En un giro crucial para la resolución del conflicto financiero que afecta a cientos de depositantes internacionales, la representación legal de un importante grupo de personas y empresas venezolanas afectadas por la retención de sus fondos en el BOI Bank, sostuvo una serie de reuniones de alto nivel institucional en la capital de Antigua y Barbuda.
Los encuentros, celebrados el pasado lunes 22 de junio, fueron liderados por los juristas Dr. Lucas Rodríguez Álvarez y Dr. José Gregorio Sánchez Bueno. Los representantes de los afectados fueron recibidos formalmente por las máximas autoridades del marco jurídico y legislativo de la isla caribeña: el Fiscal General, Sir Steadroy Benjamín, y el Presidente de la Cámara de Representantes, Sir Osbert Frederick.
Durante las audiencias, la defensa consignó un expediente detallado con información técnica y financiera que demuestra el volumen de las acreencias de sus representados ante la entidad bancaria. El propósito central de esta avanzada legal fue solicitar formalmente al Gobierno de Antigua y Barbuda la apertura inmediata de una investigación exhaustiva sobre las operaciones y administración del BOI Bank.
La acción legal busca que el Estado e instituciones reguladoras de la isla garanticen que dichos compromisos financieros sean debidamente reconocidos e integrados como pasivos legítimos de la entidad. Con esta medida, la representación legal activa los mecanismos institucionales necesarios para asegurar el blindaje y el resguardo definitivo de los derechos económicos de los ahorristas e inversionistas venezolanos cuyos capitales permanecen retenidos.
Esta histórica apertura al diálogo por parte del Parlamento y la Fiscalía de Antigua y Barbuda eleva el caso a una dimensión de máxima prioridad institucional, abriendo una vía clara hacia la transparencia y la justicia financiera para las víctimas del cese de operaciones de la institución bancaria.
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