El 3 de enero marcó un antes y un después para el chavismo. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Donald Trump dejó claro que Washington asumiría el control de la transición venezolana y que el petróleo sería una pieza central de esa nueva etapa. Desde entonces, Delcy Rodríguez ha pasado de reivindicar el discurso de soberanía petrolera del chavismo a conducir una apertura del sector que termina colocando una parte sustancial de las reservas venezolanas bajo control estadounidense.
Esa transformación no se puede escabullir por debajo de la mesa. Durante años, el chavismo convirtió la defensa del petróleo estatal en uno de los pilares de su narrativa política y presentó cualquier avance de capital estadounidense sobre la industria como una amenaza contra la soberanía nacional. Ahora, Rodríguez celebra como un “histórico acuerdo” un entendimiento que, según Trump, concede a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas mediante una asociación con empresas privadas.
La propia Rodríguez confirmó que el pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, inversiones superiores a 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos. “Esta iniciativa es producto del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos”, afirmó. El lenguaje difícilmente podría estar más alejado de las viejas consignas chavistas contra Washington: ahora la Casa Blanca y sus operadores son presentados como socios indispensables para “el renacimiento” de Venezuela.
Y aquí aparece la contradicción política más profunda. El 3 de enero, mientras Trump anunciaba que Estados Unidos estaría “a cargo” de Venezuela durante la transición, el propio mandatario estadounidense dijo que Rodríguez tendría que hacer “lo que queremos” para evitar una nueva intervención. Desde entonces, la relación entre el chavismo y Washington dejó de parecer una disputa entre adversarios y empezó a funcionar como una relación de dependencia en la que la administración norteamericana fija buena parte del marco y Rodríguez procura conservar espacio político dentro de él.
El petróleo termina de cerrar el círculo. La apertura a capital privado no apareció de la nada: investigaciones publicadas durante agosto señalan que Rodríguez y el empresario Alejandro Betancourt ya habían definido desde 2024 mecanismos para ampliar la participación privada en el sector. Pero el salto producido después del 3 de enero es de otra dimensión. Trump asegura ahora que Estados Unidos tendrá control mayoritario sobre una cantidad de reservas equivalente a una fracción gigantesca del patrimonio petrolero venezolano, mientras Washington impulsa inversiones privadas para reconstruir una industria devastada.
Así, el llamado “legado chavista” termina enfrentando una paradoja difícil de esconder: quienes durante años denunciaron la privatización, el capital extranjero y la influencia estadounidense sobre Pdvsa ahora dependen de Washington para reconstruir la industria que el propio chavismo dejó en ruinas.
Delcy Eloina puede presentar el acuerdo como una nueva etapa de “recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad”, pero el dato político permanece sobre la mesa: la supervivencia del nuevo esquema de poder venezolano está estrechamente vinculada a las decisiones de Donald Trump y Marco Rubio, mientras el recurso que durante décadas fue bandera de soberanía pasa a convertirse en el principal instrumento de influencia estadounidense sobre Venezuela.
lapatilla
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