Uso del Derecho Penal en la resolución de conflictos sociales: posible irracionalidad.
En los últimos días, Venezuela ha sido testigo de una serie de eventos que han generado controversia y preocupación en relación al uso del derecho penal como medio para resolver conflictos sociales.
La reciente investigación penal iniciada por el Ministerio Público contra la Comisión Nacional de Primaria ha levantado interrogantes sobre los límites y consecuencias de este enfoque en el contexto político y social del país.
¿Qué implicaciones tiene utilizar el derecho penal como principal herramienta para abordar los conflictos en Venezuela? Las implicaciones son variadas y de cuidado, tanto para la sociedad venezolana como para el gobierno.
La medida ha generado preocupación en la sociedad venezolana y en la comunidad internacional, por tener visos de una arremetida contra la expresión democrática de la sociedad venezolana manifestada en las elecciones primarias del pasado domingo 22 de octubre.
Es importante reconocer que el derecho penal desempeña un papel fundamental en cualquier sociedad democrática al garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado puede llevar a consecuencias negativas, como la criminalización de la disidencia política y la restricción de la expresión democrática.
En el caso de la investigación penal referida, resulta relevante considerar si dicho proceso es una manifestación legítima del Estado de Derecho o si, por el contrario, representa una forma de persecución por razones políticas. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar la búsqueda de justicia con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales.
Asimismo, es fundamental analizar el impacto que esta situación puede tener en la sociedad venezolana. El clima de confrontación política y la polarización existente han generado una creciente desconfianza en las instituciones y una erosión del tejido social.
El enfoque exclusivo en el derecho penal como forma de resolver conflictos puede perpetuar esta dinámica y alejar aún más la posibilidad de un diálogo constructivo y una reconciliación efectiva.
En este contexto, alguien comentó:
“Si el derecho penal es la única forma de resolver los conflictos sociales, entramos a la metástasis de la irracionalidad”. La interpretación posible de esta frase es que el uso excesivo del derecho penal para resolver conflictos sociales puede llevar a una situación de irracionalidad y deterioro de la sociedad.
En tal sentido, la frase sugiere que el anuncio de una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria es una medida desproporcionada y que puede llevar a una escalada de la violencia y la irracionalidad en lugar de resolver los problemas subyacentes, cuando, en el contexto de la situación política y social en Venezuela, es necesario fomentar el diálogo y la construcción de consensos para abordar dichos problemas.
Claro, esta última vía, la racional, pudiese elevar los costos de permanencia en el poder para el régimen.
En este caso, la metástasis de la irracionalidad podría referirse a una situación en la que el uso exclusivo del derecho penal para resolver conflictos sociales omitiría el respeto por los derechos humanos y las libertades civiles, fundamentales para cualquier sociedad democrática, en la cual, la resolución pacífica de conflictos es un componente clave para mantener una sociedad saludable y justa, propósito latente en Barbados.
Sin embargo, la investigación penal en cuestión plantea interrogantes sobre su compatibilidad con el punto uno del acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en Barbados el 17 de octubre de 2023. Dicho punto establece claramente que cada actor político tiene derecho a seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, de manera libre y conforme a su mecanismo interno.
En línea con lo anterior, la investigación iniciada es una señal preocupante de que los derechos políticos y las garantías electorales no estarían siendo respetados, pues habría la intención de interferir con el derecho de los actores políticos a seleccionar a sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2024. Lógico, esta interferencia con este derecho podría ser considerada una violación del acuerdo e implicaría riesgos para el régimen.
¿Riesgos para el régimen?
La posible interpretación de la investigación penal como crimen de persecución por razones políticas, tipificado en el Artículo 7, Numeral 1°, Literal H, del Estatuto de Roma. El sector oficial se esforzaría en que se cumplan los elementos necesarios para considerarla como tal, conforme a los hechos y el marco jurídico aplicable.
De ser así, estaríamos ante una violación grave de las normas internacionales de derechos humanos y la investigación penal iniciada por el Ministerio Público contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria podría ser considerada como un factor relevante en la decisión final de la Sala de Apelaciones del Corte Penal Internacional (CPI), respecto a la reanudación de la investigación en la Situación Venezuela I. Un tema delicado y complejo.
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