Si hubiera una medalla para la hipocresía política, o para el desdén por los derechos humanos, habría que dárselas a los presidentes de México y Argentina por su vergonzosa respuesta a las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba. En lugar de pedir la protección de la libertad de expresión, están defendiendo una de las dictaduras antiguas y represivas del mundo.
Los presidentes populistas Andrés Manuel López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina están entre los pocos líderes del continente – sin contar a los dictadores izquierdistas de Venezuela y Nicaragua y al presidente de Bolivia – que de hecho se pusieron del lado de la dictadura cubana.
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Perú, entre otros, condenaron la represión contra las masivas manifestaciones pacíficas en Cuba. Incluso el gobierno socialista de España exigió que Cuba respete el derecho fundamental de su pueblo a participar en manifestaciones “libres y pacíficas”.
Pero López Obrador y Fernández, quienes a menudo coordinan su política exterior, se hicieron eco de la absurda afirmación del régimen cubano de que las mayores protestas sociales de Cuba en las últimas décadas fueron culpa de Washington. Al menos un manifestante murió y más de 140 personas fueron arrestadas o “desaparecidas”, según grupos de derechos humanos.
En la histórica manifestación del domingo, los manifestantes marchaban por las calles coreando “Patria y Vida” (¡Patria y vida!), en respuesta al lema “Patria o Muerte!” del fallecido dictador Fidel Castro. Los manifestantes protestaban por el mal manejo del régimen de la pandemia de COVID-19, el desmoronamiento del sistema hospitalario, la escasez de alimentos, los cortes de electricidad y la falta de libertades básicas.
Pero López Obrador se negó a condenar la represión policial cubana, diciendo que “si de verdad se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo”. Agregó que el pueblo cubano debe elegir su destino, libre de presiones externas.
El presidente Fernández, de Argentina, dijo más o menos lo mismo. “Yo no sé qué está pasando, pero terminemos con los bloqueos”, dijo Fernández, como si no hubiera leído los titulares de primera plana sobre Cuba en los periódicos de su propio país.
Pero los argumentos de López Obrador y Fernández, que han sido repetidos por la izquierda jurásica desde hace décadas, suenan más absurdos que nunca.
Primero, técnicamente no hay un “bloqueo” contra Cuba. Existe un embargo desde 1962 sobre el comercio de Estados Unidos a Cuba que fue impuesto por Washington tras la expropiación de empresas estadounidenses en Cuba.
Pero, independientemente de que muchos lo veamos como contraproducente, no es un bloqueo naval de la isla. Cuba comercia actualmente con 70 países, según cifras del gobierno cubano.
Y el embargo tiene tantas excepciones, que Estados Unidos es uno de los 15 socios comerciales más grandes de Cuba, y es el mayor proveedor de alimentos y productos agrícolas a la isla, segun cifras del Departamento de Estado.
En segundo lugar, con respecto a la afirmación de que es el “pueblo cubano” quien debe determinar su destino, por supuesto que debe ser así. Pero es la dictadura cubana, no Washington, quien no permite que el pueblo cubano decida su propio futuro, al negarle el derecho básico a elecciones libres.
En tercer lugar, cabe señalar que López Obrador y Fernández han condenado el uso excesivo de la fuerza policial en Colombia, un país que tiene elecciones libres, pero no dicen nada sobre el uso excesivo de la fuerza policial en una dictadura como Cuba.
“Parece que para López Obrador y Fernández debería haber derechos humanos para las víctimas de la represión policial en Colombia o Chile, pero no para las víctimas de la represión policial en Cuba o Nicaragua”, dice Santiago Canton, experto en estado de derecho del centro de estudios Diálogo Interamericano en Washington DC. “Claramente, para ellos, los derechos humanos son solo para aquellos que piensan como ellos”.
Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que los grupos internacionales de derechos humanos deberían comenzar a dar premios a la hipocresía política. Y los presidentes de México y Argentina deberían estar entre los principales contendientes.
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