicional muestra que las amnistías amplias pueden generar estabilidad a corto plazo, pero también perpetuar ciclos de impunidad si no establecen límites claros. En el caso venezolano, la corrupción sistemática ha sido señalada como uno de los pilares del deterioro institucional, y borrar sus consecuencias mediante acuerdos políticos podría enviar el peligroso mensaje de que el saqueo económico puede negociarse como si fuera una diferencia ideológica más.
En ese sentido, el debate no gira únicamente alrededor del pasado, sino del futuro. Porque sin mecanismos reales de rendición de cuentas, cualquier intento de reconciliación puede convertirse en una narrativa demagógica sin impacto concreto en el futuro institucional del país.
Sin justicia contra la corrupción no habrá reconstrucción
Ninguna sociedad puede reconstruirse sobre la base del olvido selectivo, especialmente cuando el daño económico ha tenido consecuencias generacionales. La corrupción, a diferencia de otros conflictos políticos, no desaparece con acuerdos simbólicos: deja huellas materiales en cada escuela abandonada, en cada proyecto inconcluso y en cada mesa vacía donde la incertidumbre sustituyó al futuro. La verdadera reconciliación exige reconocer que la corrupción no es un efecto secundario del sistema, sino su motor principal. Y mientras esa realidad no sea confrontada con mecanismos de justicia claros, cualquier intento de transición será apenas una ilusión política sin futuro y estará condenado al fracaso.
Dayana Cristina Duzoglou Ledo para Caiga Quien Caiga
@dduzogloul
Comment here