“Los pocos o muchos ahorros que se pudieron haber tenido, se están agotando y estamos cayendo en una condición de precariedad”, afirma Vilma Vargas, abogada en ejercicio. Parte del gremio en Ciudad Guayana se concentró a las afueras del Palacio de Justicia en Puerto Ordaz, para exigir el derecho al trabajo que, en medio de las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, ha paralizado al menos en 90% el sistema judicial en Venezuela.
“Traemos una serie de propuestas para procurar el reinicio parcial, con todas las limitaciones y cumplimiento de protocolos de seguridad, del acceso a la justicia. Los abogados estamos sin trabajo y no tenemos un sistema de seguridad social que nos ampare, a la mayoría de nosotros no nos llega bonos ni ningún tipo de beneficio, excepto lo que uno genera día a día con su ejercicio de la profesión”, reiteró Vargas.
La paralización del sistema judicial afecta también al ciudadano que requiere acceso a la justicia, incluso la persona que está siendo procesada.
“Consideramos que en notarías y registros también se pueden implementar formas de tener acceso y no tener paralizada la administración de justicia, y que la ciudadanía pueda ver que la resolución de su conflicto va medianamente en camino”, sostuvo la abogada.
Félix Istúriz, presidente del Colegio de Abogados en Bolívar, destacó que si bien entienden que las restricciones obedecen a un decreto constitucional, no deja de ser una realidad la necesidad de sustento económico, para al menos comprar alimentos.
“Entendemos que desde el TSJ se ratifica la suspensión de actividades tribunalicias, pero no es óbice para plantearnos la posibilidad de un pequeño espacio a ver si litigamos, y no hablamos específicamente de la parte penal, para nosotros es igual un abogado que litigue en protección de niños y adolescentes, como penal o civil, y no es un problema solo de los abogados sino de toda Venezuela”, manifestó.
Espera que las autoridades judiciales consideren sus planteamientos, ya que “si no trabajamos no comemos, los días transcurre y la acefalía de trabajo provoca un déficit económico que a todos nos está marchitando”.
Entrega de documento
Antonio Jaimes, abogado litigante, señaló que la idea es hacer un puente con la rectora del circuito, Mercedes Sánchez, y el presidente del Circuito Penal en Bolívar, Hernán Bogarín, a fin de que observen sus inquietudes y preocupaciones.
“Tenemos una serie de planteamientos que hacerles, los cuales plasmaremos en un documento para que lo tomen en consideración, a fin de que podamos concertar o viabilizar soluciones para desenvolver nuestro trabajo normalmente”, explicó Jaimes.
De las tres etapas del ejercicio penal: detención y audiencia de presentación, audiencia preliminar y audiencia de juicio, solo se está ejecutando la primera, el resto del proceso está paralizado.
“Quienes tienen revisiones de medidas, presentaciones de pruebas, todo el resto del proceso penal está paralizado. Los otros procedimientos, que si civiles, laborales, protección del niño y adolescente, mercantil, administrativo también está paralizado”, afirmó la abogada Vilma Vargas.
Aunque se ha hablado de hacer audiencias por videoconferencias, al menos en Ciudad Guayana no se ha puesto en práctica esta opción.
Jhoalys Siverio
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