El 24 de junio de 2026, dos terremotos —de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas segundos— sacudieron la costa norte de Venezuela con una violencia que el país no había visto en más de un siglo. El epicentro se ubicó en Yaracuy, pero fue en La Guaira donde la tragedia alcanzó proporciones bíblicas: según datos presentados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se registraron 189 edificios totalmente colapsados en todo el país, de los cuales 158 estaban en ese solo estado. Ocho de cada diez estructuras derrumbadas cayeron sobre la misma franja costera.
Las cifras oficiales de muertos han ido creciendo semana tras semana, en una progresión que por sí sola cuenta la historia del desastre: de poco más de mil ochocientos fallecidos a fines de junio, la cifra oficial se ha elevado a 4.333 personas. A esto se suman más de dieciséis mil heridos. Y detrás de cada número hay una cifra aún más inquietante: un sitio creado por voluntarios ha registrado 18.000 personas reportadas como desaparecidas, mientras que Naciones Unidas llegó a estimar la cifra en unas 50.000 en los días posteriores al sismo.
El colapso no fue solo de los edificios
Lo más doloroso de esta tragedia no es únicamente geológico, sino institucional. Tras el terremoto de Caracas de 1967, el gobierno revisó sus códigos sísmicos, pero esas medidas nunca fueron priorizadas, y el resultado se vio con crudeza en edificaciones donde se encontraron vigas de poliestireno cubiertas con apenas centímetros de concreto y columnas sin armadura de hierro.
La respuesta oficial llegó tarde y corta. Casi 24 horas después de los terremotos, vecinos de La Guaira excavaban entre los escombros con sus propias manos, ante la escasez de maquinaria pesada y una asistencia gubernamental muy limitada. Fueron voluntarios —muchos de ellos residentes que perdieron todo— quienes sostuvieron las primeras horas de rescate, mientras camiones militares intentaban improvisar una logística que el Estado no tenía preparada.
Las morgues que no existían
Ante la magnitud de los muertos, el sistema forense venezolano colapsó casi tan rápido como los edificios. Las autoridades tuvieron que instalar una morgue improvisada en los silos del puerto de La Guaira, donde médicos forenses caminan entre decenas de cuerpos apilados y las familias esperan durante horas —a veces días— para poder reclamar a sus muertos. Cerca de la carpa donde se centra la operación se acumulan un centenar de urnas vacías junto a los escombros, una imagen que resume mejor que cualquier discurso oficial el tamaño del desastre.
Cuando ni siquiera esa morgue improvisada dio abasto, la respuesta fue aún más desoladora: ante la falta de morgues con capacidad de refrigeración operativa, las fosas comunes se convirtieron en la única alternativa para evitar un desastre epidemiológico mayor. Hoy, en la entrada de La Guaira, cuerpos sin identificar descansan bajo cruces de madera marcadas apenas con un número, a la espera de que algún día el ADN les devuelva un nombre.
Una herida que no cierra
A 17 días del doble sismo, mientras los equipos internacionales de rescate empiezan a retirarse y ceden el terreno a las cuadrillas locales, la indignación ciudadana crece frente a la lentitud de las respuestas oficiales y las dudas sobre la calidad de la construcción en complejos estatales. La Guaira, que ya había sido escenario de tragedia en el deslave de 1999, vuelve a cargar el peso de una catástrofe que combina la furia de la naturaleza con las deudas históricas de un Estado que nunca terminó de prepararse para el próximo temblor
lapatilla
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