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Human Rights Watch: Violentos abusos en minas de oro ilegales en el Sur de Venezuela

Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos con presencia en la zona, señaló hoy Human Rights Watch. Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales.

Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando. Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.

“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.

Las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medioambiente y en la salud de los trabajadores, según fuentes locales. La migración económica interna debido a la crisis económica y humanitaria en Venezuela ha incrementado la cantidad de personas que buscan trabajo en la actividad minera. Muchos residentes viven atemorizados y están expuestos a severas condiciones laborales, saneamiento deficiente y un riesgo muy alto de contraer enfermedades como la malaria.

En octubre de 2019, Human Rights Watch entrevistó a 21 personas que habían trabajado en minas o localidades mineras en el estado Bolívar durante 2018 y 2019, incluidas las minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo. En octubre y noviembre, Human Rights Watch entrevistó a otras 15 personas, incluidos líderes de grupos indígenas en la zona, periodistas y expertos que visitaron el lugar recientemente, así como familiares de personas que trabajan en minas, y analizó informes de organizaciones independientes y medios de comunicación que coincidían con los relatos de las personas entrevistadas. Además, Human Rights Watch revisó imágenes satelitales que muestran el crecimiento de la minería en esta zona.

Muchas personas entrevistadas señalaron que una gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos armados colombianos. La organización International Crisis Group ha informado que en la zona tienen presencia activa el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias personas entrevistadas dijeron, a su vez, que estos grupos tenían presencia activa en Bolívar.

Las personas entrevistadas también señalaron que las autoridades venezolanas tienen conocimiento de las actividades de minería ilegal. Diez personas que trabajaban en las minas, dos periodistas que cubren la situación allí y una líder indígena indicaron que agentes de seguridad estatales visitan las minas para cobrar sobornos. Algunas de estas fuentes dijeron que habían visto cuando esto ocurrió. Dos personas que trabajan en las minas y la líder indígena, entrevistados por separado, vieron a un mismo alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro visitar las minas en diferentes momentos.

Los grupos armados, que en la práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores, aplican sus normas con brutalidad. “Todo el mundo sabe las reglas”, dijo una residente. “Si robas oro o lo mezclas con otro producto, el pran [líder del sindicato] te golpea o te mata”. Otro dijo: “Son como el gobierno ahí… Si roban, los desaparecen”.

Como se detalla más adelante, cuatro residentes señalaron haber visto a miembros de un sindicato amputarles las manos o dispararle a las manos a personas que supuestamente habían robado. Varios otros residentes dijeron conocer casos en que miembros de sindicatos habían desmembrado con motosierras, hachas o machetes a quienes transgredieron las reglas.

Quienes trabajan en las minas también están expuestos al mercurio, que utilizan para extraer oro, a pesar de estar prohibido en Venezuela. El mercurio, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en el sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como en pulmones, riñones, la piel y los ojos. Estudios realizados en zonas mineras en Bolívar hace ya varios años habían detectado altos niveles de exposición al mercurio, incluso en mujeres y niños, entre quienes los riesgos para la salud son incluso mayores. En el caso de las mujeres embarazadas, los riesgos incluyen discapacidad grave o la muerte del feto o del bebé cuando la gestación llega a término.

A su vez, residentes entrevistados describieron severas condiciones laborales en las minas, que incluían cumplir turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños, algunos de apenas 10 años, trabajando con los adultos.

La epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela. Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos. Los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria.

Casi todas las personas entrevistadas que habían trabajado en minas o localidades mineras habían tenido malaria, muchas de ellas varias veces. El sistema de salud, colapsado debido a la emergencia humanitaria, no ha podido proveer tratamiento médico a todos. Varios entrevistados dijeron que a veces tienen que comprar los medicamentos contra la malaria, que pueden costar hasta dos gramos de oro, el equivalente en el mercado internacional a un valor de cerca de 100 dólares estadounidenses.

Human Rights Watch no ha encontrado información pública sobre investigaciones que se hayan realizado para determinar la responsabilidad penal de funcionarios gubernamentales o miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en estos abusos.

El 14 de noviembre de 2019, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades venezolanas sobre el estado de los procesos penales contra los responsables de abusos cometidos por los grupos armados en Bolívar, incluidos funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que son cómplices en estos hechos, pero no ha recibido respuesta.

Human Rights Watch no ha podido identificar si parte del oro extraído de minas controladas por sindicatos fue comercializado o si se incorporó a la cadena de suministro de alguna empresa en particular. No obstante, las empresas deberían estar atentas al oro procedente de Venezuela y adoptar procedimientos de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar, y responder por el impacto que sus operaciones pudieran tener en los derechos fundamentales, conforme se establece en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

En el caso del oro venezolano, esto incluye identificar y evaluar los riesgos en las cadenas de suministro, monitorear en forma continua el impacto en derechos humanos de las actuaciones de las empresas, difundir información sobre acciones en materia de debida diligencia y establecer procesos para remediar las posibles consecuencias negativas de sus acciones en el ejercicio de derechos humanos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que las empresas tienen la obligación de adoptar procedimientos de debida diligencia para cerciorarse de que los minerales con los que trabajan no se originen en zonas de “conflicto” o “alto riesgo”, es decir, zonas donde existan conflictos armados, violencia generalizada, colapso de infraestructura civil u otros riesgos de daños para las personas.

“Las empresas nacionales e internacionales que compran oro a Venezuela deberían saber si procede de minas en el estado Bolívar y contar con procedimientos de debida diligencia para asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de actividades ilícitas, abusivas y violentas”, destacó Vivanco. “Si las empresas determinan que el suministro de oro está asociado con alguno de estos abusos o no pueden identificar su origen, deberían adoptar medidas para resolver esta situación o dejar de trabajar con esos proveedores”.

Minería ilegal de oro en Venezuela

Las imágenes satelitales muestran un aumento considerable de la cantidad de minas y su extensión a lo largo del río Chicanan en el estado Bolívar, Venezuela, desde 2016.
DESPLEGAR
Las imágenes satelitales muestran un aumento considerable de la cantidad de minas y su extensión a lo largo del río Chicanan en el estado Bolívar, Venezuela, desde 2016.

Organizaciones locales e internacionales han reportado que gran parte del oro extraído en Venezuela sería ilegal. Esta apreciación coincide con los testimonios recabados por Human Rights Watch.

Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza. La cantidad total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal.

En 2011, el expresidente Hugo Chávez anunció el Arco Minero del Orinoco, cuyo propósito inicial era nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales. Esta zona incluye el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y territorios indígenas.

El 24 de febrero de 2016, el Presidente Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” para continuar el desarrollo de esta zona de 111.843 km2 – 12 por ciento del país – que ocupa varios estados, incluido Bolívar, para la minería, con el supuesto propósito de extraer miles de toneladas de oro, diamantes y otros minerales.

Maduro firmó el decreto de 2016 sin haber consultado a la Asamblea Nacional ni obtenido su aprobación, un paso que exige la constitución. Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y los testimonios recabados por Human Rights Watch, el gobierno no llevó a cabo previamente estudios adecuados de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas que vivían allí, como también lo exige la constitución.

En 2016, Maduro expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías extranjeras por un valor de USD 5.500 millones. En 2018, introdujo un “Plan Oro” para promover las inversiones en oro a partir de 2019. Sin embargo, hasta febrero de 2019, no se había concretado ningún acuerdo significativo con empresas extrajeras y la mayoría de las minas seguían bajo el control de grupos armados no estatales, según la organización International Crisis Group.

La empresa estatal Minerven supuestamente obtiene el oro de operaciones mineras no afiliadas al Estado y los militares lo transportan al Banco Central en Caracas, que a su vez vende el oro a empresas en países como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, según fuentes locales y fuentes internacionales. En diciembre de 2018, Maduro también anunció que había firmado contratos para exportar oro por miles de millones de dólares a socios como Rusia.

Sin embargo, mineros que han trabajado para Minerven sostuvieron que apenas una pequeña proporción de la producción de oro de Venezuela termina en el Banco Central. En vez, los compradores obtendrían gran parte de su rentabilidad sacando por contrabando el oro fuera del país.

En octubre, Maduro anunció que cedería la gestión de una mina de oro a cada uno de los gobernadores de estados que pertenecieran al partido oficialista. En las regiones controladas por gobiernos opositores, los ingresos generados por la minería se transmitirían a través de una “corporación de protección social” designada por su gobierno.

Rendición de cuentas por delitos cometidos en las minas de oro

El jefe de cada sindicato, que en Venezuela se les denomina “pran”, maneja el territorio del sindicato, indicaron los residentes. Distintos sindicatos controlan distintas áreas mineras, y cada uno impone allí las reglas y las aplica con brutalidad. Los mineros son obligados a pagar al sindicato una gran proporción del oro que obtienen – hasta el 80 por ciento – mientras que los residentes que trabajan en negocios o restoranes en localidades mineras deben pagar una cantidad fija de oro por semana para poder trabajar, según señalaron los entrevistados.

Si bien las autoridades venezolanas han anunciado operativos para detener a personas implicadas en minería ilegal, incluidos algunos funcionarios públicos, no han brindado información pública sobre acciones tendientes a investigar y castigar delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, como aquellos incluidos en esta publicación y que fueron cometidos en las minas con la aquiescencia o participación de las fuerzas de seguridad.

Maduro sostuvo que tenía la intención de combatir la minería ilegal en el Arco Minero y, en junio de 2018, las autoridades venezolanas anunciaron una operación denominada “Manos de Metal” para perseguir el tráfico ilegal de oro. Las autoridades sostienen que han emitido órdenes de detención contra 39 personas presuntamente involucradas en la venta del oro en el exterior, incluido el vicepresidente de Minerven. Según el Ministerio Público, hasta agosto de 2019 se habían dictado 32 órdenes de detención que todavía no se habían ejecutado, 9 personas habían sido arrestadas, se habían presentado 12 cargos, y había 426 cuentas bancarias bloqueadas y vehículos retenidos vinculados con el tráfico de oro.

En noviembre de 2018, el fiscal general Tarek William Saab anunció la detención de Eduardo Enrique González Mejías, conocido como “El Tati”, quien presuntamente financió sindicatos que operaban en las minas de Bolívar. A su vez, Saab pidió una orden de detención contra el extitular de la Oficina Nacional de Fiscalización Minera, una rama del Ministerio del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico por la concesión de permisos de minería de oro irregulares a Mejías. Saab también señaló que “se estima que esta organización delictiva realizó el contrabando de 150 kilos de oro, equivalentes a unos 6 millones de dólares que el Estado dejó de percibir” en 2018. En agosto de 2019, Saab también anunció el arresto y la orden de extradición de un empresario ligado a la red de tráfico ilegal de oro de Venezuela a varios países en el Caribe.

En noviembre de 2018, el Presidente Donald Trump adoptó el Decreto Ejecutivo 13850, que permitió a los Estados Unidos imponer sanciones a aquellos que operasen en “el sector del oro de la economía venezolana”. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Minerven y a su presidente, fundamentándolas en los abusos y el control ilegal de las minas.

Violencia y abusos en las minas de oro

En 2018, el estado Bolívar tuvo la tercera tasa más alta de “muertes violentas” en el país (de 107 cada 100.000 habitantes) y El Callao, la capital minera de Venezuela, con una población de 20.000 personas, fue el municipio más violento de Venezuela, con 620 homicidios cada 100.000 habitantes, según datos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia.

Human Rights Watch entrevistó a cinco residentes que dijeron haber presenciado enfrentamientos armados entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y sindicatos, o entre sindicatos y miembros de grupos armados colombianos, que serían acciones aparentemente destinadas a quedarse con el control de las minas y el lucro que generan. En varios casos, decenas de personas, incluidas mujeres y niños, murieron o resultaron heridas en estos enfrentamientos armados, según los entrevistados.

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