Ramón Aguilar, abogado de la familia de Fernando Albán, aseguró al medio TalCual que estos funcionarios «prácticamente nunca estuvieron presos. Ellos fueron imputados por un delito culposo, nunca fueron condenados por un homicidio intencional. Se les juzgó como si hubiera ocurrido un accidente, como si el señor Albán se cayó por la ventana, algo que no tiene ningún sentido»
Tomado del portal de noticias Talcualdigital.com
La justicia relacionada a casos de presos políticos sigue siendo parcial. Los dos efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) acusados por la “fuga” y muerte del exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán se encuentran en libertad desde febrero de 2022, tras una sentencia que redujo la condena a dos años y ocho meses.
Así lo denunció el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray en sus redes sociales, al tiempo que denunció que ambos efectivos “siempre estuvieron en las oficinas del Sebin en El Helicoide, no pisaron un calabozo».
«Esa es la falsa justicia revolucionaria, quienes asesinan, desaparecen y torturan son premiados por su lealtad al proceso de autoritarismo y crímenes de lesa Humanidad que padecemos. Mientras tanto el Ministerio Público pidió pena máxima a 6 sindicalistas por defender derechos humanos», afirmó.
Ramón Aguilar, abogado de la familia Albán, ratificó lo dicho por Mundaray y aseguró a TalCual que estos funcionarios «prácticamente nunca estuvieron presos. Ellos fueron imputados por un delito culposo, nunca fueron condenados por un homicidio intencional…”
“…Se les juzgó como si hubiera ocurrido un accidente, como si el señor Albán se cayó por la ventana, algo que no tiene ningún sentido».
Recordó que la condena contra los funcionarios Keiberth Cibelli Moreno y Miguel Dos Santos Rodríguez –dictada en diciembre de 2022– era de cinco años y diez meses, que luego fue rebajada por la Corte de Apelaciones de Caracas a dos años y ocho meses.
Según la Fiscalía, los efectivos del Sebin «admitieron los hechos» y se les encontró culpables por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
“Ellos estuvieron detenidos algunos días, pero más nada. Cuando se impuso la pena, ya estaba cumplida por el trámite de procedimiento. Efectivamente lo que dice el doctor Mundaray es absolutamente cierto y es peor, porque prácticamente nunca estuvieron presos, solo unos pocos días. Además con la opacidad propia de la Fiscalía y del régimen”, afirmó el abogado de la familia Albán.
El exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin Plaza Venezuela, en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra el gobernante Nicolás Maduro.
La primera versión de los hechos ofrecida por el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, fue que el exconcejal se había suicidado, aprovechando un descuido de sus custodios, pero sus familiares insisten que falleció mientras era torturado por funcionarios del Sebin, y su cuerpo fue lanzado por una ventana para encubrir estos delitos.
Según datos obtenidos por la familia del exconcejal, habría sufrido descargas eléctricas y ahogamientos mientras estuvo detenido.
El caso de Fernando Albán fue denunciado en la Corte Penal Internacional (CPI) por la exfiscal Luisa Ortega Díaz en 2019 y fue llevado por sus propios familiares al sistema interamericano.
El abogado Ramón Aguilar explicó que el gobierno venezolano nunca se presentó ante los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Como no presentaron pruebas ni respondieron a lo que se les solicitó, la Comisión Interamericana avanzó con un procedimiento acelerado. Lamentablemente el adjetivo acelerado no es tan rápido como uno desearía para los términos de justicia, pero esperamos que posiblemente este año la Comisión dicte una decisión», señaló.
El abogado también destacó que esa resolución de la CIDH deriva en acudir a la Corte IDH. «Esperamos que sea este año o comienzos del próximo, ante una decisión que será la primera instancia».
En 2021 los familiares del exconcejal presentaron una demanda en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y varios funcionarios de su gobierno, acusándolos de secuestro, tortura y asesinato y de formar parte del «Cartel de los soles».
Tras las investigaciones, un tribunal de la nación norteamericana decretó que la mencionada «organización delictiva» debe pagar 73 millones de dólares a los parientes del fallecido dirigente político.
Fuente Talcualdigital.com
Comment here