Lo más importante es atenerse a los hechos, y la forma como se fueron concatenando a partir de 2005. Ese año se tomó una decisión clave para entender el desbordamiento de la delincuencia en el país, en especial la organizada.
En lo público, esta decisión fue descrita como la ruptura del convenio de cooperación con la Drug Enforcement Administration (DEA), la policía antidrogas estadounidense. El presidente Chávez, la anunció en una intervención pública, luego de analizar un informe remitido a la comandancia de la GN por el entonces jefe del Comando Antidrogas, general de brigada Frank Morgado, en el que describía una serie de operaciones fallidas, desarrolladas en el seno de un grupo especial de investigaciones conformado bajo la tutela de la DEA con personal escogido de CICPC, la Fiscalía y la propia GN. A Morgado esto le olía a una reedición del caso del General (GN) Guillén Dávila (en el cual él también estuvo implicado, siendo entonces un oficial subalterno).
Sobre la base de una casuística, el jefe del Estado tomó una decisión política que desde entonces ha tenido importantes consecuencias negativas para el país. Venezuela no solo se distanció de la DEA (esa hubiese sido un consecuencia menor), sino de toda la comunidad de policía internacional, lo que dejó al país prácticamente aislado en materia de investigación a las distintas manifestaciones del crimen organizado. Por lo tanto, a merced de ellas.
Se debe aclarar que el referido convenio de cooperación en realidad no era con la DEA, sino con la Sección de Asuntos sobre Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado. Tenía la forma de un memorándum de entendimiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, que incluía desde luego aspectos relacionados con la actividad de interdicción que han sido los más conocidos. Pero había otros tan importantes como ese, destinados a asuntos disímiles como la reforma al sistema aduanero, el fortalecimiento del sistema de administración de justicia e incluso la formación de representantes de la sociedad civil en prevención y tratamiento de las farmacodependencias. Todo eso fue paralizado y reemplazado posteriormente con iniciativas improvisadas.
La decisión de Chávez generaba entonces condiciones ideales para la radicación en Venezuela de mafias de todo tipo. Bastaba a estos sujetos hacerse auténticamente “revolucionarios” para obtener una patente de corso. Ya la Constitución aprobada en 1999 había cerrado la posibilidad de extraditar a los venezolanos requeridos por los tribunales de otros países, de manera que al obtener la nacionalidad los hampones se hacían prácticamente intocables por los delitos cometidos en otras latitudes. Así ha ocurrido por ejemplo con Arturo Cubillas Fontán, señalado por el magistrado de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco como el enlace entre la organización separatista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA) y las FARC. Cubillas fue jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) hasta la salida de Juan Carlos Loyo, en diciembre de 2011.
Hubo, además, otras importantes decisiones que implicaría en la práctica cesiones de territorio a los grupos irregulares y delictivos que operan en la frontera con Colombia. Los teatros de operaciones fueron desmantelados y reemplazados por unidades militares carentes de autonomía operativa, tuteladas desde Caracas. Se prohibió a la policía judicial desarrollar pesquisas antidrogas en la región limítrofe.
Al mismo tiempo, los planes de erradicación de cultivos ilícitos fueron paralizados hasta 2005 con el argumento de que se atendía las quejas de grupos ecologistas. Ese año fueron detectadas 250 hectáreas de coca y amapola de opio. Fue el último en que se contó con la “imagenología” suministrada por la cooperación internacional. Ya los sobrevuelos con los aviones de la DEA equipados con cámaras especiales tenían cuatro años sin realizarse en el país.
Desde 2006 la detección de los sembradíos se ha hecho mediante recorridos en helicópteros del Ejército, con escasos resultados. En este caso, no es que Venezuela sea un país “libre de cultivos ilícitos”, sino que las hectáreas de coca y amapola no son avistadas ni reportadas. Son, por decirlo en términos criminológicos, pura cifra negra. Todas las operaciones Sierra efectuadas desde entonces carecen, además, de la verificación que antes hacían invitados de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo tanto, no hay forma de contrastar lo que dicen los voceros gubernamentales.
Mientras tanto, en Colombia avanzaba la aplicación de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe. En materia de drogas y otras actividades del crimen organizado y fue así que los grupos que antes estaban en el centro del territorio neogranadino se trasladaron a la periferia, con tendencia a mudar sus operaciones a Venezuela. Esto podía percibirse claramente cuando se analizaba la evolución de las estadísticas de vuelos ilícitos en el eje colombo-venezolano entre los años 2003 y 2008. En el primer año de la serie la ruta más usada por los aviones de la droga era el corredor del Pacífico colombiano. En el último año, el trayecto más recorrido partía desde el sur de Apure y Guárico, hacia Falcón y Zulia, y finalizando, en las playas de Honduras o de República Dominicana.
La mesa estaba servida para que los militares venezolanos pudieran ofrecer a los grupos de traficantes colombianos algo que ellos buscan con ansias: una “ruta segura” para sus cargamentos. Para unir esta oferta con los demandantes hacían falta dos importantes intermediarios, empresarios de la droga y lo que venga con ella. Eran Walid Makled, alias el Turco, y José María Corredor Ibagué, mejor conocido como el Boyaco.
DE PUTUMAYO AL TAMANACO
La captura de José María Corredor en octubre de 2004 fue quizá una de las últimas grandes operaciones promovidas por la DEA en Venezuela. Los documentos internos señalaban claramente que Corredor era un enviado del Bloque Sur de las FARC, unidad comandada por José Benito Cabrera, alias Fabián Ramírez, para colocar alijos de drogas a cambio de armamento para la organización.
Corredor fue apresado en el lobby del Hotel Tamanaco, en Las Mercedes, cuando iba a reunirse con un agente encubierto para cuadrar un envío de drogas. El “cuerda floja” se sentó junto a él, luego se levantó para ir al baño y en ese momento se produjo la captura. Ante el Gobierno Corredor fue descrito como un “paraco” para así garantizar que permanecería detenido hasta el momento de su extradición. Una mentira blanca.
Para ese momento, según documentos de la DEA, el Boyaco tenía más de año y medio operando con la complicidad de un empresario ampliamente conectado con los militares del centro del país, propietario de las almacenadoras más grandes del puerto más grande de Venezuela: Walid Makled García.
Makled tenía nexos con la guerrilla y con los paramilitares. No era difícil, pues los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían reconfigurado en pequeños grupos conocidos como “bacrim” y llegaron a acuerdos operativos con frentes de las FARC que operan en Norte de Santander y los Llanos Orientales colombianos, para así garantizar la continuidad del “negocio”. Estas eran alianzas endebles, nada perdurables. El cartel del Norte del Valle y sus sucedáneos solo tenían en común con los guerrilleros el ansia de acumular riqueza. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo entre ellos mismos y a menudo las disputas se resolvían a tiros.
Makled y el Boyaco tuvieron un entendimiento que incluso trascendió a la propia detención del colombiano. El alijo de 5,5 toneladas de cocaína incautado en un jet en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en abril de 2006, fue enviado hasta allá desde el aeropuerto de Maiquetía en una operación organizada por el Turco. Él mismo lo ha reconocido. La droga pertenecía a las FARC y sería recibida en México por sujetos al servicio de una organización conocida como la Federación, comandada entonces por Joaquín Guzmán (alias Chapo) e Ismael Zambada (el Mayo).
Si en algo hay que dar crédito a Makled fue cuando afirmó que ese jet no pudo haber despegado sin la anuencia de las autoridades militares que controlan todas las actividades del principal terminal aéreo del país. El avión estuvo tres días en una rampa mientras le hacían reparaciones y esperaban la llegada del alijo, distribuido en 155 maletas que fueron colocadas en cada butaca. Cuando despegó tuvo un desperfecto en una compuerta y el piloto, Carmelo Vásquez, tuvo que devolverse de emergencia. Sin embargo, no lo inspeccionaron. Repararon la falla y nuevamente salió.
Venezuela poco a poco fue llenándose de enviados de todas las organizaciones criminales. Del Norte del Valle llegaron sujetos como Salomón Camacho Mora, Wilber Varela y Farid Feris Domínguez, todos ellos capturados o muertos en territorio nacional. De Italia llegó Salvatore Miceli, que en Venezuela representó al mismo tiempo los intereses de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia calabresa (´Ndrangheta). Desde México llegaron Luis Frank Tello y su compañera sentimental Gloria Rojas Valencia, ambos deportados en distintos momentos. Otros tantos han continuado operando. De ellos el más notable es Daniel Barrera, alias el Loco, señalado por autoridades colombianas y estadounidenses como el principal traficante de cocaína del momento.
No le faltaba razón a Bayardo Ramírez Monagas, expresidente de la Conacuid, cuando afirmaba que las autoridades venezolanas, en el afán de aparentar que luchan contra el tráfico de drogas, lo único que han hecho es atacar a un solo bando de este negocio, siempre el lado de los paramilitares o sus derivaciones. Algo similar a lo que se ha dicho con respecto a las presidencias mexicanas que antecedieron a Felipe Calderón. En Venezuela los únicos paracos que cayeron en manos de las autoridades fueron el Boyaco Corredor, que luego se evadió de la Disip, y Juan Martínez Vega, alias Chigüiro, cuyo nombre figura en la acusación judicial contra la cúpula de las FARC en una corte estadounidense. Este hombre fue detenido casi como un hecho colateral en febrero de 2005, cuando se llevó a cabo el rescate de Maura Villarreal, la mamá del entonces grandeliga Ugueth Urbina, quien había sido plagiada por el frente 10 de la guerrilla colombiana. La mujer estaba cautiva en una instalación turística abandonada al sur del estado Bolívar. Cuando los agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de CICPC la liberaron, hallaron además 630 kilos de cocaína escondidos en el mismo lugar.
LAS PERLAS DE APONTE APONTE
A medida que pasa el tiempo aumenta el cúmulo de indicios sobre la participación concertada y continuada de oficiales generales en el tráfico de drogas. De esta historia apenas se conocen algunos datos, develados gracias a que los propios aliados del régimen sienten cerca el final y tratan de negociar una salida antes de que se hunda el barco.
Las primeras pistas al respecto fueron divulgadas a partir de la segunda mitad de 2008, cuando el Departamento del Tesoro anunció el congelamiento de las cuentas y bienes que pudieran tener en Estados Unidos el entonces director de la Disip, y actual ministro de la Defensa, general Henry Rangel Silva; el general de brigada Hugo Carvajal (el Montesinos de Chávez, según la revista Semana) a la sazón director de Inteligencia Militar, y el capitán de navío retirado y exministro de Relaciones Interiores Ramón Rodríguez Chacín. Todos ellos porque supuestamente sirvieron de enlace con las FARC en el intercambio de armas por drogas.
Al conocer esta noticia el presidente no solo descartó los señalamientos, sino que ascendió a Rangel al grado de general en jefe y lo promovió a la conducción del Comando Estratégico Operacional. Hoy en día, es el militar activo con mayor poder en el país, pues también ejerce la cartera de Fuerte Tiuna. En otros términos, el oficial posee el control administrativo y operativo de la institución militar. ¿Cómo entender esta decisión del comandante en jefe?
La lista del Tesoro fue engrosada en septiembre de 2011, como consecuencia del análisis de los archivos hallados en el campamento donde murió Raúl Reyes tres años atrás. El bloqueo de cuentas y bienes fue extendido también al comandante de la Cuarta División Blindada y jefe de la Guarnición de Maracay, general de división Clíver Alcalá; al diputado Freddy Bernal, el comisario del Sebin, Ramón Madriz, y al diputado Amílcar Figueroa, cuyo nombre también fue mencionado como uno de los respaldos políticos de ETA en Venezuela.
En resumen, de las siete personas sancionadas por el Tesoro debido a su aparente vínculo con las FARC y el tráfico de drogas, dos son militares activos de alta graduación, otras dos son retirados que han ejercido posiciones clave en el Gobierno, una es miembro de la policía política con la mayor jerarquía y dos civiles. Todas actuando en una aparente asociación continuada hacia un mismo fin.
Faltaba, sin embargo, la información sobre hechos concretos en los que algunos de los miembros de esta sociedad hayan actuado. Ese dato lo aportó el coronel retirado (GN) Eladio Aponte Aponte, ex fiscal general militar promovido por el propio régimen a la máxima posición de la justicia penal venezolana, es decir, a la presidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Antes de salir del país para convertirse en colaborador de la policía antidrogas estadounidense, Aponte reveló que por presiones de la cúpula militar del momento tuvo que otorgar una medida cautelar al teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino, quien fue detenido en marzo de 2006 junto a otros dos oficiales, dos suboficiales y un civil a propósito de las investigaciones posteriores al decomiso de un alijo de 2,2 toneladas de cocaína. Este cargamento fue traído desde Colombia en noviembre del año anterior por vía terrestre y ocultado en la sede de un batallón ubicada en Carora, estado Lara. A pesar de esta circunstancia, Maggino fue ascendido posteriormente al grado de coronel, y continúa activo en la FAN.
El desenlace del caso Aponte, así como los hechos previos, sugieren además que en la FAN no existe un Cartel de los Soles, sino por lo menos dos grandes estructuras en pugna por el control del paso de drogas. Una de la GN y otra del Ejército. La salida de Makled a partir de 2008 dejó a la GN en posición desventajosa frente a una alianza de facto entre las FARC y el componente terrestre.
CONCLUSIÓN: FUTURO EN PELIGRO
En 1993, Venezuela “ofrece estupendas oportunidades a los narcotraficantes”. Su vecindad con Colombia, la existencia de amplias fachadas con el mar Caribe y el océano Atlántico y, lo que resultaba más importante, la existencia de una élite política que poca atención le ponía al problema del tráfico y consumo de drogas, le conferían al territorio unas características ideales para el desarrollo del negocio de la droga.
Con la llegada de Hugo Chávez al poder hubo militares activos y retirados implicados en casos de drogas. En 1992 fue detenido en una operación encubierta el general de brigada (Ejército) Alexis Ramón Sánchez Paz, a la sazón agregado militar en Estados Unidos. El tratamiento a una lesión lo hizo adicto a los narcóticos, especialmente la morfina, y esto lo llevó a traficar alijo hacia Estados Unidos, donde finalmente tuvo que pagar diez años de prisión. Durante el segundo período de Carlos Andrés Pérez también cayeron Guillén y Hernández, aunque en condiciones totalmente diferentes.
Esta idea, sin embargo, ha perdurado hasta nuestros días para designar al grupo de militares en actividad que supuestamente ha establecido cierta hegemonía sobre el tráfico de drogas, debido a su vínculo con el poder establecido. No obstante, la evidencia que ha surgido desde la divulgación de los archivos informáticos hallados en poder de Luis Edgar Devia (alias Raúl Reyes), encargado de las relaciones internacionales de las FARC, así como también con la detención del empresario Walid Makled, y más recientemente con la declaración del ex-fiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel retirado (GN) Eladio Aponte, se puede señalar que no existe un cartel propiamente dicho sino al menos dos grandes grupos de militares que se disputan este liderato.
El efecto corruptor de las relaciones entre militares activos y grupos de delincuencia organizada transnacional es mayor a medida que el tiempo pasa y los oficiales se enquistan en posiciones de poder.
Coromoto Díaz
Quito -Ecuador
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