La justicia que descubrió la coacción tarde Por José Luis Centeno S.

Víctima o cómplice: etiquetas que evitan matices.

Hay confesiones que llegan con retraso y, aun así, iluminan la escena. No necesariamente la absuelven. La exmagistrada dice que firmó decisiones bajo presión, con familiares detenidos y el miedo sentado en la oficina, como un funcionario más.

Si ocurrió así, no estamos ante una anécdota de pasillo: es una denuncia que exige investigación. Pero también abre una pregunta incómoda, de esas que el lenguaje solemne intenta esconder bajo la alfombra: ¿qué pasó con la exmagistrada mientras firmaba? Bárbara César Siero difícilmente la responda.

La paradoja tiene expediente propio. La exmagistrada habría sido obligada a convalidar inhabilitaciones políticas y ahora describe el mecanismo que, según afirma, torció su voluntad. El sistema que antes hablaba por su firma aparece hoy, en su relato, como la mano que la guiaba. El problema es que, para quienes quedaron fuera de la contienda, el resultado fue igual de concreto: una decisión con apariencia judicial y consecuencias en la vida pública.

En este contexto, la palabra coacción no funciona como goma de borrar. Puede explicar, y quizá atenuar, la conducta de quien fue amenazado, no convierte automáticamente en inexistente todo lo que produjo el acto. Hace falta saber quién presionó, cómo, cuándo, qué documentos circularon y qué margen real tenía la magistrada para negarse. También, como es lógico, hace falta escuchar a quienes fueron afectados.

La versión pública abre una puerta, no reemplaza la investigación. En Venezuela, sin embargo, a veces basta con abrir una puerta para que el edificio entero empiece a crujir. Y aquí aparece el humor negro, ese recurso nacional que ya no necesita escritores: la justicia habría sido presionada para decidir, pero nadie parece haber presionado para que explicara.

La exmagistrada cuenta que firmó por temor, el país se pregunta por qué no habló entonces. Ella responde, según su relato, que temía por su familia. Puede ser una explicación verosímil. También es legítimo preguntar por qué el silencio duró tanto. La respuesta no se obtiene con burlas ni con absoluciones instantáneas, sino contrastando hechos.

La parodia empieza cuando el poder judicial se presenta como autónomo en los discursos y, al mismo tiempo, sus integrantes necesitarían permiso, o protección, para ejercer su criterio. Si la denuncia es cierta, la independencia no se perdió en una gran ceremonia. Se fue por entregas: una llamada, una instrucción, una firma apurada, otra firma semanas después.

El deterioro institucional tiene esa modestia. No siempre entra rompiendo la puerta, a veces llega con un documento listo para rubricar y una amenaza que no queda registrada en el acta.

La exmagistrada no habla desde una plaza limpia de historia. Formó parte de la institución que hoy describe como sometida. Esa circunstancia no invalida lo que denuncia, pero tampoco se evapora porque el relato sea grave. Una víctima puede haber sido antes funcionaria, una funcionaria puede denunciar una coacción real y, a la vez, tener que responder por sus decisiones. El derecho no debería exigir pureza biográfica para escuchar a alguien. Tampoco debería convertir una denuncia tardía en certificado de inocencia.

Lo más inquietante es que la discusión pública se haya convertido en un juicio de frases cortas: unos la llaman víctima; otros, cómplice. Ambas etiquetas ahorran trabajo. La tarea difícil es reconstruir cada decisión y establecer qué sabía, qué quiso y qué podía hacer. ¿Hubo amenaza concreta? ¿Persistió cuando se produjo una segunda firma? ¿Se dejó constancia de alguna reserva? ¿Existían vías para apartarse?

Son preguntas legítimas, no una condena anticipada. Tampoco son una invitación a olvidar el daño que pudieron causar las resoluciones.

La exmagistrada dice que el miedo alcanzó a su familia. En cualquier país, una afirmación así merecería una investigación independiente, con acceso a documentos y testimonios, no una competencia de sarcasmos. Si la coacción se acredita, habrá que identificar responsabilidades y examinar los actos firmados. Si no se acredita, también deberá explicarse por qué se formuló una acusación tan seria. Y si hay partes comprobadas y otras no, la verdad tendrá que tolerar esa forma menos cómoda: la de los matices.

Mientras tanto, la institución ofrece su propia parodia. Una magistrada habría firmado sin libertad, las decisiones conservaron su traje de autoridad, los ciudadanos recibieron sus efectos. Después, cuando la amenaza habría rozado su círculo íntimo, la voz que faltaba encontró micrófono.

No es extraño que la gente pregunte por la tardanza. Lo extraño sería pedirle que no pregunte. En un sistema sano, esas preguntas tendrían respuestas procesales. En uno deteriorado, como el nuestro, se vuelven ruido político y el expediente sigue cerrado, como si la opacidad fuera una forma de motivación.

La confesión no repara por sí sola lo ocurrido, ni demuestra por sí sola cada detalle. Pero obliga a mirar el mecanismo, no solo a quien finalmente lo contó. Si una firma judicial pudo obtenerse mediante amenazas, la justicia dejó de ser justicia antes de que la exmagistrada hablara.

Si las decisiones se dictaron libremente, habrá que probarlo con razones y constancias, no con el silencio de los años. Ergo, la ironía queda servida: el tribunal que debía resolver la coacción quizá necesite primero que alguien investigue quién coaccionaba al tribunal.

En esta historia, el dato decisivo no es que la exmagistrada haya recuperado la voz, sino que tantos pudieron creer que debía perderla para conservar a su familia. El país no necesita otra ceremonia de indignación ni una absolución por simpatía. Necesita hechos comprobables, responsables identificados y decisiones revisables con garantías.

Lo demás es teatro judicial: la función sigue, las luces encendidas, el público esperando que alguien explique por qué la justicia actuaba como si también estuviera bajo presentación periódica.

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