Más de dos décadas antes de la tragedia del 24 de junio, el Gobierno de Japón entregó al entonces presidente Hugo Chávez un estudio técnico que advertía, con cifras, mapas y simulaciones, que Caracas y Vargas enfrentaban un riesgo sísmico extremadamente alto y que, sin medidas urgentes de prevención, un gran terremoto podría provocar miles de muertos, decenas de miles de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura crítica. Hoy, tras el desastre que enluta al país, aquel informe vuelve a cobrar vigencia y deja una pregunta inevitable: ¿qué pasó con todas esas recomendaciones?
El documento, denominado “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”, fue elaborado entre 2003 y 2005 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con apoyo de Funvisis y diversas instituciones venezolanas. La investigación fue financiada por el gobierno japonés como respuesta a la tragedia de Vargas de 1999 y fue entregada oficialmente a Chávez, como quedó registrado en fotografías de la época. El informe no era un simple diagnóstico: proponía un plan maestro para reducir el impacto de un terremoto de gran magnitud mediante inversiones, planificación urbana, reforzamiento estructural y preparación de los organismos de respuesta.
Los especialistas japoneses concluyeron que Caracas era una ciudad altamente vulnerable. Para entonces, el Distrito Metropolitano albergaba 3,09 millones de habitantes, de los cuales 1,4 millones vivían en barrios, es decir, más del 51 % de la población. Lo más alarmante era que esos asentamientos ocupaban apenas el 20 % del área urbanizada, generando niveles extremos de hacinamiento. En algunos sectores la densidad superaba las 1.000 personas por hectárea, una condición que dificultaría enormemente cualquier operación de evacuación o rescate tras un gran terremoto.
El estudio también advertía que la geología del valle agravaba el peligro. Los investigadores comprobaron que amplias zonas de Caracas y Vargas estaban asentadas sobre depósitos sedimentarios capaces de amplificar las ondas sísmicas, fenómeno conocido como “efecto de sitio”. En otras palabras, un mismo terremoto podía sentirse con mucha mayor intensidad en determinadas áreas debido al tipo de suelo, incrementando el riesgo de colapso de edificaciones.
Para medir las consecuencias de un gran sismo, JICA simuló cuatro escenarios distintos, tomando como referencia los terremotos de 1812, 1878, 1967 y uno hipotético asociado a la falla Tacagua-El Ávila. En el escenario equivalente al terremoto de 1967, los resultados eran contundentes: más de 10.000 edificaciones sufrirían daños severos o colapsarían por completo, mientras que cerca de 1,9 millones de toneladas de escombros bloquearían calles y avenidas, dificultando el ingreso de ambulancias, bomberos y maquinaria pesada. Además, unas 76.400 personas perderían sus viviendas y necesitarían refugios temporales de manera inmediata.
El informe identificó igualmente cuáles serían las construcciones con mayor probabilidad de desplomarse. Los expertos señalaron que las viviendas autoconstruidas en los barrios, especialmente aquellas de más de tres pisos levantadas sin cálculos estructurales ni criterios sismorresistentes, concentraban el mayor riesgo de colapso mortal. También advirtieron sobre la ocupación de laderas inestables y cauces de quebradas, una combinación que podía desencadenar deslizamientos y flujos de escombros durante un evento sísmico. Los mapas de vulnerabilidad ubicaban los mayores niveles de riesgo en amplios sectores del municipio Libertador y Petare, donde coincidían la precariedad de las viviendas, la alta densidad poblacional y las dificultades de acceso para los equipos de emergencia.
Lejos de limitarse a advertir sobre el problema, Japón presentó una hoja de ruta detallada para enfrentarlo. El documento establecía como máxima prioridad reforzar sísmicamente el 100 % de los hospitales principales, centros de comando gubernamental y escuelas públicas, de manera que permanecieran operativos durante las primeras 72 horas posteriores a un terremoto. También proponía almacenar reservas estratégicas de agua, alimentos y medicinas suficientes para atender a decenas de miles de desplazados, crear rutas de evacuación, fortalecer los sistemas de comunicaciones de emergencia y prohibir nuevos desarrollos habitacionales en zonas catalogadas de alto riesgo geológico, promoviendo la reubicación progresiva de la población expuesta.
Los especialistas japoneses fueron aún más enfáticos al afirmar que el reforzamiento sísmico de las edificaciones era “la única manera cierta para salvar las vidas de la gente en caso de un terremoto”, por lo que calificaron esa política como el proyecto más importante de todo el plan de prevención. Asimismo, recomendaron la creación de un Plan Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, al considerar que Venezuela carecía de una estrategia integral que coordinara a todas las instituciones responsables de responder a una emergencia de gran magnitud.
Dos décadas después, las imágenes de edificios reducidos a escombros, miles de fallecidos y decenas de miles de damnificados reabrieron el debate sobre aquellas advertencias. El informe demuestra que el Estado venezolano recibió un diagnóstico técnico detallado y un conjunto de recomendaciones concretas para reducir el impacto de un gran terremoto. Sin embargo, la magnitud de la tragedia registrada el 24 de junio evidencia que, al menos en buena parte de las zonas afectadas, muchas de esas medidas de prevención, reforzamiento estructural y planificación urbana nunca llegaron a materializarse o resultaron insuficientes frente al desastre que hoy enluta a Venezuela.
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