En Venezuela, no hay justicia.
El poder judicial está totalmente cuestionado, tanto por la fiscalía de la corte penal internacional como por los órganos de protección.
Las reformas de varios artículos (art. 8.art. 25.art.81 y otros) ponen sobre la mesa la falta de independencia entre los poderes reflejando que sólo sirve para mantener el control del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Ejecutivo Nacional.
Esta cooptación judicial,
va en contra de manera fraudulenta a lo establecido en nuestra Constitución al reelegir magistrados, lo cual está prohibido y no garantiza imparcialidad, lo que generaría nulidad absoluta de la norma, dejando claro el Control Político y Falta de Independencia.
La propuesta de una mayoría simple, permitiría al oficialismo designar a los jueces sin oposición.
Por otra parte, la Reducción (de 32 a 20) y Aumento de Magistrados (Inestabilidad Estructural), evidencian una maniobra para reestructurar el tribunal y no para mejorar la justicia, facilitándose así, la selección de un grupo afín al gobierno.
Éstos cambios y limitaciones a la Sala constitucional, de manera recurrente, responde a necesidades políticas coyunturales no precisamente para solucionar el retardo procesal; limitando así ocasionalmente, la protección constitucional efectiva al ciudadano.
El retardo procesal y funcionamiento interno deja entrevistó la Inoperancia de la Reforma la cual es estructural y depende de la falta de independencia de los jueces de menor jerarquía.
Se ha creado una Incertidumbre jurídica por la falta de un debate público profundo y transparente, lo que aumenta la desconfianza en la reinstitucionalización del sistema judicial.
Estas reformas consolidan la falta de separación de poderes en Venezuela, sustituyendo la independencia judicial por un control político que afecta la confianza ciudadana en la justicia.
No queremos venganza, queremos Justicia!
Análisis:
Arq. Laura Bolla
Sociedad Civil Politica e Independiente.
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