En Venezuela hay cargos públicos que parecen tener una extraña propiedad alquímica: cuanto más tiempo permaneces en ellos, más lejos parecen quedar las responsabilidades. Es una versión tropical de la gravedad: los ciudadanos caen, los salarios caen, la economía cae, pero determinados funcionarios siempre encuentran la manera de permanecer de pie.
Delcy Rodríguez es uno de los ejemplos más interesantes de esa longevidad política.
Canciller, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente ejecutiva, ministra del área económica, criminal y figura central del aparato político chavista. En un país donde los funcionarios cambian de oficina con la velocidad con que cambian las consignas revolucionarias, Rodríguez ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia institucional.
Y ahí comienza el verdadero interés criminológico.
Porque estudiar a Delcy Rodríguez no consiste simplemente en preguntarse qué delitos pudo haber cometido una persona. La criminología política formula una pregunta mucho más incómoda: ¿Cómo funciona una estructura de poder capaz de sobrevivir a sus propios resultados?
La delincuencia convencional suele tener una característica sencilla: quien delinque intenta esconderse. La criminalidad asociada al poder puede funcionar exactamente al revés. El poder puede proporcionar oficina, escoltas, presupuesto, instituciones, propaganda, abogados, inmunidad política y, en determinados contextos, algo todavía más valioso: la capacidad de definir quién es el delincuente.
Ese es uno de los grandes problemas de la criminología del poder. El delincuente común intenta escapar del Estado. El poderoso puede intentar controlar el Estado. Y aquí aparece la paradoja venezolana: mientras millones de ciudadanos aprendieron a sobrevivir entre inflación, escasez, emigración, asesinato, presos y deterioro institucional, una élite política consiguió transformar la permanencia en una virtud revolucionaria.
Rodríguez representa esa continuidad.
No necesariamente porque exista una sentencia judicial que permita etiquetarla como delincuente, no existe tal fundamento para hacerlo, sino porque su trayectoria permite estudiar la responsabilidad política, institucional y penal de quienes ocupan posiciones estratégicas dentro de sistemas acusados de violaciones graves de derechos humanos.
La diferencia no es semántica. Es criminológicamente fundamental. La historia reciente venezolana ofrece un laboratorio extraordinario para estudiar la relación entre legalidad y poder.
La creación de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue presentada por el Gobierno como una solución política destinada a superar la crisis.
Pero el problema apareció cuando una institución concebida como mecanismo constituyente terminó siendo utilizada como instrumento de poder político frente a una Asamblea Nacional dominada por la oposición.
Rodríguez presidió aquella Constituyente.
Y aquí aparece una pregunta que incomoda más que cualquier consigna:
¿Qué ocurre cuando el poder utiliza procedimientos jurídicos para reducir los límites jurídicos que deberían contenerlo?
La criminología política no necesita inventar conspiraciones para estudiar semejante fenómeno. Basta observar la arquitectura. Un Estado posee leyes. El Gobierno controla instituciones. Las instituciones producen decisiones. Las decisiones pueden restringir derechos. Y finalmente el mismo poder que produce la decisión puede impedir que existan mecanismos efectivos para cuestionarla.
Entonces aparece la palabra que suele provocar alergia en los sistemas autoritarios: impunidad.
En la imaginación popular, la impunidad parece un criminal huyendo por una calle oscura. En realidad, puede tener despacho. Puede tener automóvil oficial. Puede tener micrófono. Puede tener bandera. Puede incluso pronunciar discursos sobre justicia. Ese es precisamente el aspecto fascinante de la criminología del poder. La impunidad no consiste únicamente en que alguien evite una condena.
Consiste también en que determinadas conductas puedan convertirse en normales dentro de una estructura institucional. Cuando la excepción se convierte en rutina, deja de parecer excepción. Cuando la persecución política se presenta como defensa de la patria, deja de ser presentada como persecución. Cuando la crítica es denominada conspiración, el crítico deja de ser ciudadano y comienza a ser tratado como enemigo. Y cuando el enemigo puede ser neutralizado mediante instituciones estatales, la frontera entre política y criminalización comienza a desdibujarse.
El chavismo esa enfermedad del alma, desarrolló una extraordinaria capacidad para fabricar enemigos.
La lista es suficientemente extensa como para pensar que en algún momento alguien necesitará abrir una oficina exclusivamente dedicada a clasificar enemigos. La técnica política es antigua. Primero se identifica una amenaza. Después se exagera. Luego se convierte al adversario en peligro existencial. Finalmente se presenta la respuesta del Estado como una necesidad de supervivencia nacional.
Desde la criminología, este fenómeno puede estudiarse como construcción social del enemigo. El problema aparece cuando esa construcción sirve para justificar mecanismos coercitivos. Porque si el adversario político deja de ser adversario y pasa a ser enemigo, entonces ya no se discuten ideas. Se neutralizan amenazas.
Y en una estructura estatal sin controles efectivos, esa diferencia puede ser gigantesca.
Aquí llegamos al punto más delicado.
¿Es responsable un funcionario por todo lo que ocurre dentro del Estado que integra?
Naturalmente que no.
Pero tampoco puede sostenerse seriamente que ocupar una posición de máxima responsabilidad institucional sea absolutamente irrelevante frente a las actuaciones del aparato estatal. La criminología y el derecho internacional han desarrollado conceptos como responsabilidad de mando, participación, complicidad y responsabilidad por omisión.
Hay que demostrar conocimiento, capacidad, participación, contribución, órdenes, encubrimiento o las circunstancias jurídicas específicas que permitan atribuir responsabilidad. Por eso una investigación seria debe resistir la tentación del panfleto. Y paradójicamente, esa rigurosidad hace la acusación mucho más poderosa.
La trayectoria de Rodríguez permite observar una característica particular del sistema venezolano: la concentración progresiva de funciones estratégicas alrededor de figuras que permanecen durante largos períodos dentro de la estructura gubernamental. Ese fenómeno merece ser estudiado como élite política de supervivencia. En otros sistemas, un fracaso puede producir dimisiones. En Venezuela, produce ascensos.
Una crisis económica puede convertirse en una nueva cartera ministerial. Una crisis política puede convertirse en una nueva comisión. Una derrota institucional puede producir una nueva institución. Y así el sistema continúa. Es una suerte de inmortalidad administrativa. El funcionario no desaparece con la crisis. Se convierte en parte de ella.
Aquí conviene detenerse. La expresión «criminalidad de Estado» es fuerte y no debe utilizarse como insulto político.
En criminología se refiere al estudio de conductas dañinas vinculadas a estructuras estatales, incluyendo violaciones graves de derechos humanos, corrupción, abuso institucional y otras formas de violencia o daño ejercidas desde posiciones de poder.
Por eso la pregunta correcta no es:
«¿Es Delcy Rodríguez una criminal?»
La pregunta criminológica es mucho más interesante:
¿Qué papel desempeñó dentro de una estructura estatal acusada y documentada por organismos internacionales de graves violaciones de derechos humanos?
Ahí comienza la investigación.
Existe una ironía particularmente venezolana. El ciudadano común aprende que cualquier error puede costarle caro. Una multa. Una deuda. Una sanción. Una denuncia. Una investigación.
Mientras tanto, cuando se trata del poder, la responsabilidad puede convertirse en un laberinto de competencias cruzadas. El resultado es una maravillosa máquina de evaporación de responsabilidades. Nadie parece ser exactamente responsable de nada. Y, sin embargo, todo ocurrió.
La criminología contemporánea también obliga a mirar a la víctima. Porque detrás de las estadísticas hay personas. El preso político tiene un rostro. El exiliado tiene una familia. El trabajador que perdió su poder adquisitivo tiene una historia. El empresario perseguido tiene un patrimonio. El ciudadano que abandonó el país tiene una maleta. La criminalidad de Estado, cuando existe, no se mide únicamente por expedientes judiciales. También puede medirse por los daños sociales acumulados.
Y quizá el daño más profundo: la normalización de la indefensión frente al poder.
Delcy Rodríguez no necesita una caricatura para convertirse en objeto de investigación. Su propia trayectoria política es suficientemente extraordinaria. Lo que necesita Venezuela es algo mucho más incómodo que una consigna: un expediente. Informes internacionales. Y pruebas capaces de resistir un tribunal.
Porque la verdadera justicia no consiste en sustituir una propaganda por otra. Consiste en investigar. Y si existen responsabilidades, establecerlas. Y si no existen, demostrarlo. La criminología seria no necesita linchamientos. Necesita evidencia.
Delcy Rodríguez puede ser estudiada como dirigente política, funcionaria pública, ideóloga, negociadora y miembro de una élite gobernante.
Pero también puede ser estudiada como una pieza de un fenómeno mucho más grande: la transformación del Estado venezolano en una estructura donde política, poder, coerción e instituciones terminaron profundamente entrelazados.
Ahí está el verdadero problema. Porque quizá la pregunta más importante no sea quién es Delcy Rodríguez.
La pregunta es:
¿Qué clase de Estado necesita que una persona pueda atravesar tantos episodios de crisis y continuar ascendiendo dentro del mismo sistema?
Cuando la respuesta es que el sistema premia la lealtad antes que la responsabilidad, la criminología deja de estudiar solamente al individuo. Empieza a estudiar la estructura. Y entonces aparece la conclusión más incómoda de todas:
El problema de Venezuela no puede reducirse a sus funcionarios. El problema es el sistema de incentivos que permite que el poder sobreviva a sus propios daños.
Porque cuando el poder controla las instituciones que deberían controlarlo, la impunidad deja de ser un accidente. Puede convertirse en método. Y cuando la impunidad se convierte en método, el Estado deja de ser solamente el escenario del problema. Puede convertirse en parte del problema.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano
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