La defensa, liderada por los reconocidos juristas Barry Pollack y Mark Donnelly, sostiene que impedir que sus clientes compartan evidencia con coacusados que aún no han sido detenidos. Los defensores propusieron como alternativa establecer mecanismos que permitan a estos aliados del gobierno consultar las pruebas bajo estrictas reglas de confidencialidad. Sin embargo, la fiscalía federal se opuso a la petición.
Los abogados defensores de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitaron ante el juez Alvin Hellerstein que se rechace una orden de la fiscalía de Nueva York que limita el acceso a determinadas pruebas del caso. Además, argumentan que la medida vulnera derechos constitucionales fundamentales.
La defensa, liderada por los reconocidos juristas Barry Pollack y Mark Donnelly, sostiene que impedir que sus clientes compartan evidencia con coacusados que aún no han sido detenidos, entre ellos el alto funcionario Diosdado Cabello y otros implicados en la conspiración. Esto, según la defensa, obstaculiza significativamente su derecho a preparar una defensa plena en el proceso por cargos de narcoterrorismo.
Los defensores propusieron como alternativa establecer mecanismos que permitan a estos aliados del gobierno consultar las pruebas bajo estrictas reglas de confidencialidad. Así, no se compromete la seguridad de posibles testigos protegidos por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la fiscalía federal se opuso a la petición, argumentando que entregar material sensible a personas con poder político e influencia en Venezuela podría poner en riesgo la vida de informantes y la eficacia de la investigación. Además, esta posición fue refrendada por la propia acusación, que teme que la divulgación de pruebas a ciertos implicados pueda derivar en represalias fuera de la jurisdicción estadounidense.
El caso, que mantiene a Maduro y Flores bajo custodia federal en Manhattan desde enero tras su captura por fuerzas estadounidenses, sigue avanzando en la etapa previa al juicio. El tribunal aún debe resolver este punto clave sobre el acceso a los elementos probatorios, y una decisión en este sentido podría influir directamente en el desarrollo del proceso. Así, afectaría las posibilidades de defensa de los acusados.
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