Delcy Rodríguez ha prometido un ajuste «responsable» frente a un salario mínimo estancado en 130 bolívares. Mientras los trabajadores exigen ingresos que cubran la canasta básica, economistas como Asdrúbal Oliveros advierten que cualquier incremento debe respaldarse en la productividad real. De otro modo, podría generarse un rebrote hiperinflacionario.
La proximidad del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, ha reavivado el debate sobre la crisis de ingresos en Venezuela. Este debate surge en un contexto marcado por la reciente transición política. Tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada en enero de 2026, las expectativas ciudadanas están puestas en el anuncio de un nuevo ajuste salarial.
A principios de abril, Rodríguez confirmó que el Ejecutivo realizará un incremento, pero fue enfática al calificarlo como un «aumento responsable». Su discurso apuntó a frenar lo que denominó «falsos aumentos» que, en el pasado, se diluyeron rápidamente debido a la hiperinflación. Además, enfatizó que no se realizarán anuncios desprovistos de financiamiento sostenible.
Este giro pragmático en la retórica oficial está condicionado a la disponibilidad de recursos provenientes de la industria de hidrocarburos y la minería, así como a la mejora de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la realidad de las calles contrasta fuertemente con la cautela gubernamental. La población enfrenta un costo de vida que supera sus ingresos.
Entre bonos de supervivencia y la pérdida del poder adquisitivo
El salario mínimo en Venezuela ha perdido su función como referencia de subsistencia. Desde marzo de 2022, la base salarial legal se encuentra congelada en 130 bolívares mensuales. Esta cifra a la tasa de cambio oficial equivale a apenas 0,26 dólares. Debido a la pulverización del poder adquisitivo esto forzó la implementación gubernamental del denominado Ingreso Mínimo Integral Indexado.
Actualmente, la compensación real de los trabajadores públicos se sostiene mayoritariamente mediante una política de bonificaciones que no genera incidencias en los pasivos laborales (vacaciones, utilidades y prestaciones). Para abril de 2026, un trabajador público activo percibe alrededor de 40 dólares por concepto de cestaticket. Además, recibe 150 dólares por el Bono de Guerra Económica.
No obstante, este esquema profundiza la desigualdad estructural. Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que no reciben cestaticket, perciben apenas un estimado de 60 dólares por Bono de Guerra, más los ínfimos 130 bolívares de pensión. Ante una canasta alimentaria familiar que supera los 670 dólares, los ingresos resultan insuficientes. Por este motivo, diversos gremios y sindicatos han convocado protestas para los días 30 de abril y Primero de Mayo exigiendo salarios dignos.
La advertencia de los economistas: productividad frente a inflación
Las promesas de un incremento salarial chocan con las severas limitaciones macroeconómicas. Aunque el Gobierno busca capitalizar el levantamiento de sanciones y un potencial auge de producción petrolera, los especialistas hacen un firme llamado a la prudencia. La inflación interanual, que se ubicó por encima de 600% a febrero de 2026, sigue siendo la principal amenaza.
El economista Asdrúbal Oliveros ha sido enfático en sus advertencias: cualquier ajuste salarial este Primero de Mayo debe depender estrictamente de la productividad y ser financiado con ingresos reales. Oliveros alertó que un incremento que provenga de la «creación artificial monetaria» se traduciría de inmediato en mayor presión cambiaria. Además, eso diluiría el beneficio velozmente. «La prioridad es bajar la inflación y reducir la brecha cambiaria», aseguró, sugiriendo incluso bonificaciones temporales mientras se logran reformas de fondo.
En una línea similar, el economista José Guerra señala que el Ejecutivo podría inclinarse por una fórmula mixta. Para no quebrar las arcas del Estado con el enorme peso de los pasivos laborales asociados al régimen de retroactividad, el ajuste buscaría un incremento modesto en el salario base. Al mismo tiempo, se reforzaría el pago de bonos.
El papel de la OIT y la presión sindical
La agenda de este Día del Trabajador también está marcada por la supervisión internacional. A finales de abril de 2026 se instaló en Caracas la quinta sesión del Foro de Diálogo Social con la asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este foro congrega a autoridades. Además, incluye organizaciones de empleadores como Fedecámaras y diversas centrales sindicales.
La OIT ha urgido al Estado venezolano a aplicar sin demora los métodos consensuados en 2023 para la fijación del salario mínimo, en cumplimiento del Convenio 26. La organización constató que, a pesar de las mesas técnicas, el método sigue sin aplicarse de manera efectiva. Esto ocurre frente a la inflación sostenida.
Por su parte, el sector sindical independiente sostiene su propuesta de fijar un salario mínimo de arranque en al menos 200 dólares. Además, denuncian que prolongar la política exclusiva de bonos representa un «fraude a la ley» que despoja al trabajador de su derecho a la seguridad social a largo plazo.
Proyecciones: ¿qué pasará el Primero de Mayo?
Considerando las reiteradas declaraciones de Delcy Rodríguez sobre un «ajuste responsable», las perspectivas de un aumento salarial base que cubra el total de la canasta básica son nulas. Sin embargo, las finanzas públicas no permitirían elevar el salario nominal base a niveles de 100 dólares para los más de 8 millones de dependientes del Estado (entre nómina pública y pensionados) sin causar un colapso en el flujo de caja.
Las proyecciones apuntan a que ocurrirá un ajuste híbrido. Es altamente probable que, tras cuatro años de congelamiento, el Gobierno decrete un incremento nominal del sueldo mínimo base. Así, lo llevarían a un rango de entre 30 y 40 dólares para cumplir con las exigencias de la OIT y reactivar de forma moderada el cálculo de prestaciones.
Paralelamente, se prevé que la indexación de los bonos siga siendo el pilar de los ingresos. El Bono de Guerra Económica podría ajustarse nuevamente para acercar el ingreso integral mensual a la barrera de los 200 dólares para los trabajadores públicos activos. El Primero de Mayo dejará claro si la transición política en curso podrá ofrecer un alivio real o si la bonificación de la economía venezolana llegó para quedarse.
elnacional
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