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Opinión

¿Cómo impedir el Estado Comunal? Por Antonio José Monagas

Bancamiga

El análisis al que ha de corresponder la siguiente disertación, partirá del escenario en el que la democracia haya comenzado a debilitarse como sistema político. Así podría asumirse que tan arduo problema, tiene entre sus causales el acaecimiento fraguado de un nuevo sistema político. Este, montado con la vehemencia y desespero de un poder político amparado en el miedo infundado en la población a través de amenazas de riesgosas incidencias.

Aunque pareciera inconcebible, es el caso de Venezuela. Contrariada realidad, pero duramente cierta. El régimen, por donde se vea, está forzando el cambio de la institucionalidad sobre la cual descansa el “Estado democrático y social de Justicia y de Derecho” que manifiesta la Constitución de la República en su segundo artículo. Y es que en política hasta las estupideces y necedades humanas adquieren forma doctrinaria.

Esa desavenencia dialéctica, hace notar una seria depresión en la lógica política a la cual se apegó , en 1999, la redacción del texto constitucional venezolano. Y en lo específico, esto configura el intersticio que deja ver el problema al cual se aferra la absurda creación del patético “Estado Comunal”. Y que no es otra, entre distintas razones, que la gruesa pero a la vez delicada divergencia entre las acepciones politológicas de “democracia” y “república”.

Sin embargo, ahí no queda lo cuestionado. Se tienen otras causas que ponen al descubierto problemas diferentes. En consecuencia, es posible conseguir vacíos y exabruptos de naturaleza jurídica. Igualmente de índole cívico-moral, rayando con problemas de ciudadanía. Estos a su vez, rozan con problemas de ética pública y de conciencia. Incluso, con razones que comprometen los significados de libertad y derechos.

La explicación que daría con algunas pautas capaces de atajar la imposición de un Estado Comunal, tal como se presume a instancia del régimen, no es de fácil definición. Tampoco, de comprensión. Más, cuando se advierte que su instauración supone saltar por encima de distintas restricciones de toda razón y género. Entre otras, algunas marcadas por preceptos constitucionales. Otras en lo político, territorial, social, económico, cultural, administrativo y jurídico. Aunque también, algunas más referidas por aspectos que comprometen procesos de construcción de ciudadanía.

Así que al momento de buscar por dónde o cómo atajar las ínfulas de un Estado autoritario, azuzado por un totalitarismo tan peligroso como el proyecto ideológico-político que anima sus ejecutorias y proceso de elaboración y toma de decisiones, hace que su respuesta no sea de fácil delineación. Tampoco, de sencillo discernimiento o explicación. Algunas de sus vías conceptuales y operativas, lucen bastante complicadas. 

Su complicación se suscita en distintos ámbitos y diferentes momentos. Y es, precisamente, lo que debe ordenarse a fin de conciliar esfuerzos, conocimientos y manejo de la situación en análisis. Todo, desde la perspectiva de los recursos a emplear para ello. 

Primeramente, habría que consustanciarse con el abanico normativo. Revisar la actual Constitución, ofrece importantes vías que aluden al propósito de cómo atajar el Estado comunal. 

De ahí que el ordenamiento jurídico, determina valores, principios y mandamientos que no permitirían otro sistema político que no se corresponda con una sociedad en comunión con “la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” (Art. 3). Así como tampoco accedería la imposición de otro gobierno que no se atenga a condiciones distintas de las que caracteriza un gobierno “(…) participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (Art. 6). 

La Ley Orgánica de Comunas (D-2010) y su cuerpo de leyes, todas subversivas y sancionadas en medio de un proceso fosilizado y con vida fantasmagórica, destaca el objetivo de “desarrollar y consolidar el Estado comunal (…) para la construcción de la sociedad socialista” (Artículo 7-Parágrafo 1). Ninguna de tan obtusas leyes, concuerdan con la distribución funcional del poder. Tampoco, con el carácter federativo y descentralizado del Estado venezolano concebido constitucionalmente. Cualquiera de las repudiadas estructuras normativas (comunales) inspiradas en la presunción de retorcer la institucionalidad democrática del país, se hallan infectadas de cuanto sectarismo, resentimiento y revanchismo sería posible aplicar.

El desespero funcional que traduce el cuerpo de leyes que pretenden dar vida al Poder Popular, vehículo furtivo del Estado comunal, se muestra sin ambages en toda su exposición. De hecho, cualquier estamento de la Administración Pública, aparte de que algunos surgen por elección popular, quedan sometidos a las decisiones del “autogobierno”. Habida cuenta que el aludido “autogobierno”, tiene la potestad para asumir “(…) la formulación, ejecución y control de la gestión pública” (Ob.cit.-Parágrafo 2) Es decir, todo pasa por el control inquisidor y contralor del Poder Popular en sus distintas representaciones. Tanto así, que el llamado Parlamento comunal, a través de su Consejo Ejecutivo, entre sus abusivas atribuciones, está la de decidir sobre “(…) la regulación de la vida social y comunitaria” (Art. 21)

¿Qué esconde el ajado Poder Popular?

El Poder Popular, tal como está diseñado, es el mayor tamiz o filtro de todo cuanto busca movilidad y funcionamiento bajo la oscura noche de la revolución socialista. Sus instancias de contraloría, planificación, legislativa, ejecutiva, administrativa, tanto a nivel político, como de injerencia en lo económico y social, son el brazo fiscalizador, distribuidor, regulador, acusador y exterminador que busca emplear el régimen usurpador para acometer sus contradichas  e impertinentes trapisondas.

Ello, implica el pleno ejercicio de la soberanía popular a través de sistemas de agregación o anexión comunal sin que otra instancia tenga alguna posibilidad de detener su rapacidad y manejo autónomo, usurero y arbitrario de los recursos, capacidades y potencialidades que mueven al Estado venezolano en su rango de actividades.

Todo esto opera a favor del presidencialismo, estatismo, centralismo, y clientelismo en tanto que actúan como complementos implícitos del poder despótico. Este, es una expresión vehemente del autoritarismo hegemónico que padece Venezuela. Es como una suerte (mal ganada) de minimalismo político o de escepticismo de la vida nacional. Y la única forma de restarle malignidad a la fuerza que mueve tan horrendo monstruo de mil tentáculos, es atajando la coacción que plantea la existencia de un Estado comunal.

Y atajar sus amenazas, significa evitar su presencia e incidencia en los planos de la vida nacional. Deberá entenderse que cualquier intención en este sentido, parte del significativo hecho de sembrar educación política en la población. O sea, cultivar educación política en el ciudadano común. Y para lograrlo, debe elevarse el nivel de información política en el venezolano. De esta manera, será posible que haya la participación ciudadana y movilización política que compromete toda acción que bien pueda despejar cualquier duda frente al firme propósito de ¿cómo impedir el Estado comunal?

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