En un nuevo indicio del profundo desgaste interno que atraviesa la Fuerza Armada de Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó extender de forma obligatoria el tiempo de servicio.
Esto aplica para los efectivos profesionales que están próximos al retiro. Estos deberán permanecer un año adicional en la institución militar.
La disposición fue comunicada el 9 de junio a través de un radiograma oficial, al que tuvo acceso la prensa en Miami.
La medida ha encendido alarmas entre analistas y ex oficiales. Ellos advierten que la medida no solo podría aumentar el malestar dentro del cuerpo castrense, sino que también confirma la magnitud del problema de deserciones que afecta a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Se debe extender un año de servicio al personal militar de tropa profesional de todos los componentes… El no cumplimiento de la misma acarreará sanciones disciplinarias”, establece el documento, dirigido a todas las unidades y niveles jerárquicos de la institución.
La orden afecta a quienes ya han cumplido los 33 años de servicio y deberían estar en condiciones de retirarse.
Para expertos militares, la decisión refleja una grave crisis de personal. También muestra una creciente desesperación dentro del alto mando militar por evitar el colapso funcional de la FANB.
“Esto demuestra que no hay suficiente gente entrando a las Fuerzas Armadas. Hay un altísimo índice de deserciones o solicitudes de baja. Por eso ahora obligan a quienes están por retirarse a quedarse más tiempo”, explicó el teniente retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina.
Aunque no existen cifras oficiales, estimaciones independientes apuntan a que la FANB podría estar perdiendo entre 800 y 1,000 efectivos anualmente.
Esto se debe a renuncias, deserciones y licencias sin retorno. Una tendencia que se ha generalizado más allá de la Guardia Nacional —tradicionalmente la más afectada— y se extiende ahora al Ejército, la Armada y la Aviación.
El descontento es alimentado principalmente por las precarias condiciones económicas que enfrentan la mayoría de los efectivos y los oficiales, salvo que estén inmersos en actividades criminales o de corrupción.
“Un oficial subalterno gana alrededor de $40 al mes, mientras que un general puede llegar a $130. Es imposible mantener a una familia con eso, a menos que participen en operaciones ilegales”, denunció Colina.
Esta brecha entre la élite militar involucrada en operaciones ilícitas y el resto del cuerpo castrense ha intensificado la desmoralización interna.
Mientras los altos mandos gozan de privilegios y en muchos casos están implicados en redes de corrupción. Estas redes están vinculadas al contrabando, el narcotráfico y la extorsión. La tropa sobrevive con sueldos miserables, alimentación deficiente y condiciones de vida insalubres.
“La moral está por el suelo. Los oficiales y soldados sienten que están atrapados. Si intentan irse, son sancionados. Si se quedan, lo hacen obligados y en condiciones deplorables”, afirmó Colina.
La FANB, que en otras épocas era una de las instituciones más respetadas del país, enfrenta hoy un creciente rechazo social.
Muchos venezolanos consideran que ha dejado de ser garante de los valores republicanos para convertirse en el principal sostén armado del régimen de Nicolás Maduro.
El reciente radiograma no solo expone una crisis interna sin precedentes. También revela la estrategia de coerción del alto mando para frenar el éxodo militar. La amenaza de sanciones disciplinarias para quienes no acaten la orden de permanencia forzada refleja la falta de alternativas reales para mantener la operatividad institucional.
“El nivel de descontento es enorme. Ya la Fuerza Armada dejó de ser la estructura moral del país y pasó de ser una de las instituciones más admiradas y de mayor prestigio. Ahora se ha convertido en una agrupación odiada y rechazada por la sociedad venezolana”, advirtió Colina.
Fuente El Nuevo Herald
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