Prevenir violaciones requiere políticas basadas en derechos y diversidad social.
El informe “Política pública con enfoque de derechos humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) redefine el modo en que los Estados deben concebir, diseñar, implementar y evaluar sus políticas públicas.
El enfoque propuesto trasciende la mera inclusión formal de los derechos humanos y exige que estos sean la vertiente central de todo el ciclo de la política pública, a fin de generar impactos estructurales en la prevención y no repetición de violaciones de derechos humanos, así como de reforzar la institucionalidad democrática.
En cuanto a los principios rectores para la aplicación práctica, este informe de la CIDH destaca que toda política pública debe partir del principio de igualdad y no discriminación.
Ello significa que nadie puede ser excluido o tratado de manera desigual por su origen, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición. Implicando la importancia de la participación social.
Otro principio esencial es el acceso a la justicia y la existencia de mecanismos de reclamo de efectivo, para que quienes sufren violaciones de derechos humanos puedan denunciar y recibir reparación.
Siendo la transparencia y la rendición de cuentas fundamentales, pues la ciudadanía debe tener acceso a la información y poder exigir explicaciones a las autoridades.
De igual modo, se subraya la necesidad de atender especialmente a los grupos que han sufrido discriminación histórica, incorporando una perspectiva de género y diversidad, para asegurar que las políticas respondan a las necesidades de todos.
Para aplicar este enfoque de manera práctica, el proceso inicia escuchando a la sociedad (diagnóstico participativo), incluye a diversos sectores en el diseño, exige transparencia y capacitación en la implementación, y promueve un monitoreo constante con participación ciudadana para ajustar y mejorar las políticas públicas.
Respecto a los indicadores para evaluar el impacto de las políticas públicas bajo este enfoque, es importante medir tanto los resultados concretos como las percepciones de la sociedad.
Por ejemplo, se puede observar si disminuyen las denuncias de violaciones a derechos humanos en los sectores atendidos, si aumenta la participación de grupos tradicionalmente excluidos en los procesos de consulta y si las personas tienen acceso real a mecanismos de reclamo y justicia.
Otros indicadores útiles son el nivel de transparencia gubernamental, medido por la cantidad y calidad de información disponible al público, la proporción de políticas que incluyen acciones afirmativas para igualar oportunidades, y la percepción de la población sobre la protección de sus derechos y la confianza en las instituciones.
Para facilitar la aceptación de este enfoque, la CIDH recomienda promover campañas de sensibilización y programas de educación en derechos humanos, como el promovido por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dirigidos a toda la sociedad, para que todos comprendan la importancia de estas políticas.
El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, promovido por la CIDH, junto a otras instituciones públicas y privadas, constituye una hoja de ruta para transformar estructuralmente las sociedades americanas.
Su aplicación práctica requiere voluntad política, mecanismos de participación efectiva, indicadores claros y una cultura institucional orientada a la prevención, la equidad y la transparencia.
Comment here