A las seis de la tarde, el skyline de Caracas se apaga por tramos. No es un apagón súbito, sino una coreografía gris que los vecinos de Petare conocen de memoria: primero parpadea la nevera, luego el router, después el ascensor. En los edificios de oficinas de Chacao, los generadores diésel tosen y arrancan, quemando un combustible que el país produce pero que, en un giro que resume la paradoja venezolana, a veces escasea para mantener las luces encendidas. Venezuela no está en tinieblas por falta de recursos. Está en penumbra por falta de un interruptor que Estados Unidos tiene a su alcance y decide no accionar con la urgencia que la crisis exige.
La crisis eléctrica venezolana de 2026 no es un accidente climático ni un simple legado de mala gestión. Es el resultado de una década de desinversión, de un parque termoeléctrico que opera por debajo del 15% de su potencial y de un Guri que funciona al 60% de su capacidad, con siete de sus veinte turbinas fuera de servicio. El déficit de generación se ha multiplicado por siete desde 2024, hasta superar los 3.200 megavatios en horas punta, mientras la demanda roza los 15.000 MW y la oferta disponible apenas alcanza los 12.500. El resultado es una vida cotidiana fracturada: el 62,8% de los hogares sufre cortes diarios, frente al 37,1% de 2024, y casi un 30% soporta apagones de cuatro a cinco horas consecutivas. Casi medio millón de venezolanos ha abandonado el mercado laboral formal, no por falta de empleo, sino porque sin electricidad estable no hay taller, ni oficina, ni comercio que funcione.
Sobre el papel, Washington ha hecho mucho. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, la OFAC emitió una cascada de licencias que flexibilizaron las sanciones sobre el petróleo, el gas y, significativamente, el sector eléctrico. Empresas como Chevron, Repsol, Shell, BP y Eni recibieron autorizaciones para operar, y se permitió la exportación de tecnología y repuestos para la red eléctrica. En septiembre, la administración Trump anunció con bombo y platillo una “alianza estratégica” entre PDVSA y la estadounidense GE Vernova para estabilizar el sistema eléctrico nacional en un plazo de seis a doce meses, con la promesa de incorporar un gigavatio de capacidad en dos años y cinco más en los cuatro siguientes. El secretario de Energía, Chris Wright, llegó a decir que la relación iba “más allá de la economía” y que se trataba de “construir un futuro más sólido para ambos países”.
Pero el entusiasmo oficial se estrella contra la realidad de los contratos y los pagos. A finales de octubre, el CEO de GE Vernova, Scott Strazik, confirmó lo que los apagones ya gritaban en las calles: la empresa había completado la ingeniería, seleccionado a los contratistas, pero no había colocado ni un solo pedido de obra porque Venezuela no había pagado. “Este no es un entorno de mercado en el que vayamos a actuar sin recibir el pago antes de comenzar a realizar el trabajo”, dijo Strazik. La reparación de la red, la intervención más concreta y publicitada por Washington para aliviar la crisis, está paralizada en un limbo burocrático y financiero. El gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por la Casa Blanca, se ve presionado para mantener las luces encendidas mientras reestructura sus procesos para hacer negocios con empresas internacionales.
La paradoja se agrava cuando se mira el sector que supuestamente debía financiar la recuperación. La producción petrolera ha crecido —de 924.000 barriles diarios en enero a más de 1,2 millones en agosto—, pero ese petróleo no puede fluir sin electricidad. La industria de los hidrocarburos exige entre 1.200 y 1.700 megavatios continuos e ininterrumpidos; racionarlos es invitar a catástrofes operativas. Los ejecutivos petroleros que se reunieron en la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Caracas en septiembre fueron explícitos: la inestabilidad eléctrica es el principal obstáculo para las inversiones de hasta 100.000 millones de dólares que Washington quiere atraer para reconstruir la industria. Varias compañías han presentado proyectos para capturar el gas que hoy se quema y convertirlo en electricidad, pero ninguno ha comenzado. Venezuela desperdicia cerca de 2.000 millones de pies cúbicos diarios de gas asociado, un volumen suficiente para alimentar a todo el occidente del país.
¿Por qué Estados Unidos, que tiene la capacidad técnica, las empresas y el interés estratégico, no cierra la brecha? Las razones se entrelazan en una madeja de cálculo político, prioridades desalineadas y una burocracia que privilegia a los grandes operadores sobre los que están dispuestos a ensuciarse las botas. Dentro de la propia administración Trump, el Departamento de Energía ha sido acusado de favorecer a las majors —Exxon, ConocoPhillips— frente a los wildcatters estadounidenses, las petroleras independientes que llevan meses listas para actuar pero que se han topado con condiciones onerosas y una desventaja competitiva frente a las extranjeras que “estaban en la cama con Maduro”. “Estamos meses atrás. Ya estaríamos extrayendo petróleo si nos hubieran dado la mitad de las concesiones que les dieron a las majors”, se lamentó un ejecutivo de una de esas firmas.
El resultado es una política energética que funciona a dos velocidades: licencias sobre el papel, promesas en los titulares, pero una ejecución que se atasca en la primera factura. Mientras tanto, la crisis eléctrica se ha convertido en el principal cuello de botella para la recuperación económica, y el propio crecimiento que se busca puede agravarla: un aumento de la actividad elevaría el consumo y ampliaría la brecha entre demanda y generación disponible. Los expertos calculan que rehabilitar el sistema eléctrico requiere entre 15.000 y 40.000 millones de dólares y un plan maestro de hasta diez años. La única gran reparación a la vista es una unidad de 600 megavatios que una empresa china está probando en virtud de un contrato que data de 2010, un recordatorio incómodo de que otros actores, con menos aspavientos, siguen presentes.
La salida no exige un giro geopolítico dramático, sino una decisión de prioridades. Washington podría desbloquear el primer tramo de financiación para las reparaciones de GE Vernova —o garantizar los pagos a través de un mecanismo escrow—, condicionándolo a hitos verificables de recuperación de megavatios. Podría agilizar las licencias y los contratos para los wildcatters que ya tienen los equipos y la disposición de operar, en lugar de esperar a que las majors se decidan. Y podría integrar la recuperación eléctrica en el acuerdo energético bilateral como una condición sine qua non: no hay petróleo sin luz, y no hay luz sin un flujo financiero que hoy no existe. El secretario Wright habló de un “futuro binacional”. La prueba de que ese futuro es real no será un comunicado conjunto, sino el momento en que un taller de Petare pueda encender una soldadora a media tarde sin mirar el reloj con ansiedad.
Venezuela tiene el petróleo, el gas y la urgencia. Estados Unidos tiene la tecnología, las empresas y el interés declarado. Lo que falta no es un recurso, sino la voluntad de conectar los cables. Mientras esa conexión no se produzca, el país seguirá viviendo a medio voltaje, y la promesa de reconstrucción se quedará, como tantas otras, en la penumbra de un contrato sin firmar.
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