Washington negocia, Caracas firma y los venezolanos esperan saber qué les queda.
La Venezuela que conocemos se nos está yendo de las manos. Nos la están quitando de a poco, y lo más doloroso es que no todo viene de afuera: buena parte ocurre aquí adentro, a plena luz del día y sin el menor pudor, mientras se toman decisiones que hipotecan el futuro de varias generaciones. Lo que hace semanas eran simples rumores sobre petróleo ya tomó forma de contratos firmados, inversiones multimillonarias y concesiones a largo plazo.
No nos engañemos: la relación entre Washington y Caracas nunca ha sido una mesa de iguales. La propia Casa Blanca celebró como un triunfo estratégico que North American Blue Energy Partners —Socios Norteamericanos de Energía Azul -NABEP— obtuviera el control de 17 campos petroleros, un paquete que amarra nada menos que 65.000 millones de barriles en reservas. El trato le da al gobierno de Estados Unidos el 35 % de la empresa matriz, una tajada de la producción, puestos en la junta directiva y tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa.
Pero hay una trampa técnica que lo dice todo. Reuters reveló que ese 35 % se amarró con los llamados penny warrants —títulos financieros que otorgan el derecho de comprar acciones a un precio simbólico de apenas centavos—. Esta figura le permite a Washington adquirir más participación a precio de ganga si mañana entra más capital. ¿Qué significa en cristiano? Que, si el negocio crece y necesita más socios, Estados Unidos tiene la llave para no perder jamás el control ni diluir su peso dentro de la empresa. No vinieron solo a invertir; vinieron a blindar su tajada para siempre.
Nadie debería sorprenderse. Washington no actúa por caridad ni por rescate humanitario. Tiene intereses fríos: necesita energía, asegurar sus cadenas de suministro y barrer de la región la influencia de China y Rusia. Donald Trump lo ha dicho abiertamente: se trata de garantizar el dominio energético de su país. Es comprensible: una potencia juega para ganar y las corporaciones invierten para llenarse los bolsillos. La pregunta que genera combustión es otra: ¿quién está defendiendo a Venezuela en esa mesa?
Negar que nuestro país necesita inversión extranjera sería una necedad. La industria petrolera nacional quedó en el suelo tras años de desfalco, corrupción, abandono técnico y sanciones asfixiantes. Para levantarla hacen falta montañas de dinero y tecnología de punta. El problema no es que vengan Chevron, Eni o empresas norteamericanas a trabajar. El problema es bajo qué condiciones entran, quién firmó el papel, quién vigila el dinero y qué garantías tenemos de que esa plata no vuelva a evaporarse en los bolsillos del poder de turno. Una montaña de dólares no arregla un país si las reglas del juego están podridas desde el inicio.
Por eso el papel de la Asamblea Nacional resulta tan indignante. El 1 de septiembre, los diputados salieron a aplaudir y refrendar el acuerdo sin que el país supiera qué decía la letra pequeña. ¿Qué votaron exactamente? ¿Le vieron la cara al contrato completo, leyeron los anexos, o simplemente levantaron la mano a ciegas? La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos abrió las compuertas a la inversión privada y a los arbitrajes internacionales, pero ninguna ley puede pasar por encima de la Constitución para entregar a oscuras el patrimonio de todos.
A esto se suma la raíz podrida del asunto: Delcy Rodríguez manda hoy de facto —en los hechos, pero sin un marco institucional legítimo—, y gobernar desde el control de la fuerza no otorga la legitimidad democrática que exige comprometer los recursos de la nación a treinta o cuarenta años. Una transición real no consiste en cambiar a los viejos privilegiados por otros nuevos, mientras el pueblo mira desde la baranda. No caigamos en la trampa del chantaje: no tenemos que elegir entre soberanía o inversión. Venezuela puede y debe abrirse al capital de Estados Unidos, Europa o cualquier rincón del planeta, pero con licitaciones abiertas, cuentas claras y auditoría pública.
Al final, para la gente de a pie, la cifra de barriles no vale nada. Al padre que no le alcanza el sueldo, a la madre que busca medicinas en un hospital en ruinas, o a los millones que ven a sus hijos marcharse con una mochila al hombro, los discursos de reactivación no les dicen nada. Si este nuevo festín petrolero solo sirve para que Washington gane influencia, las petroleras cobren dividendos y la cúpula gobernante gane oxígeno para atornillarse, habremos cambiado los nombres de los dueños del negocio sin tocar la tragedia de fondo.
El petróleo existente en Venezuela no le pertenece a un partido, ni a un presidente interino, ni a la Casa Blanca, ni a un consorcio privado. Le pertenece a los venezolanos. El desafío de este momento histórico no es impedir que el capital gane; el desafío es lograr que, por primera vez en mucho tiempo, la que no salga perdiendo sea Venezuela.
Arturo Molina.
@jarturomolina1
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