«Ejercer el principio de ciudadanía activa nos llevará a crecer como sociedad y, sobre todo, alejarnos del estigma de pueblo que tanto nos minimiza socialmente».
Y comienzo con esa frase de mi autoría porque es innegable que la migración de la vieja Asociación de Vecinos hacia el Consejo Comunal no fue un simple cambio de nombre. Fue una transformación implulsada desde y por el poder político y, por ende, cargada de su propia ideología.
Esta nueva estructura territorial, aunque jurídicamente poderosa y dotada de capacidad de gestión y presupuesto (algo que las viejas asociaciones envidiaban), se consolidó rápidamente bajo la égida de un proyecto político específico bajo el lema «Comuna o nada».
El resultado lo vemos en cada esquina: lo que nació con vocación de ser el auténtico músculo de la soberanía popular se percibe, en muchos casos, como una extensión operativa de un partido.
Esta realidad, lamentablemente, ha generado una frontera invisible en el barrio. Muchos ciudadanos, valiosos líderes naturales, se autoexcluyen de estos espacios al creer que, para participar en la Unidad de Contraloría Social o postularse a la Unidad Ejecutiva, deben antes «pasar por taquilla» o renunciar a su pensamiento crítico.
Pero es precisamente en el Marco Legal donde encontramos el antídoto contra esta partidización excluyente, porque si revisamos la Ley Orgánica de los Consejos Comunales o la Ley Orgánica de las Comunas, el espíritu de las mismas no admite vetos.
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales, por ejemplo, establece que la Asamblea de Ciudadanos –la máxima instancia de decisión y participación– está abierta a cualquier persona mayor de 15 años residente en el área. Bajo este principio la ley es clara: la participación comunal es un derecho territorial y no un privilegio ideológico.
Al no exigir un carné político, estos espacios están legalmente diseñados para ser foros plurales donde lo único que debe importar es la solución de los problemas del barrio.
El verdadero desafío de la democracia participativa hoy no es crear más leyes, sino hacer cumplir el espíritu de las que ya existen.
Es por esto que los Consejos Comunales y las Comunas, más allá de la coyuntura política que permitió su auge, son, por su naturaleza jurídica, la plataforma más potente que tiene el ciudadano para ejercer control social, planificar el desarrollo local e incidir directamente en el presupuesto. Son, de hecho, el espacio constitucional para el cogobierno desde la base.
Es urgente que, como ciudadanos, reclamemos el espacio que la ley nos otorga. Exigir que la participación sea genuinamente plural, que la Asamblea de Ciudadanos deje de ser una caja de resonancia y se convierta en un foro de debate real donde el único norte sea consolidar la calidad de vida de nuestro espacio geográfico y que, como una piedra que cae en el agua, vaya creando una onda que se extienda a las comunidades vecinas y sea la comuna la que se convierta en referencia.
Es nuestro deber no caer solo en la participación pasiva de la ciudadanía al ejercer cada cierto tiempo nuestro voto. Es momento de hacerla activa y verificar si nuestros consejos comunales tienen las vocerías vigentes, porque la misma ley establece que cada tres años deben realizarse elecciones y realizar un censo en el espacio territorial para incluir a todos aquellos mayores de 15 años.
La ley ya nos dio el paraguas. Depende de nosotros salir a la calle y usarlo, dejando a un lado la retórica de la exclusión y abrazando la potente verdad legal: la participación comunal es un derecho territorial, no un privilegio político.
Sandy Ulacio
Periodista
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