En mayo de 2023 se formalizó la era de los bonos en Venezuela, aplastando sueldos y salarios.
La «protección al pueblo» y sus salarios resultó un fraude continuado desde Miraflores y se articuló como un desmantelamiento sistemático de los derechos laborales en Venezuela. Bajo la gestión de Nicolás Maduro, el país asistió a una mutación jurídica que aplastó a millones de familias: la sustitución del salario real por un esquema de bonos discrecionales que ha clasificó a los trabajadores venezolanos como uno de los grupos peor pagados el hemisferio y el mundo.
El economista Asdrúbal Oliveros, analista, ha manifestado que este mecanismo respondió a una medida de «supervivencia fiscal», y consistió en congelar el salario mínimo nominal mientras se aumentaban las bonificaciones que no generan pasivos laborales.
Al mantener el sueldo base en apenas 130 bolívares (menos de un dólar) —monto que figura en los registros legales y que hoy representa una cifra insignificante—, el Ejecutivo logró evadir el pago de prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos calculados sobre un ingreso real. Aunque no es una cifra oficial, se calcula que en Venezuela hay al menos unos 5.5 millones de empleados públicos.
La desajustada economía venezolana se ha querido controlar con el valor de la tasa oficial del dólar BCV, (hoy en 487 bolívares por dólar), pero la tasa de los mercados paralelos rondan a estas horas los 576 bolívares por dólar y quedan menos de 24 horas para el esperado anuncio del nuevo aumento salarial.
Pero ¿Cuáles fueron los últimos ajustes ordenados por Nicolás Maduro antes de su extracción?
La política de ajustes del madurismo ha seguido un patrón de «bonificación» creciente.
El salario mínimo legal ya cumplió más de 48 meses congelado, situándose en un valor real de apenas $0,33 debido a la devaluación.
Este movimiento se suma a una lista de ajustes previos metieron en un bucle a la clase obrera:
- Mayo de 2023: Se formalizó el esquema de $70 totales. Este evento fue descrito por diversos sectores sindicales como el inicio formal de la era de los bonos como sustitutos definitivos del sueldo.
- Mayo de 2024: Se anunció un techo de $130 mensuales. En este periodo, el Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM (Cendas-FVM) indicó que, pese al aumento nominal de los bonos, el poder adquisitivo era pulverizado por el costo de la canasta alimentaria, que ya superaba con creces el monto otorgado.
- Enero de 2024: Durante su Memoria y Cuenta, el Ejecutivo elevó el ingreso integral a $100. Especialistas como Henkel García han advertido que la «indexación» era una ilusión técnica, pues el Estado simplemente ajustaba la bonificación según su capacidad presupuestaria y no según las necesidades reales del ciudadano. Por su parte, el economista Luis Oliveros sostuvo que este esquema permitía al gobierno «comprar tiempo» sin resolver el problema de fondo del poder de compra.
- Mayo de 2025: El ingreso se fijó en $160, priorizando el Bono de Guerra Económica. Sobre este punto, la firma Nayma Consultores señaló en su momento que la estrategia profundizaba la «desalarización», dejando a los trabajadores activos sin capacidad de ahorro estructural y excluyendo al sector privado de estas obligaciones.
Se aproxima ahora el anuncio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada y ya los analistas advierten que el «aumento responsable» muy probablemente repercutirá en los bonos y Miraflores mantendrá su estrategia de no impactar realmente en el sueldo de los venezolanos.
Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), ha afirmado que este modelo ha llevado a Venezuela a un «sendero zombi». Sutherland explicó que el aumento de bonos sin tocar el salario mínimo es una táctica para contener el gasto público a costa de la miseria del trabajador. Dijo además que, al no subir el sueldo base, el Estado no tiene que imprimir bolívares masivamente para pagar las retroactividades de millones de empleados públicos.
La economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, destacó que el gobierno ha optado por la vía de los bonos indexados para evitar que la construcción de un salario digno desestabilice su precaria balanza fiscal. Herrera subrayó que esta política busca controlar la inflación sacrificando la seguridad social a largo plazo.
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