La historia republicana de Venezuela, forjada a sangre y fuego para zafarse de los yugos imperiales de siglos pasados, asiste hoy a uno de sus capítulos más degradantes: la disolución sistemática de su soberanía bajo la mampara del tutelaje extranjero. Mientras el pueblo llano padece con dignidad las secuelas directas de la miseria y el hambre engendradas por un modelo de gobernanza colapsado, en las altas esferas de la geopolítica y el mercantilismo local se teje una aberrante operación de entrega. Venezuela está siendo tasada no como una nación libre, sino como un botín de guerra.
Resulta inadmisible presenciar cómo el gobierno de los Estados Unidos, aprovechando la fractura institucional del país, pretende imponer una suerte de protectorado económico y financiero destinado a saciar los apetitos de corporaciones y acreedores de bonos. Bajo una absoluta opacidad, se pretende validar una deuda externa inflada que exige con urgencia una auditoría forense. Una cosa es reconocer un compromiso financiero legítimo adquirido bajo condiciones de reciprocidad, y otra muy distinta es arrodillarse ante la usura internacional. Pretender tasar los compromisos históricos al cambio de la conveniencia actual, aplicando de manera leonina el cobro de interés sobre interés —el anatocismo proscrito en nuestra propia tradición jurídica—, no es cobrar una deuda: es ejecutar una extorsión financiera contra el patrimonio nacional. Es pretender comprar a locha el sudor de esta tierra y cobrárselo al pueblo a precio de dólar.
Esta humillación territorial y soberana no ocurre en el vacío. Cuenta con la complicidad necesaria de una pseudodirigencia local que ha traicionado su mandato. Por un lado, vemos a factores políticos que simulan una confrontación encarnizada frente al país, cuando en la oscuridad actúan calculadamente para oxigenar al régimen y jugar a la destrucción de la nación. Por el otro, existe un sector que sin ningún pudor se pliega directamente al poder para parasitar el erario público; mercaderes de la política que perdieron por completo su identidad y apuestan exclusivamente a sus intereses personales.
Para blindar su traición, ambos bandos financian laboratorios de guerra sucia y estigmatizan a la disidencia con criterio propio. Cuando los venezolanos con genuino sentido de pertenencia alzamos la voz para exigir respeto, auditar la deuda y defender el territorio, somos inmediatamente etiquetados como «colaboradores del régimen». Su miopía política, o su deliberada mala fe, les impide entender que defender a la patria no admite medias tintas frente a los mercenarios de ambos lados. Que existan aduladores y tarifados en el espectro público no significa que el noble pueblo venezolano comparta su vocación de servidumbre.
El extravío estratégico de estos sectores no es nuevo. Quienes hoy apuestan por el mesianismo extranjero para sostenerse en la palestra pública son herederos directos de los mismos errores históricos que pavimentaron el absolutismo del régimen que hoy nos oprime. Es imposible pasar por debajo de la mesa el hito nefasto de las elecciones parlamentarias del año 2005. En aquel entonces, bajo la falsa premisa de la abstención moral, esta misma casta le entregó en bandeja de plata el poder absoluto de la Asamblea Nacional al oficialismo. El resultado fue el desmantelamiento definitivo del andamiaje institucional y el origen de las leyes autoritarias que hoy asfixian a la sociedad. Hoy, la historia se repite con un matiz perverso: ya no solo entregan los espacios, sino que pretenden archivar la soberanía bajo el argumento de que la dignidad es un concepto obsoleto frente a la inversión extranjera.
Mientras una facción política implora por «elecciones ya» en pasillos internacionales de los que son recurrentemente expulsados o ninguneados por sus propios tutores, y otra se apresura a buscar el cobijo del poder central, emerge la necesidad perentoria de una postura auténticamente nacionalista. El destino de Venezuela no puede decidirse en oficinas de Washington ni en transacciones opacas de bufetes neoyorquinos. La República demanda el rescate urgente de su soberanía y el cese absoluto de la injerencia humillante. No hay salvadores externos ni pactos de trastienda que valgan: o asumimos la determinación histórica de forjar nuestro propio porvenir con manos venezolanas, o terminaremos siendo extranjeros en nuestra propia tierra.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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