Las sanciones costo económico impuestas por Estados Unidos a Venezuela han generado un debate intenso sobre su efectividad y consecuencias.
Si bien el objetivo declarado es presionar por un cambio político, la realidad sobre el terreno muestra un panorama complejo y preocupante. Las sanciones tienen un costo significativo para la economía.
Lejos de asfixiar la economía venezolana, las sanciones han impulsado la creación de una red de comercio petrolero clandestino.
El crudo venezolano se vende a precios reducidos a través de intermediarios y empresas pantalla.
Utilizan una «flota fantasma» de buques tanque para evadir las restricciones.
Este esquema no solo reduce los ingresos petroleros del país, sino que también fomenta la corrupción y la falta de transparencia. Es un claro ejemplo de sanciones con alto costo para la economía.
El impacto más devastador de las sanciones se siente en el bolsillo del venezolano común.
La escasez de divisas y las restricciones financieras han disparado la inflación. Esto erosiona el poder adquisitivo de los salarios y dificulta el acceso a bienes básicos como alimentos y medicinas.
La calidad de vida se deteriora drásticamente. Hay un aumento de la pobreza y la desigualdad.
Y si a eso le agregamos el ingrediente de la disminución de las remesas, producto del ambiente de zozobra que viven los venezolanos en estos momentos en los Estados Unidos, el deterioro descrito podría ser más vertiginoso. Estos son algunos ejemplos claros de sanciones y su costo directo en la vida de los venezolanos.
La efectividad de las sanciones como herramienta para lograr un cambio político en Venezuela es cuestionable. Si bien han generado dificultades económicas, no han logrado el objetivo de una transición democrática. La razón es muy simple. Las élites, sean del color que sean, no ven afectado su estilo de vida porque tienen los medios económicos para solventar cualquier situación.
Amén de algunas investigaciones periodísticas que han indicado que el gobierno nacional tiene mayores entradas de dinero por minerales como el oro y el coltán. Esto hace que no dependan exclusivamente de la renta petrolera.
Por lo tanto, es crucial explorar alternativas a las sanciones que prioricen el bienestar del pueblo venezolano. El diálogo y la negociación entre el gobierno y la oposición, con el acompañamiento de la comunidad internacional, son fundamentales para encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis.
Asimismo, es necesario abordar la corrupción y la falta de transparencia en el sector petrolero. También, buscar mecanismos para garantizar que los ingresos petroleros se utilicen en beneficio de la población. La transparencia es crucial para evitar el alto costo que las sanciones acarrean.
En conclusión, las sanciones económicas a Venezuela tienen un costo humano muy alto. No «tumban» gobierno y, al final, la factura la paga el que cobra $2 mensuales.
*Sandy Ulacio*
*Periodista – Analista político*
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