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La ONG Acceso a la Justicia: Se quedó sin sitio web por censura indirecta

Bancamiga

El sitio web de la ONG Acceso a la Justicia fue suspendido temporalmente después de denuncias hechas ante su servicio de hospedaje (hosting) con casos ficticios de violación de la propiedad intelectual, un mecanismo sofisticado que incluye identidades falsas y publicaciones creadas en otras páginas web para evitar que la organización publique información y análisis jurídico sobre la situación nacional o sentencias del máximo tribunal en Venezuela.

La organización recibió la primera notificación de su proveedor de hosting el 30 de diciembre de 2019, en relación a una noticia donde se analiza una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un documento público citado por Acceso a la Justicia, que por su carácter de interés general puede ser replicado por cualquier persona sin implicar una violación de derechos de autor. Los denunciantes hicieron una publicación en un blog, y la utilizaron como referencia para su denuncia ante el hosting de la organización, por presunta violación de derechos de autor. Este contenido está fechado un día antes de que el TSJ publicara el texto, y fue enviado bajo un nombre falso, similar al de una periodista española.

Además de la falsa identidad, la publicación hecha por los denunciantes contiene un texto que la organización utiliza constantemente en sus publicaciones: “Comentario de Acceso a la Justicia”, lo que evidencia que copiaron la información de la página web de la organización para publicarla con fecha previa y denunciar a Acceso a la Justicia, buscando la suspensión del sitio web.

Las publicaciones con fecha anterior pueden hacerse desde diferentes manejadores de páginas web para la publicación de contenidos, sin necesidad de que la fecha colocada coincida con el día en curso. Incluso, manejadores como WordPress permiten programar entradas para que se publiquen automáticamente en el futuro, o modificar la fecha de publicación de notas que ya estén disponibles en el sitio web. Este criterio de fecha busca aplicar a Internet medidas que son válidas en el mundo físico, por ejemplo en este caso se asemeja a publicación de información en periódicos, pero estos indicadores no son útiles para evaluar la fecha de publicación de un contenido en un sitio web, pues pueden modificarse fácilmente.

La segunda denuncia fue el 30 de marzo de 2020, bajo el nombre de una diputada canadiense cuya dirección y teléfono en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, corresponde con un centro comercial. Al respecto, Acceso a la Justicia comentó: “su denuncia está presentada en portugués y en su señalamiento menciona una sentencia que el sitio web vlexvenezuela replicó de la página del TSJ y no alguna que Acceso a la Justicia haya analizado. Ello significa que la sentencia supuestamente plagiada por la ONG no es la misma que la que esta página contiene: son de fechas distintas, con sujetos y temas diferentes, y la de este último sitio no se encuentra en la página de Acceso a la Justicia”1.

La plataforma de hosting actúa bajo la Digital Millennium Copyright Act y según su política de protección de derechos de autor. Sin embargo, el personal no hizo una revisión exhaustiva de las denuncias ni atendió de manera adecuada las respuestas de Acceso a la Justicia, la medida de suspensión de su página web es desproporcional, pues afecta todo el contenido del sitio a pesar de que las denuncias que recibieron incluyen una sola publicación.

La suspensión de todo el sitio web es innecesaria, se fundamenta en reclamos falsos y limita la posibilidad de divulgar, recibir y buscar información de interés público en un contexto de estado de alarma nacional.  Las denuncias implican una persecución a la organización Acceso a la Justicia, limitando además su labor como defensores de derechos humanos.

Según la empresa de hosting, están comprometidos por ley “a procesar y actuar frente a todas las quejas completas de derechos de autor que recibe nuestra compañía. Esto incluye deshabilitar contenido sobre el cual se han alegado infracciones de los derechos de Propiedad Intelectual de la tercera parte que ha enviado la queja. Esto se hace típicamente suspendiendo el acceso a la cuenta de hosting donde está localizado el contenido”2.

Rechazamos estas medidas de censura indirecta que mantendrán fuera del aire el sitio de la organización Acceso a la Justicia, e invitamos a leerles a través de sus perfiles de redes sociales. La falta de información afecta la posibilidad de tomar decisiones con datos reales, y la censura es un acto contrario a los principios democráticos.

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