#NoticiaNacionales

Grave situación: Mensaje de Enrique Sánchez Falcón, Procurador Especial del interinato de Venezuela, a los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional

Se necesitan 40 millones de dólares para defender 24 mil millones de dólares. Es urgente

Señores Diputados

Haber asumido el control de los activos del pueblo de Venezuela en el extranjero, tal como lo decidió este Cuerpo Legislativo, implica obligaciones para proteger esos activos de las acciones de los acreedores y del gobierno de Nicolás Maduro. En el Estatuto de la Transición se ponen a cargo de la Comisión Delegada la responsabilidad de “Procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado venezolano en el extranjero”. Y también es responsabilidad del Poder Ejecutivo interino ejercer esa defensa, la cual realiza por órgano del Procurador Especial de la República, quien tiene, conforme al mismo Estatuto, capacidad de designar apoderados judiciales, especialmente para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero, así como ejecutar cualquier actuación que sea necesaria para salvaguardar los derechos e intereses del Estado.

Notas relacionadas

El Ejecutivo Nacional interino ha venido cumpliendo a cabalidad sus deberes, pues el Procurador Especial luego de la contratación de las firmas de abogados para llevar esos litigios, ha participado con ellas en el diseño de las estrategias requeridas para llevar esos juicios a su mejor término, ha leído los escritos a ser introducidos en los actos judiciales, ha efectuado las observaciones si ha habido lugar a ellas y ha informado a esas firmas sobre el marco jurídico venezolano cuando ha sido necesario hacerlo.

Al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios generados por esos pasivos, los cuales -sin excepción- se han originado de actuaciones inconstitucionales, ilegales e irresponsables del Gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Pero la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos. Así, desde el mes de octubre del año 2020, en mi condición de Procurador Especial de la República, he venido planteando reiteradamente la necesidad de la aprobación de un presupuesto integral para el pago de los honorarios de abogados requeridos para la atención de los juicios concernientes a la recuperación y protección de activos de los venezolanos en el extranjero. El último planteamiento en ese sentido se hizo en fecha 14 de abril de 2021, mediante oficio PER-P-244, sin que hasta la presente fecha se conozca siquiera si está siendo analizado por sus destinatarios. El riesgo por la desatención de la Asamblea Nacional a sus responsabilidades se evidencia de situaciones como las siguientes:

En el caso del denominado juicio de nulidad de los bonos 2020, en el cual está planteada, en este momento, la intervención de la República, para cuya representación en la audiencia de apelación pendiente, sólo se requiere la cantidad de 70.000,00 dólares. No se cuenta con esta cantidad, a pesar de que, en consideración de los expertos, la participación de la República incrementaría sustancialmente, y con carácter trascendental, las posibilidades de que se dicte una decisión en favor de PDVSA y del país, pues, recuérdese que lo que se discute es la garantía sobre el 51% de las acciones de CITGO y la constitucionalidad de un contrato de interés nacional aprobado por Maduro sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Otro caso, y es el económicamente más importante entre los procesos atendidos, es el arbitraje de la empresa CONOCO, quien posee un laudo a su favor por monto de 8.500 millones de dólares, que con los intereses, a la fecha, ronda los 10.000 millones de dólares. Este arbitraje se encuentra en este momento en fase de ejecución, suspendida por la solicitud de nulidad incoada por la República ante el Tribunal Arbitral. Tal acción cuenta con sólidos argumentos de nuestra parte, pues en el proceso del arbitraje se violó groseramente el derecho a la defensa de Venezuela, pues no se le dio participación al árbitro designado por la República para expresar su opinión sobre los temas en litigio. Es muy probable que la referida suspensión de la ejecución sea levantada dentro de pocas semanas. Y si en la actualidad, en el interior de los Estados Unidos, los activos de la República están protegidos de medidas de ejecución por decisión de la OFAC, fuera de ese país los acreedores podrían en pocas semanas comenzar, con las garantías que han constituido, a intentar ejecutar activos de la República y de entes descentralizados del Estado venezolano, tales como los que se encuentran en Portugal (Novo Banco) e incluso en Inglaterra (el oro de Londres). Para atender esas eventuales ejecuciones dentro de pronto se requerirán recursos económicos para honorarios de abogados para evitar que se nos condene a pagar una suma tan elevada.

Adicionalmente, debo señalar que existe un grupo de casos en los que por falta de disponibilidad financiera no se ha podido asignar abogados, mientras que los abogados de los accionantes ya han solicitado suprimir trámites y lapsos procesales a los demandados y que se pase de una vez a dictar sentencia condenatoria en rebeldía, argumentando que la República no ha mostrado interés o esfuerzos para comparecer. Son los casos de las demandas de bonistas de Pharo Gaia, Altana y Chipcken. Esta circunstancia obra de manera grave en contra del Estado venezolano: por una parte, pues no podrá revisarse la legitimidad de las obligaciones, ni verificarse si los acreedores tienen sanciones OFAC o contactos con el régimen de Maduro; tampoco, se podrá negociar una suspensión de la ejecución o el pago de honorarios y costas. Por otra parte, la desatención de esos juicios seguramente será mal vista por los Jueces de estos casos y afectará definitivamente la credibilidad del Gobierno interino. Esto, además, podría trascender y afectar la protección, hasta ahora concedida por el Gobierno de los Estados Unidos a los activos venezolanos, porque ¿si no sabemos o no queremos protegernos nosotros, por qué otros deberían hacerlo?

Es obvio que podría citar muchos más casos de riesgos inminentes por la no atención de litigios que se han intentado contra la República y sus entes descentralizados, pero también es obvio que el tiempo del cual dispongo en este momento no lo permite. Por ello, quiero concluir este mensaje con las siguientes afirmaciones:

En primer lugar, es necesario que la Comisión Delegada apruebe el presupuesto integral elaborado por la Procuraduría Especial y anexo al Oficio PER-P- 244 de fecha 14 de abril de 2021, dirigido a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con copia al equipo político que apoya al G4, por monto de casi 40 millones de dólares, para defender 24 mil millones de dólares).

En segundo lugar, la Comisión Delegada compromete no solo su responsabilidad jurídica, sino sobre todo su responsabilidad histórica ante el país, cuando las futuras generaciones examinen, con nombre y apellido, las omisiones o el rechazo de los integrantes de este cuerpo de cumplir, sin justificación ninguna, con la responsabilidad que el órgano legislativo se estableció a sí mismo, en el Estatuto de la Transición, de “Procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado venezolano en el extranjero”.

Comment here

A %d blogueros les gusta esto: