Hay libros que uno lee por interés histórico y otros que terminan explicando el presente. Mi experiencia al leer La omnipotencia del Estado, de Juan Bautista Alberdi, pertenece a esta segunda categoría.
Aunque fue escrita en el siglo XIX, tuve la sensación de estar leyendo una descripción de muchos de los problemas que han marcado la historia contemporánea de Venezuela.
La obra no solo constituye una crítica a la expansión ilimitada del poder político, sino también una advertencia sobre el destino de las sociedades que permiten que el Estado sustituya progresivamente a la libertad de los ciudadanos. Desde las primeras páginas advierto que Alberdi no estaba cuestionando la existencia del Estado como institución necesaria para garantizar el orden jurídico.
Su preocupación era otra: el peligro de que el poder político dejara de estar limitado por la Constitución y por los derechos individuales para convertirse en un fin en sí mismo.
Cuando el Estado deja de ser un instrumento al servicio de la sociedad y comienza a considerarse superior a ella, nace aquello que Alberdi denomina la «omnipotencia del Estado».
Al leer estas ideas fue imposible no pensar en Venezuela. Durante décadas hemos visto cómo el poder público ha ido absorbiendo competencias, recursos económicos e incluso espacios de la vida privada que anteriormente pertenecían a los ciudadanos.
Lo que inicialmente se presentó como una ampliación de las responsabilidades estatales terminó transformándose en una concentración extraordinaria de poder político.
Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue que Alberdi insiste en que el crecimiento del Estado suele justificarse con nobles intenciones.
Se promete igualdad, justicia social, seguridad o prosperidad. Sin embargo, cuando el poder deja de tener límites efectivos, esas promesas terminan convirtiéndose en mecanismos de legitimación de un aparato estatal cada vez más grande y menos controlado.
Esa reflexión resulta particularmente significativa para comprender la evolución institucional venezolana. Durante muchos años el discurso político venezolano sostuvo que el Estado debía intervenir en prácticamente todos los ámbitos de la economía y de la sociedad.
Poco a poco el gobierno pasó de ser árbitro a convertirse en empresario, planificador, distribuidor de riqueza, propietario de empresas, regulador absoluto e incluso intérprete exclusivo del interés nacional. En la práctica, esa expansión redujo los espacios de libertad individual y debilitó progresivamente las instituciones encargadas de controlar el ejercicio del poder.
Mientras avanzaba en la lectura comprendí que Alberdi no veía el problema únicamente desde una perspectiva económica. Su preocupación fundamental era política y moral. Cuando los ciudadanos comienzan a depender excesivamente del Estado, también disminuye su autonomía.
La responsabilidad personal, la iniciativa privada y la sociedad civil pierden protagonismo frente a una burocracia que decide cada vez más aspectos de la vida cotidiana.
Esta idea me pareció especialmente vigente para analizar la crisis institucional venezolana. La concentración del poder no solo afectó la economía mediante controles, expropiaciones y restricciones al mercado. También debilitó la independencia judicial, redujo los mecanismos de control parlamentario y limitó la autonomía de numerosos organismos públicos.
El resultado fue una progresiva erosión del Estado de Derecho. En el prólogo reciente de esta obra, el profesor Alberto Benegas Lynch (h) destaca precisamente la actualidad del pensamiento alberdiano y subraya que la defensa de la libertad individual constituye el núcleo del constitucionalismo liberal de Alberdi.
Su introducción invita a comprender que la advertencia contra la omnipotencia estatal conserva plena vigencia porque el poder tiende naturalmente a expandirse cuando no encuentra límites institucionales sólidos.
Esa observación sirve como una excelente guía para interpretar el libro desde los desafíos contemporáneos de América Latina y, particularmente, desde la experiencia venezolana. Alberdi parece recordar constantemente que las constituciones no se redactan para proteger a los gobiernos, sino para proteger a los ciudadanos frente a los gobiernos.
Esa diferencia es fundamental.
Una Constitución pierde su esencia cuando deja de limitar el poder político y pasa a convertirse únicamente en un instrumento para legitimar las decisiones del propio Estado.
Mientras leía el texto pensé repetidamente que buena parte de la tragedia venezolana puede entenderse precisamente como el abandono de ese principio. Las instituciones dejaron de funcionar como límites efectivos al poder y comenzaron a responder crecientemente a la voluntad del Ejecutivo.
El resultado fue un proceso de concentración institucional que afectó el equilibrio entre los distintos poderes públicos. Otro aspecto que encontré particularmente interesante fue la defensa que hace Alberdi de la propiedad privada. No la presenta únicamente como un derecho económico, sino como una garantía esencial de independencia personal.
Cuando el Estado controla los medios de producción o dispone arbitrariamente del patrimonio de los ciudadanos, también aumenta su capacidad para condicionar las decisiones individuales.
La experiencia venezolana ofrece numerosos ejemplos de esta realidad. Las expropiaciones, las ocupaciones temporales, los controles de precios y las crecientes restricciones económicas generaron un ambiente de inseguridad jurídica que terminó afectando la inversión, el empleo y la productividad. Pero, además, fortalecieron la dependencia de amplios sectores sociales respecto del propio aparato estatal.
En mi lectura encontré igualmente una enseñanza importante sobre el lenguaje político. Alberdi advierte que muchas veces los gobiernos justifican el aumento del poder utilizando conceptos amplios como pueblo, justicia o interés general. El problema aparece cuando esos términos dejan de tener límites jurídicos claros y pasan a depender exclusivamente de la interpretación de quienes ejercen el poder.
Ese fenómeno también resulta familiar para cualquier venezolano.
Expresiones como soberanía popular, revolución o interés nacional fueron utilizadas durante años para justificar decisiones que redujeron las libertades individuales y debilitaron las instituciones republicanas. Alberdi ayuda a comprender que el verdadero problema no reside en las palabras, sino en la ausencia de controles sobre quienes las utilizan. Una de las mayores virtudes de esta obra consiste en que evita caer en simplificaciones.
Alberdi no propone la desaparición del Estado. Reconoce plenamente la necesidad de un gobierno capaz de garantizar la seguridad, administrar justicia y proteger los derechos individuales.
Lo que rechaza es la transformación del Estado en un poder ilimitado que absorba funciones propias de la sociedad civil.
Esta distinción me parece especialmente importante en el contexto venezolano. La solución a la crisis institucional no pasa por eliminar al Estado, sino por reconstruir un Estado constitucional sometido al derecho, con instituciones independientes, respeto efectivo a la propiedad privada, división de poderes y garantías para el ejercicio de las libertades civiles y económicas.
Al terminar el libro tuve la impresión de haber leído una advertencia que América Latina aún no ha terminado de escuchar. Alberdi comprendió que las amenazas contra la libertad no siempre provienen de invasiones extranjeras o de conflictos militares. Muchas veces nacen dentro de las propias instituciones cuando el poder deja de reconocer límites. Desde la perspectiva venezolana, La omnipotencia del Estado adquiere una vigencia extraordinaria.
No es únicamente un texto de teoría política; constituye una herramienta para comprender cómo la concentración progresiva del poder puede deteriorar las bases de una república.
La experiencia reciente de Venezuela demuestra que las instituciones son mucho más frágiles de lo que suelen parecer y que la defensa de la libertad exige controles permanentes sobre quienes gobiernan.
Concluí la lectura convencido de que Alberdi continúa dialogando con nuestro tiempo. Su mensaje central sigue siendo profundamente actual: la prosperidad, la justicia y el desarrollo solo pueden sostenerse cuando el poder político permanece sometido al derecho y cuando los ciudadanos conservan espacios reales de libertad frente al Estado.
Desde la realidad venezolana, esa lección no solo tiene valor histórico; representa también una reflexión indispensable para pensar la reconstrucción institucional del país.
Gervis Medina
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