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Venezuela: Entre el petróleo y la democracia. Por: Engels Espina Molero

Venezuela atraviesa un momento político en el que su futuro parece depender, en buena medida, de decisiones que se toman tanto en Caracas como en Washington. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez intenta consolidar una nueva etapa política mediante negociaciones con sectores de la oposición, Estados Unidos redefine su escenario interno después de unas elecciones de medio término que modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas en el Congreso.

La coincidencia de ambos acontecimientos plantea una interrogante fundamental: ¿está Washington impulsando una verdadera transición democrática en Venezuela o está priorizando una fórmula de estabilidad política y económica que garantice sus intereses estratégicos?

Las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 3 de noviembre dejaron una importante victoria para el Partido Demócrata, que recuperó el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Se trata de un revés político para Donald Trump, quien deberá enfrentar durante los próximos dos años un Congreso con mayoría opositora.

Aunque el presidente conserva sus competencias en materia de política exterior, la nueva correlación parlamentaria le impondrá mayores controles, exigencias de transparencia y dificultades para desarrollar su agenda legislativa. La política hacia Venezuela no estará al margen de ese escenario.

El petróleo y los intereses de Washington

Uno de los acontecimientos más relevantes de esta semana fue la divulgación de información sobre los ingresos generados por las exportaciones venezolanas de petróleo y otros recursos naturales.

Según un informe de KPMG citado por medios estadounidenses, entre el 3 de enero y el 30 de septiembre se gestionaron aproximadamente 12.260 millones de dólares a través de una cuenta de custodia controlada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estos recursos proceden principalmente de las ventas petroleras venezolanas.

La cifra revela la dimensión económica de la relación entre Washington y Caracas, pero también plantea preguntas sobre la transparencia, la administración y el destino de los recursos que pertenecen a los venezolanos.

No se trata de cuestionar la necesidad de recuperar la industria petrolera ni de desconocer la importancia de atraer inversiones. Venezuela necesita recuperar su capacidad productiva, reconstruir sus servicios públicos y generar condiciones para una economía sostenible. El problema aparece cuando la recuperación económica comienza a avanzar sin que exista una transformación institucional equivalente.

La pregunta es inevitable: ¿puede hablarse de una transición democrática si los acuerdos económicos avanzan mientras las garantías políticas, electorales y judiciales siguen pendientes?

Los intereses energéticos de Estados Unidos son legítimos dentro de su política exterior, pero no deberían convertirse en el principal criterio para definir el futuro institucional de Venezuela. Una estabilidad que garantice petróleo, inversiones y negocios, pero que no restituya los derechos ciudadanos, terminaría siendo una solución parcial y potencialmente perjudicial para el país.

Negociaciones sin una fecha electoral

En Caracas, el chavismo y un sector de la oposición iniciaron el 13 de noviembre una cuarta ronda de conversaciones impulsadas por Estados Unidos. Entre los asuntos que se encuentran sobre la mesa destacan la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, la revisión de las normas que han permitido inhabilitar dirigentes políticos, las garantías institucionales y las condiciones para avanzar hacia nuevas elecciones.

Aunque se han registrado algunos acuerdos, todavía no existe una fecha definida para los próximos comicios presidenciales. Tampoco se ha concretado la renovación del Consejo Nacional Electoral, una institución cuya independencia resulta indispensable para recuperar la confianza de los venezolanos en el voto.

La oposición participante en estas conversaciones ha planteado la necesidad de construir condiciones que permitan celebrar elecciones a finales de 2027 o comienzos de 2028. Sin embargo, el calendario no puede convertirse en una excusa para prolongar indefinidamente la incertidumbre política.

También resulta significativo que María Corina Machado, principal referente de la oposición democrática y Premio Nobel de la Paz, no forme parte de la delegación que participa directamente en esta mesa de negociación. Aunque ha manifestado su expectativa de que el proceso produzca resultados, la ausencia de uno de los principales liderazgos opositores plantea interrogantes sobre la representatividad y el alcance de los acuerdos.

Una negociación puede facilitar avances, pero necesita legitimidad, garantías y compromisos verificables. No basta con anunciar reformas institucionales si estas no se traducen en independencia judicial, pluralismo político y condiciones electorales verdaderamente competitivas.

El nuevo Congreso estadounidense y sus consecuencias para Venezuela

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso introduce un elemento que el gobierno venezolano y los actores políticos de la oposición tendrán que considerar.

A partir de enero de 2027, cuando se instale formalmente el nuevo Congreso, la Administración Trump tendrá que convivir con una mayoría parlamentaria opositora que podrá ejercer mayor supervisión sobre sus decisiones.

Esto puede beneficiar a la causa democrática venezolana si los legisladores utilizan sus atribuciones para exigir explicaciones sobre los acuerdos petroleros, la administración de los recursos, las condiciones de las negociaciones y el cumplimiento de los compromisos relacionados con la transición.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que una mayoría demócrata significa automáticamente un cambio favorable en la política estadounidense hacia Venezuela. Los intereses estratégicos de Estados Unidos no pertenecen exclusivamente a un partido. La seguridad energética, la estabilidad regional y el control de la influencia geopolítica seguirán formando parte de las prioridades de Washington.

La diferencia estará en la capacidad de supervisión política que tendrá el Congreso y en la disposición de sus nuevos representantes para exigir que los acuerdos con Caracas no se limiten a objetivos económicos.

El 17 de noviembre, con la reanudación de la actividad legislativa en la Cámara de Representantes, comienza una semana importante para observar cómo se procesa políticamente la nueva correlación de fuerzas. No debe confundirse esta fecha con una decisión específica sobre Venezuela, pero sí representa una oportunidad para evaluar el rumbo que tomará la discusión política estadounidense después de las elecciones.

Para la oposición venezolana, el desafío será aprovechar este nuevo escenario sin convertir su estrategia en una simple dependencia de las diferencias entre republicanos y demócratas. La recuperación democrática necesita una agenda propia, coherente y capaz de generar respaldo institucional más allá de las preferencias partidistas de Washington.

La realidad venezolana no puede ocultarse detrás de los acuerdos

Mientras las negociaciones avanzan, la situación interna continúa mostrando contradicciones que no pueden ignorarse.

Esta semana se conoció que dos presos políticos vinculados al caso de los Sargentos de Cotiza iniciaron una huelga de hambre en Ramo Verde, después de haber cumplido la totalidad de sus condenas sin recuperar su libertad.

Al mismo tiempo, el país continúa enfrentando graves dificultades en los servicios públicos, particularmente en el sistema eléctrico. Las fallas del suministro, los problemas de infraestructura y el deterioro de las condiciones de vida siguen afectando a millones de ciudadanos.

La Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que abre posibilidades de participación privada y nuevas modalidades de inversión. Es un asunto relevante para la recuperación económica, pero su verdadera efectividad dependerá de que existan reglas claras, seguridad jurídica y mecanismos de control institucional.

No puede hablarse de normalización política mientras persistan presos por razones políticas, restricciones a la libertad de expresión y un sistema de justicia cuya independencia continúa siendo cuestionada.

La transición no consiste únicamente en cambiar las relaciones económicas o modificar algunas leyes. Supone recuperar el Estado de derecho, garantizar la separación de poderes y devolverle al ciudadano la capacidad de elegir libremente a sus gobernantes.

Venezuela necesita una transición, no una administración de la incertidumbre

Los acontecimientos de esta semana dejan una conclusión que merece especial atención: Venezuela tiene ante sí una oportunidad, pero también enfrenta el riesgo de que sus aspiraciones democráticas queden subordinadas a intereses económicos y geopolíticos.

Donald Trump tendrá que administrar un nuevo escenario político en su país. Los demócratas tendrán la responsabilidad de demostrar que su victoria electoral puede traducirse en una fiscalización efectiva. Delcy Rodríguez y los sectores de la oposición que participan en las negociaciones deberán demostrar que los acuerdos pueden producir cambios reales y no simplemente prolongar una situación de incertidumbre.

El petróleo puede abrir las puertas de una negociación, facilitar inversiones y contribuir a la recuperación económica. Pero no puede sustituir la democracia ni convertirse en el precio que los venezolanos deban pagar por recuperar cierta estabilidad.

La comunidad internacional debe comprender que la reconstrucción de Venezuela no puede medirse exclusivamente por los barriles de petróleo exportados, los contratos firmados o los recursos administrados. Debe evaluarse por la liberación de los presos políticos, la independencia de las instituciones, el respeto a las libertades y la posibilidad de celebrar elecciones libres, transparentes y verificables.

Venezuela necesita recuperar su economía, pero también necesita recuperar su dignidad institucional. Necesita inversiones, pero también seguridad jurídica. Necesita estabilidad, pero una estabilidad sustentada en la legitimidad democrática y no en acuerdos que excluyan la voluntad popular.

Porque el verdadero desafío no es decidir quién controla el petróleo venezolano, sino garantizar que los venezolanos recuperen el control de su propio destino.

La democracia no puede ser el último punto de una negociación en la que el petróleo ya haya ocupado el primer lugar.

Engels Espina Molero
Abogado. Máster en Dirección en la Gestión Pública. Exconcejal y exsíndico procurador del municipio Almirante Padilla.
Analista político y consultor en comunicación política y estrategia electoral.

Abog. Engels Espina Molero | LinkedIn

Correo electrónico: abogengelsespina@gmail.com

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