Hoy, en algún lugar de Sant Pere de Ribes, Barcelona, una joven de 25 años cerrará los ojos para siempre. Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia que ha reclamado durante dos largos años de batallas judiciales, de enfrentamientos con su propia familia, de una soledad que el sistema sanitario no supo o no quiso aliviar.
La historia de Noelia es la historia de un fracaso. No el suyo, sino el nuestro. El de un sistema que prefiere financiar fundaciones políticas, subvencionar estudios faraónicos sin destino y mantener un ejército de cargos de confianza antes que invertir en salud mental. El de unas administraciones que destinan a esta área menos del 2% del gasto sanitario mientras las listas de espera se alargan hasta la desesperación. El de una sociedad que prefiere etiquetar como «libre decisión» lo que quizás nunca fue más que la última salida cuando todas las puertas estaban cerradas.
Noelia quedó parapléjica en 2022 tras saltar desde un quinto piso. Poco antes, había sufrido una agresión sexual múltiple. Dos tragedias que suceden a diario, dos heridas que el sistema de salud mental debería haber tenido los recursos para atender. Pero en España, como en la mayor parte del mundo, la salud mental sigue siendo la gran olvidada: más de 1.000 millones de personas en el planeta viven con un trastorno mental, los trastornos de ansiedad en jóvenes han aumentado un 70% desde 2010.
Mientras tanto, la inversión mundial en salud mental apenas representa el 2,1% de los presupuestos sanitarios. En España, el Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027 apenas cuenta con 39 millones de euros para todo el territorio nacional durante tres años. Una cantidad ridícula que, comparada con el despilfarro político que detallaremos a continuación, revela con crudeza dónde están las verdaderas prioridades de quienes nos gobiernan.
El pasado noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para 2026: 212.026 millones de euros, el más alto de la historia, un 8,5% más que el año anterior . El Gobierno calificó estas cuentas de «expansivas» y con margen para «mejorar las partidas sociales» . 212.000 millones de euros.
Y, sin embargo, para la salud mental apenas hay 39 millones en tres años. 13 millones al año. El 0,006% del techo de gasto.
No es que falte dinero. Es que sobra indiferencia. Y sobra, sobre todo, clientelismo.
En 2018, el Parlamento Europeo publicó un informe estremecedor: España perdía 90.000 millones de euros al año en corrupción . 90.000 millones. Una cifra que multiplica por más de 2.300 el presupuesto estatal para salud mental. Nóminas de personas que no deberían estar, contratos amañados, adjudicaciones a dedo, sobrecostes inasumibles.
Pero la corrupción es solo la punta del iceberg. Debajo, mucho más extensa, se encuentra la capa de grasa clientelar que alimenta el sistema político español. Un presidente autonómico confesaba recientemente, según publicó El Confidencial, que cuando llegó al cargo «tuvo que nombrar a 480 personas» . Cargos de confianza, asesores sin cualificación, personal eventual que engorda las nóminas públicas no para mejorar los servicios, sino para pagar favores políticos.
¿Cuánto cuestan esos 480 cargos? ¿Cuántas camas de hospital psiquiátrico, cuántos psicólogos clínicos, cuántas terapias intensivas podrían financiarse con lo que se gasta en mantener una estructura de poder que solo sirve para que «gente de carnet se sienta importante»?
El mismo artículo citado denuncia que España mantiene «un cofre del tesoro intacto que nos daría margen presupuestario» si nos atreviéramos a abrirlo: el coste del clientelismo político. «Todo ese coste adicional que los partidos políticos ponen sobre los servicios públicos en forma de sueldos de gente de carnet que no necesitamos, que no son sueldos de funcionarios o expertos, sino sueldos para gente que no sabe nada de lo que supone que se ocupa» .
Mientras Noelia es abandona a su suerte es ignorada, el Boletín Oficial del Estado publicaba un real decreto del Ministerio de Cultura y Deporte concediendo 350.000 euros en ayudas directas para fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos .
El PSOE recibió 89.273 euros. El PP, 73.190. Vox, 54.434. Podemos, 34.455. Teruel Existe, 294 euros .
El objeto de estas subvenciones, según reza el decreto: financiar «programas de investigación, cursos, seminarios y conferencias; actividades de formación; exposiciones, congresos y reuniones; la creación y mantenimiento de centros de documentación; edición de publicaciones en cualquier soporte, así como cualquier otra dirigida a la realización de actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social» .
350.000 euros para que los partidos políticos se estudien a sí mismos, se piensen a sí mismos, se expliquen a sí mismos.
¿Cuántos psicólogos clínicos podrían contratarse con 350.000 euros? Un psicólogo clínico en el sistema público tiene un coste aproximado de 60.000 euros anuales entre salario y cargas sociales. Con lo que se gasta en subvencionar el «pensamiento político» de las fundaciones, podríamos tener seis psicólogos más. Seis profesionales que podrían haber atendido a Noelia, a otros como ella, a tantos que hoy esperan en listas de espera de tres meses.
Y esto es solo una partida menor, un ejemplo de cómo el dinero público se desvía hacia lo superfluo mientras lo esencial se desangra.
En Melilla, el Partido Socialista denunciaba que los presupuestos de la Ciudad se centran en «publicidad, en un modelo de Juego Online y una agencia pública de Innovación», calificando el modelo de «grandilocuente e insuficiente» y de «dar la espalda a la ciudadanía» .
El diputado socialista Riduan Moh hablaba de «clientelismo político» y de «ninguneo» a la oposición y a la ciudadanía, lamentando que la Economía defendida por la Administración melillense en el modelo presupuestario se centre en estas áreas en lugar de favorecer Vivienda y Empleo .
Una Ciudad Autónoma que prioriza la publicidad y el juego online sobre las necesidades sociales. Un síntoma, otro más, de un sistema que prefiere el ruido mediático y las actividades superficiales antes que la inversión silenciosa y profunda que requiere la salud mental
En octubre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley ELA, una enfermedad terrible que merece toda la atención. Sin embargo, la ley fue aprobada sin la correspondiente financiación asignada. Un gesto político, una foto, un titular. Pero sin los recursos, sin los psicólogos, sin las plazas, sin la estructura.
La salud mental lleva décadas en esa misma situación. Anuncios, promesas, planes estratégicos. Pero a la hora de ejecutar los presupuestos, el dinero se va a otras cosas. A mantener el aparato del partido. A subvencionar fundaciones afines. A crear observatorios cuya función nadie sabe bien cuál es. A pagar los sueldos de los 480 cargos de confianza que cada nuevo gobierno «tiene que nombrar».
El informe de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo estimaba que España perdía 90.000 millones al año en corrupción . Esa cifra es casi cuatro veces el presupuesto total anual del Ministerio de Sanidad. Si solo una fracción de ese dinero se hubiera destinado a salud mental, Noelia no estaría hoy en una sala de eutanasia.
Pero no hace falta llegar a la corrupción. Basta con mirar el despilfarro legal, el que se hace en nombre de la política, el que se justifica como «gastos de funcionamiento» o «actividades de estudio del pensamiento político».
En 2022, los partidos políticos recibieron 13,5 millones de euros en subvenciones trimestrales para gastos de funcionamiento ordinario . A eso se sumaron los 350.000 euros para fundaciones. A eso se suman los sueldos de los cargos de confianza, los asesores, los personal eventual. A eso se suman las partidas para publicidad institucional que en muchas ocasiones no informa, sino que ensalza la gestión del gobierno de turno.
Si se eliminara la capa de grasa clientelar que, según fuentes citadas por El Confidencial, «se puede eliminar sin que se resienta ni un ápice el Estado de bienestar» , tendríamos margen para financiar la salud mental como se merece.
Noelia ya no escuchará los anuncios de nuevos planes de salud mental. Tampoco escuchará las promesas de que «este año sí» se reforzará la partida. Porque quienes han decidido estos presupuestos, quienes han priorizado las fundaciones políticas y los cargos de confianza sobre la salud mental, no darán hoy la cara. No explicarán por qué el dinero estaba en la nómina de un asesor sin cualificación en lugar de en la consulta de un psicólogo clínico.
El conseller de Salud de la Generalitat dice que los presupuestos de 2026 permitirán «consolidar un modelo comunitario» en salud mental. La consejera de Asturias afirma que su departamento «reforzará las tres líneas estratégicas». En Canarias prometen «robustecer la red». Palabras. Siempre palabras. Mientras las cifras hablan de 39 millones estatales para tres años, de 589 millones autonómicos frente a 5.993 para hospitales, de 21 plazas nuevas en Asturias cuando se necesitan cientos.
Y mientras tanto, las subvenciones a fundaciones políticas siguen su curso. Los 480 cargos de confianza siguen cobrando. Las partidas de publicidad siguen creciendo. La maquinaria clientelar sigue girando, ajena al sufrimiento de quienes, como Noelia, quedaron atrapados en las grietas de un sistema que no supo —o no quiso— sostenerlos.
Hoy, en Sant Pere de Ribes, no habrá celebraciones. Solo el silencio de una vida que se apaga. Y, si miramos con honestidad, el reflejo de un sistema que falló en lo más esencial: estar ahí cuando más se le necesitaba.
Queda, por tanto, el peso sobre nuestras conciencias. Porque Noelia, en sus últimas palabras públicas, nos recordó algo esencial: el sufrimiento de una persona no puede ser siempre el último en la lista de prioridades. «Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir». Ojalá hubiera podido decir, en cambio: «Quiero vivir en paz y dejar de sufrir». Pero para eso, alguien tendría que haber destinado los recursos necesarios antes de que fuera demasiado tarde.
Y los recursos estaban. Están. Pero están en los sueldos de los cargos de confianza, en las subvenciones a las fundaciones políticas, en la publicidad institucional, en los estudios faraónicos, en la corrupción que se lleva 90.000 millones al año, en la capa de grasa clientelar que ningún gobierno se atreve a eliminar porque de ella viven.
Descanse en paz, Noelia. Y ojalá tu partida nos obligue a preguntarnos por qué el dinero nunca está para sostener vidas, pero siempre aparece para financiar el clientelismo político.
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