Agrupaciones de exiliados en Doral, Florida, solicitaron formalmente al presidente Donald Trump revisar la política de acercamiento con Caracas. Las ONG denuncian que las autoridades locales y la Guardia Nacional entorpecen las labores civiles y confiscan insumos médicos. Los líderes del exilio cuestionaron fuertemente al encargado de negocios de EE. UU. por manifestar «confianza» en la gestión de la crisis
Las principales organizaciones del exilio venezolano radicadas en Doral, Florida, exigieron este jueves al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un cambio drástico en las relaciones y el acercamiento político que Washington mantiene con el Gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez.
Los activistas acusan a las autoridades caraqueñas de entorpecer los esfuerzos de rescate independientes y de centralizar de forma ineficiente la distribución de asistencia humanitaria tras el doble terremoto del 24 de junio.
Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), criticó el pronunciamiento del Departamento de Estado y rechazó que la administración estadounidense se declare «complacida» con la gestión de la contingencia.
«Nuestro llamado es para que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie de manera diferente», argumentó Villalonga, cuestionando además los datos oficiales que contabilizan 2.295 muertos y 11.267 heridos, cifras que el exilio considera desactualizadas al omitirse el registro total de desaparecidos.
Por su parte, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), liderada por José Antonio Colina, fustigó las recientes declaraciones del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien había manifestado tener «mucha confianza» en el compromiso del Ejecutivo venezolano.
Colina aseveró que los hechos en el terreno demuestran fallas graves y solicitó categóricamente que ni Rodríguez ni el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tutelen el proceso de reconstrucción nacional, el cual aseguran debe incluir las garantías de retorno para líderes opositoras como María Corina Machado.
Adicionalmente, representantes de la plataforma de recolección All For Venezuela denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana han comenzado a decomisar cargamentos privados de insumos médicos en las zonas afectadas, impidiendo que la ayuda fluya de manera directa hacia las víctimas.
Ante este escenario, la comunidad en el exterior instó a las agencias federales estadounidenses desplegadas en el país a verificar minuciosamente el destino de los 300 millones de dólares asignados para mitigar la emergencia hospitalaria y civil.
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