Después de 16 años de ensañamiento, martirio y batallas legales sin precedentes, la jueza María Lourdes Afiuni ha recuperado por fin la libertad que Hugo Chávez le arrebató. Es una buena noticia para ella, su familia y quienes la acompañaron en una odisea personal plagada de momentos infernales que pusieron a prueba su integridad física y su salud mental. Afiuni no salió ilesa. Cuando fue excarcelada en 2011, después de más de un año de pesadilla en el Instituto de Orientación Femenina, en las afueras de Caracas, su cuerpo llevaba las cicatrices de un brutal asalto sexual. Allí también intentaron quemarla viva. Pero resistió y hoy es un símbolo de integridad profesional.
Da la impresión de que el sobreseimiento de su causa y el cierre definitivo de su caso también son buenas noticias para la justicia venezolana. Lo son, sin duda. Pero mientras no se hayan reparado los daños que sufrió Afiuni durante tantos años de cautiverio y privación de libertad, los venezolanos no estarán bien servidos y la justicia seguirá incompleta.
Su caso es un parteaguas. Conviene, por eso, repasar cómo ocurrieron las cosas y cuál fue su impacto sobre la administración de justicia en Venezuela.
El 10 de diciembre de 2009, siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, Afiuni otorgó libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, quien llevaba más de tres años detenido sin sentencia. La jueza actuó en pleno ejercicio de sus funciones, apegada a la ley y con la autonomía propia de una jueza titular. Al día siguiente, en cadena nacional, el presidente Hugo Chávez la llamó bandida y clamó: “Pongan presa a esa sinvergüenza”, exigiendo para ella la pena máxima de 30 años y afirmando que “en tiempos de Bolívar hubiera sido fusilada”. El castigo que Chávez pedía era, en realidad, un pase de factura por haber liberado a Cedeño, a quien el caudillo consideraba su enemigo personal.
Que un presidente exigiera públicamente a las autoridades de justicia —incluida la Fiscal General, presente en aquella alocución— dirigir toda la fuerza de una rama independiente del Estado contra una persona es un exabrupto en cualquier democracia. Pero Venezuela ya no lo era. El caso Afiuni fue la expresión más brutal del avance indetenible de una autocracia.
El carácter punitivo y vengativo de Chávez ya se había hecho patente en 2007, cuando cerró Radio Caracas Televisión, la principal televisora del país, y cuando el general Raúl Isaías Baduel, su propio exministro de la Defensa y compañero de insurrecciones, calificó la búsqueda de la reelección indefinida mediante una reforma constitucional de “golpe de Estado” para perpetuarse en el poder. La ruptura entre ambos se selló dos años después, en 2009, cuando Baduel fue detenido en represalia por aquella denuncia y muerto sin juicio de manera ignominiosa en una celda del Helicoide. Pero en el atropello de la jueza titular latía algo más: un mensaje dirigido a todos los demás jueces. Nadie se atreva a cuestionar, ni mucho menos a contrariar, mi voluntad. Miren lo que le pasó a Afiuni.
El mensaje resonó con toda su fuerza en el sistema de justicia, paralizándolo y convirtiéndolo en el brazo ejecutor de las arbitrariedades de Chávez y, después, de Maduro. Ese fue el origen del llamado “efecto Afiuni”: una advertencia que durante dos décadas mantuvo al poder judicial postrado ante un Ejecutivo cada vez más concentrado y arbitrario.
Fui testigo de una parte de esa historia.
Entre 2010 y 2013 formé parte de un grupo de trabajo del Carr Center for Human Rights Policy de la Universidad de Harvard dedicado a conseguir la liberación de Afiuni. Éramos dos estadounidenses y dos venezolanos. Por Estados Unidos, el veterano de Vietnam Charlie Clements, quien también había sido médico humanitario durante la guerra civil de El Salvador, y el notable lingüista e intelectual de izquierda Noam Chomsky. Por Venezuela, el sociólogo y activista de derechos humanos Leonardo Vivas y yo. Durante más de dos años llevamos a cabo una diplomacia silenciosa que nos permitió contactar organismos de derechos humanos, celebridades de Hollywood, presidentes latinoamericanos, figuras vinculadas al chavismo e incluso al propio Hugo Chávez.
En una de esas gestiones logré hacerme pasar por un familiar para visitar a la jueza en su celda del INOF, donde permanecía recluida en condiciones deplorables, separada del mundo por una gruesa puerta de hierro, pero muy cerca de otras prisioneras a las que ella misma había juzgado. Aquello implicaba una amenaza constante contra su vida.
Chomsky fue el vocero de una petición sencilla: en vista de la violencia que Afiuni había sufrido en la cárcel y de las condiciones inapropiadas de su presidio, el presidente debía hacer un gesto de humanidad que pusiera fin a su sufrimiento y al peligro que corría. Pasó un año sin señales de avance, pero confiábamos en que las gestiones internacionales y la defensa legal terminarían por producir una medida humanitaria.
En febrero de 2011, el deterioro de la salud de la jueza, junto con la creciente presión desde distintos frentes, llevó finalmente a la fiscal general Luisa Ortega Díaz —a quien Chomsky también le había escrito— a recomendar una medida de casa por cárcel. Pero la amenaza de encarcelarla de nuevo seguía presente. En julio de ese año, Chomsky publicó en la prensa venezolana una carta personal apelando a los valores humanistas que Chávez decía encarnar. La misiva fue reseñada internacionalmente y obligó al chavismo a tomar nota de que uno de los faros intelectuales de la izquierda mundial denunciaba aquel abuso de poder.
Las advertencias de su entorno, sin embargo, no lo hicieron retroceder ni ablandarse, pese a que libraba una batalla perdida contra el cáncer y rogaba por su vida en las iglesias, elevando un crucifijo al cielo.
Afiuni fue condenada por un delito de “corrupción espiritual”, inexistente en nuestro código penal, y quedó impedida de volver a ejercer como juez. Solo obtuvo libertad condicional en junio de 2013, con medidas cautelares que le prohibían ejercer la abogacía de manera privada, salir del país o usar redes sociales. Para entonces su verdugo había muerto.
Muchos pensábamos que, después de tantos años sin cambios relevantes en su caso, Afiuni permanecería en el limbo, languideciendo como un viejo fantasma en un país en ruinas. Su hija Geraldine abandonó Venezuela hace más de 10 años en busca de nuevos horizontes y para escapar de una vida invivible. Hoy tiene dos hijos. Su valiente abuela solo los conoce por fotos y videoconferencia.
Tal vez por eso la noticia del cierre definitivo del caso estuvo acompañada de una fuerte sensación de irrealidad. Leonardo Vivas me la comunicó reproduciendo un mensaje en redes sociales de Nelson Afiuni, hermano de la jueza y su paladín personal durante todos estos años: “IMPORTANTE, en la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de LIBERTAD PLENA Y CIERRE TOTAL DEL CASO contra la jueza @mariafiuni. Ella junto con mi madre están en la clínica y me dirijo a casa de mis padres para obtener la notificación y publicarla”.
Vivas se comunicó con Charlie Clements, quien comentó el hecho con una línea lacónica pero precisa: “Muchas gracias por esta bocanada de aire fresco en un momento en que hay tan poco”. Lamentablemente, no podemos compartir con Chomsky la alegría de este momento.
Lamenté saber que María Lourdes está confrontando nuevos problemas de salud. Enseguida me vino a la mente su imagen esposada a una camilla en el hospital oncológico y recordé que cada vez que la visité en su casa debí sortear los controles de la Guardia Nacional instalados a la entrada del edificio y en la puerta de su apartamento, como si Afiuni fuera una criminal de máxima peligrosidad. Era otra de esas pantomimas prototípicas del chavismo que, sin embargo, tienen un efecto degradante en quien las padece.
Me resultó difícil no pensar que la libertad de Afiuni llegó en un momento revelador. Durante años, el chavismo fue incapaz de corregir uno de los abusos más notorios de su historia. El cierre del caso solo se produjo ahora, cuando Estados Unidos ha adquirido una influencia inusitada sobre decisiones que antes pertenecían exclusivamente al círculo más alto del poder venezolano. La noticia deja así un sabor ambiguo: una rectificación largamente esperada que, al mismo tiempo, recuerda el grado de tutela bajo el que hoy opera Venezuela.
Quise saber qué pensaban las personas que acompañaron a Afiuni durante todos estos años. Una de ellas es Thelma Fernández, la menuda e inquieta abogada que asumió su defensa junto con el penalista José Amalio Graterol. Conocí a Fernández en Caracas en 2010 y me impresionó la mezcla de pasión, compromiso y conocimiento legal con la que hablaba del caso. Aunque abandonó el país hace una década, esa pasión sigue intacta. El respeto por Afiuni, sin embargo, ha alcanzado un nivel casi reverencial a medida que han pasado los años y la jueza ha seguido sin doblegarse.
Fernández nunca dejó de acompañarla. Fue, de hecho, una de las primeras en reaccionar a la noticia.
“Pensábamos que hasta que el chavismo no saliera del poder, no veríamos la luz al final del túnel”, me dijo. “Yo me encontraba cansada y decepcionada. Pero después del 3 de enero decidimos subirle el perfil al caso. Las altas esferas del chavismo estaban divididas en torno a ponerle fin o no. El ala dura no quería, pero creo que la intervención del senador republicano por Florida, Rick Scott, muy cercano a Donald Trump y con quien hubo un acercamiento hace algunos meses, terminó por inclinar la balanza”.
lapatilla
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