La administración Biden está resistiendo los llamados de integrantes del Congreso para que Estados Unidos retome la campaña de máxima presión contra el líder venezolano Nicolás Maduro, incluso ahora que su régimen bloqueará la candidatura de su principal oponente político.
Reunido con un pequeño grupo de periodistas, un alto funcionario de la administración dijo que la actual estrategia de la Casa Blanca de calibrar las sanciones ha estado brindando resultados concretos a pesar del más reciente revés, incluyendo la liberación de los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y los logros diplomáticos alcanzados en Barbados.
“El enfoque con el que comenzamos… era uno que buscaba imponer enormes sanciones sectoriales a Venezuela bajo la teoría de que conduciría a un cambio rápido en el régimen. Eso no sucedió”, explicó el funcionario.
“Nadie esperaba que esto fuera fácil. Este será un largo camino después de varias décadas en Venezuela de tener poco o ningún espacio democrático”.
Según el funcionario, esta es la primera vez que los venezolanos han tenido realmente un rayo de esperanza de un futuro mejor.
“¿Este camino va a funcionar? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el enfoque político anterior no era la combinación adecuada para promover realmente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, añadió el funcionario.
La administración ha dicho que, a menos que Maduro cambie de rumbo, en abril se permitirá que expire una licencia general otorgada para brindar alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. La Casa Blanca espera que Maduro aproveche ese tiempo para reconsiderar la decisión de prohibir la candidatura de su principal oponente, María Corina Machado, dijo el funcionario.
El gobierno de Estados Unidos inició una campaña de máxima presión durante la administración de Donald Trump en un intento de promover un cambio de régimen en Venezuela en medio de acusaciones de abusos a los derechos humanos y el desmantelamiento gradual del sistema democrático del país.
La política incluyó la introducción gradual de sanciones a la economía del país y la aplicación de sanciones individuales dirigidas a los principales líderes del régimen, especialmente aquellos identificados como participantes en abusos contra los derechos humanos y de participar activamente en operaciones de narcotráfico.
La administración Biden no desmanteló de inmediato las sanciones aplicadas por el gobierno anterior, pero comenzó a retirarlas luego de una serie de negociaciones celebradas entre funcionarios de Washington y representantes del régimen de Maduro.
Las conversaciones condujeron el año pasado a la firma de una hoja de ruta electoral en Barbados, donde Caracas acordó con los líderes de la oposición celebrar elecciones libres en la segunda mitad de este año a cambio de licencias especiales de Washington para que Venezuela comenzara a vender su petróleo en los mercados estadounidenses a través de compañías petroleras internacionales.
Como parte de los acuerdos, Venezuela también liberó a varios ciudadanos estadounidenses considerados detenidos injustamente en la nación sudamericana, mientras que la administración Biden liberó al presunto socio comercial de Maduro, Alex Saab, quien estaba siendo juzgado por corrupción y lavado de dinero en un tribunal federal del sur de Florida.
Sin embargo, las buenas relaciones entre los dos países se toparon con un obstáculo la semana pasada después de que la Corte Suprema de Venezuela, controlada por el gobierno, dictaminó que Machado, no podrá competir en las elecciones presidenciales de este año, en lo que la mayoría de los analistas venezolanos creen que asesta un duro golpe a los términos del acuerdo de Barbados.
Esta semana, la administración Biden admitió que Maduro ha estado incumpliendo con los compromisos que había adquirido y que tiene hasta abril para cumplir su palabra si quiere evitar el restablecimiento de las sanciones previamente levantadas.
Durante el encuentro con periodistas, el funcionario advirtió que a Maduro y sus representantes se les está acabando el tiempo para cumplir con los compromisos de Barbados, y señaló que se necesita tiempo para organizar elecciones libres y justas, incluidos los preparativos necesarios para los observadores electorales internacionales.
“Creo que vimos el diálogo con un saludable grado de escepticismo, dado que dentro de Venezuela, quienes están en el poder son una combinación de actores que incluyen a quienes quieren democracia, quienes son actores criminales y quienes ven el control central autoritario como algo realmente el único camino para el futuro de Venezuela”, afirmó el funcionario.
“Estamos calibrando mucho de esto sobre la base del progreso o el retroceso, y entendimos que iba a ser un proceso a largo plazo”, añadió el funcionario. “La realidad es que la presión máxima realmente no garantizará ese resultado”.
Fuente ElNuevoHerald.com
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