Caracas, 27 de agosto de 2025 – El diputado Aníbal Sánchez (@AnibalSanchezOF) analizó la “realidad” del proceso de descentralización de los servicios públicos en Venezuela. Destacó que, a pesar de las disposiciones constitucionales y legales, la falta de una descentralización efectiva responde a un diseño de gobierno que prioriza el control nacional. Este diseño se combina con estrategias políticas de recentralización y limitaciones prácticas que impiden una transferencia real de competencias.
Sánchez explicó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 178, otorga a los municipios la responsabilidad sobre servicios esenciales como agua potable, electricidad, gas doméstico, alcantarillado, y servicios funerarios, entre otros.
Asimismo, el artículo 158 consagra la descentralización como una política nacional para fortalecer la democracia y acercar el poder a la ciudadanía. Los artículos 157 y 184 permiten transferir competencias nacionales a municipios y comunidades organizadas.
Sin embargo, el artículo 156 de la CRBV asigna al Poder Nacional la regulación general de los servicios públicos, generando un esquema de competencias concurrentes.
En este esquema, el nivel nacional establece el marco regulatorio. Los municipios deberían gestionar la operación local. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), reformada en 2010, refuerza estas competencias municipales en su artículo 56. Permite transferencias de recursos para mejorar la eficiencia (artículo 58). Además, abre la posibilidad de descentralizar hacia comunidades organizadas (artículo 280).
A pesar de este marco legal, Sánchez señaló que la descentralización no se ha materializado. Servicios como el agua, gestionados por Hidrocapital (filial de Hidroven, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas), y la electricidad, controlada por Corpoelec, permanecen bajo dominio estatal centralizado. “La creación de Corpoelec en 2007 y el monopolio de Hidrocapital en regiones clave como Caracas son ejemplos claros de recentralización”, afirmó el diputado.
Entre las razones, Sánchez destacó factores estructurales, políticos y económicos. La descentralización iniciada en 1989 con la Ley Orgánica de Descentralización quedó estancada. Esto se debe a la incapacidad de los municipios para asumir las inversiones requeridas por estos servicios. Además, desde 2003, con las “Misiones Sociales” y el fortalecimiento del “Poder Popular” y el “Estado Comunal”, el gobierno ha revertido avances descentralizadores. Lo ha hecho mediante leyes como la de 2009, que recentralizó competencias en sectores como puertos, aeropuertos y salud.
El diputado subrayó que una reforma efectiva requeriría una nueva ley de descentralización que active los mecanismos constitucionales. Sin embargo, considera improbable esto en el contexto político actual. “El diseño de gobierno favorece el control central para mantener el poder. Esto, sumado a las limitaciones económicas de los municipios, hace que la descentralización efectiva sea una meta lejana”, concluyó Sánchez.
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