Las expectativas superarían, con creces, las resistencias manifiestas.
En este país de contrastes, uno resulta revelador, aquel entre las expectativas creadas por la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) en la Situación Venezuela I, especialmente en las víctimas de los crímenes, y las resistencias y desafíos que ha enfrentado la investigación por parte del gobierno venezolano.
Contraste devenido del impacto y alcances de la investigación de la CPI, desde la perspectiva de las víctimas, el gobierno y la comunidad internacional.
Desde febrero de 2018, cuando se anuncia la apertura de un examen preliminar para determinar si existían fundamentos razonables para iniciar una investigación formal por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el contraste en torno a los hechos objeto de análisis y las responsabilidades que acarrean, ocupa la atención de la sociedad venezolana.
En diciembre de 2020, cuando la Fiscalía concluyó que existían fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que esperaba decidir en 2021 si procedía a solicitar al órgano judicial competente la autorización para abrir una investigación formal, prosperó una estrategia gubernamental colmada de contradicciones.
Para el gobierno, desvirtuar los hechos analizados y por analizar, ha representado un desafío revelador de sus falencias respecto a la justicia universal. En junio de 2021, cuando la Fiscal saliente solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizara el inicio de una investigación sobre la situación en Venezuela, esas falencias se acentuaron.
En julio de 2021, autorizar el inicio de la investigación aludida, implicó una brecha insalvable entre las expectativas de la sociedad venezolana y las intenciones del gobierno respecto al propósito de hacer realidad el ideal de justicia universal que inspira al Estatuto de Roma y a la CPI.
La decisión de la Sala fue recibida con beneplácito por las víctimas, sus representantes legales y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes consideraron que se trataba de un paso histórico para la justicia internacional y para el fin de la impunidad en Venezuela.
Por su parte, el gobierno venezolano rechazó la decisión y presentó una impugnación, que la Sala rechazó en noviembre de 2021 y confirmó la autorización para iniciar la investigación. Igual sucedió con la impugnación a la autorización para reanudar (junio de 2023) dicha investigación, rechazada en julio de 2023.
La Sala ha señalado que el gobierno no ha presentado argumentos jurídicos válidos para impugnar tales autorizaciones; sin obviar, la indicación expresa de que actuó de forma prematura, no esperó a que la Fiscalía determinara si existían motivos para formular cargos contra alguna persona.
Así las cosas, la investigación de la CPI sobre la Situación Venezuela I ha generado expectativas en la sociedad venezolana, especialmente entre las víctimas y sus familiares, quienes ven en este proceso una oportunidad para obtener verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, también ha generado resistencias y desafíos por parte del gobierno venezolano, que ha intentado detener la investigación, mediante impugnaciones, cuestionamientos y descalificaciones, en lugar de evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En ese contexto, plantea retos y dilemas para el Estado venezolano, que debe garantizar el respeto al derecho a un juicio justo y al debido proceso de las personas involucradas en la investigación, así como el derecho a la participación efectiva y a la protección de las víctimas y los testigos.
Es un acontecimiento histórico que puede marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad y en la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en el país, un proceso complejo y delicado, que requiere del compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, tanto nacionales como internacionales, para garantizar su eficacia y legitimidad.
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